Un empresario malayo fugitivo apodado “Fat Leonard”, que está en el centro de un gran escándalo de soborno de la Marina de Estados Unidos, solicitaría asilo político en Venezuela, donde fue detenido la semana pasada, informó este lunes el diario Últimas Noticias, cercano al régimen chavista.
Leonard Glenn Francis fue detenido el 21 de septiembre en el principal aeropuerto internacional venezolano bajo notificación roja solicitada por Estados Unidos por delitos de corrupción y soborno, dijo el jefe de la Interpol en Venezuela en un comunicado publicado en Instagram.
Francis llegó a Venezuela procedente de México, con escala en Cuba, y tenía previsto seguir rumbo a Rusia, precisa el comunicado de la Interpol. Las autoridades ahora iniciarán su procedimiento de extradición, agregó el funcionario.
El empresario de Malasia se quitó la tobillera de monitoreo y escapó de su arresto domiciliario en Estados Unidos a principios de este mes antes de su sentencia inminente, informó el San Diego Union-Tribune. Luego, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 40.000 dólares por información que condujera a la detención del contratista.
Los fiscales del caso dijeron que, a cambio de información clasificada y contratos, Francis había agasajado a los oficiales de la Marina con dinero en efectivo, comida gourmet, puros caros, coñac poco común y fiestas sexuales salvajes en hoteles de lujo.
Francis se declaró culpable de soborno en enero de 2015 y aceptó renunciar a 35 millones de dólares en ganancias mal habidas. Según ese acuerdo de culpabilidad, Francis pagó unos 500.000 dólares en sobornos a responsables de la Marina.
Al día siguiente de su captura, el empresario fue presentado ante un tribunal en Caracas, donde se le imputaron los delitos de asociación ilícita para cometer un soborno, soborno y asociación ilícita para defraudar a Estados Unidos, según fuentes judiciales citadas por el diario.
En la audiencia, el detenido dijo que deseaba quedarse en Venezuela por lo que tramitará su asilo político y que sufría de un cáncer renal con metástasis, agregó el periódico.
Una personalidad desbordante y jovial hizo que este empresario malayo conocido como “Fat Leonard” obtuviese contratos ventajosos en toda el Asia y se enriqueciese ofreciendo fiestas en las que sucedía de todo y regalos lujosos a oficiales de la Armada estadounidense.
Francis manejaba un servicio de transporte de cargas de su familia llamado Glenn Defense Marine Asia Ltd, o GDMA, con sede en Singapur, que suministraba agua, comida y combustible a los barcos. Figura enigmática, Francis fue el principal contacto de los barcos de la Armada estadounidense en los puertos de Asia durante más de dos décadas. Hay fotografías suyas comiendo y parrandeando con altos oficiales de la Armada, a quienes les daba puros caros, entradas para conciertos y los llevaba a fiestas en las que pasaba de todo en hoteles de lujo desde Tailandia hasta las Filipinas.
A cambio de ello, y de dinero, los oficiales hacían la vista gorda cuando cobraba de más por sus servicios. Cuando las autoridades se dieron cuenta de lo que sucedía, le tendieron una trampa. Lo hicieron ir a San Diego con cuentos y allí lo arrestaron en un hotel, en 2013. Dos años después se declaró culpable y admitió que había ofrecido más de 500.000 dólares en coimas a oficiales de la Armada, contratistas y otros que lo ayudaron. Usó su influencia para que los comandantes llevasen sus barcos a puertos que él controlaba, así podía disimular sus cobros por servicios que no había prestado. Los fiscales dicen que estafó a la Armada al menos 35 millones de dólares.
Francis se exponía a 25 años de cárcel, pero su sentencia fue postergada una y otra vez porque era un testigo clave en los procesos contra los oficiales de la Armada. Llegó a un acuerdo con los fiscales en el que se comprometió a cooperar con la investigación y con su ayuda fueron condenado 33 de 34 inculpados, incluidos más de dos docenas de oficiales navales.
Estando bajo custodia, fue hospitalizado y tratado por un cáncer renal y otros problemas de salud, según documentos legales. Tras ser dado de alta, una jueza dispuso en 2018 que siguiese sus tratamientos desde un condominio. Debía usar un monitor con GPS y estar vigilado por guardias de seguridad las 24 horas del día.
(Con información de Reuters y AP)
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