39 países del mundo impulsaron una renovación de la misión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los firmantes del documento enviado a Naciones Unidas son: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Grecia, Guatemala, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido de Gran Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos y Uruguay.
Las naciones indicaron que acogen con “satisfacción los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela” y expresaron “su preocupación por las continuas y graves violaciones, y abusos de los derechos humanos en Venezuela”.
Dentro de esas graves violaciones, enumeraron el “impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidades”, y que “más de 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país” por la profunda crisis.
Luego subrayaron la convicción de que sólo un camino pacífico y democrático es la solución a la actual crisis en Venezuela y que dicha solución “está en manos del pueblo venezolano”.
Los países condenaron “enérgicamente todas las violaciones y abusos de derechos humanos en Venezuela, algunos de los cuales, según la Misión Internacional de Investigación, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
En otro orden, instaron al estado de Venezuela a que aplique las recomendaciones contenidas en los recientes informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además, expresaron su profunda preocupación por la “continua erosión del Estado de Derecho y la falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y fiscales”; al tiempo que condenaron enérgicamente “la represión y la persecución generalizadas por motivos políticos, incluso mediante el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En otro ítem, instaron a Venezuela a que “libere inmediatamente a todos los presos políticos y todas las demás personas privadas de libertad de forma ilegal o arbitraria”; y pidieron que la Oficina del Alto Comisionado y la Misión Internacional Independiente de Investigación cuenten con todos los recursos necesarios y con el apoyo administrativo, técnico y logístico para llevar a cabo sus respectivos mandatos.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.
Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.
El contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
En ese sentido, los investigadores de la ONU detallaron las funciones y contribuciones de varios funcionarios del régimen chavista en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quien, además, instó a las autoridades chavistas a investigar estos casos.
“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.
En sus informes anteriores, la Misión ya había destacado el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del régimen chavista, en particular la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la comisión de violaciones de derechos humanos desde 2014.
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