El informe de la ONU sobre explotación sexual en Venezuela: “A las niñas las ponían a trabajar en la madrugada, a las mujeres por las tardes”

La forma más brutal de desgarre físico y psicológico hacia un ser humano en Venezuela lo acaba de reflejar el informe de la Misión de Determinación de los Hechos presentado ante el Consejo de Derechos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2022, que relata lo que ha ocurrido en la zona del Arco Minero, y de lo que Infobae se hizo eco en 2020. Son testimonios dolorosos, que dan cuenta de un país entre el oro y la barbarie. Como una defensora le dijo a uno de los investigadores de la ONU: “Meterse en las minas es muy sencillo para las mujeres. El problema es salir de allá íntegras: no violadas, no perseguidas por un hombre, no heridas”.

La Misión, que tiene entre sus miembros a Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox Vial (Chile), Patricia Tappatá Valdez (Argentina), entre otros, dibuja un mundo dantesco cuando los investigadores relatan que la explotación sexual de niñas y adolescentes es particularmente frecuente en las minas. “Organizaciones locales especializadas en derechos de los pueblos indígenas han denunciado que muchas de las currutelas y locales donde se ejerce la prostitución, esclavizan a niñas y adolescentes indígenas, cada vez de menor edad, por la preferencia por las más jóvenes”.

Un testigo le dijo a la Misión que “a las niñas casi siempre las ponían a trabajar en la madrugada, mientras las mujeres trabajaban por las tardes. Otro testigo que habló con la Misión y que trabajó en las minas de San Luis de Morichal, entre mayo y julio de 2018, afirma haber visto por lo menos 25 menores trabajando en las currutelas en estas minas”.

Una mujer, que trabajó en una mina en Las Claritas, le contó a la ONU que ahí había una mujer apodada La Abuela, “que obligaba a ejercer la prostitución a niñas de entre 11 y 13 años; los mineros vejaban a las niñas, insultándolas y golpeándolas”.

Los grupos armados que pululan en la zona quieren demostrar su poder y control y grabando “los castigos de las mujeres y hacen circular los videos en grupos de WhatsApp de la comunidad minera. Una investigadora afirmó a la Misión haber hablado con una niña de 15 años víctima de este tipo de castigo en el año 2020, y haber visto el video donde miembros de un grupo criminal la violan y le cortan el cabello por haber ‘soltado información’”.

Los llamados “sindicatos” son bandas violentas que controlan varias minas. “Han sido identificados como algunos de los principales perpetradores de violencia sexual y de género en el contexto minero. Las mujeres y niñas son también víctimas de violaciones por parte de agentes estatales”.

Según el informe ONU, “las víctimas y testigos tienen miedo de denunciar, presentar pruebas e incluso a hablar con actores externos. La violencia sexual y de género asume en el contexto de la minería diferentes formas de explotación sexual, que podrían ser constitutivas de esclavitud sexual, prostitución forzada y o trata de seres humanos, así como otras formas de violencia sexual -incluida la violación-, amenazas y castigos corporales específicos con un fuerte componente de género”, destaca la Misión.

Bajos instintos

Los investigadores encontraron “que el trabajo sexual, junto con las drogas y el alcohol, son negocios clave para los ‘sindicatos’ que controlan las minas, que promueven estos negocios paralelos en las zonas mineras para incrementar sus ganancias. En las palabras de un testigo, ‘el oro que sacan los mineros, lo gastan inmediatamente en estas cosas, y el dinero se queda con el “sindicatos’”.

La gran mayoría de las minas tienen un local donde se pueden comprar servicios sexuales, sea en un bar o locales destinados para ello, popularmente conocidos como currutelas (prostíbulos y bares improvisados inicialmente de garimpeiros brasileños).

“En centros urbanos y periurbanos, las mujeres y niñas suelen ofrecer servicios sexuales en las calles y en las plazas, como en los casos de El Callao y Sifontes. En esos entornos, algunas trabajadoras sexuales son conocidas popularmente como ‘cafeseras’, ya que parecen estar vendiendo café, pero es generalmente sabido que también ofrecen servicios sexuales”.

Recibieron información sobre el uso de mujeres, niñas y adolescentes en las minas para el disfrute sexual de “pranes” (líderes criminales) y miembros de los ‘sindicatos’. Un minero que trabajó en varias minas alrededor de El Callao, entre 2002 y 2021, explicó a la Misión que los miembros de los “sindicatos” violaban las mujeres que querían: “Si a un malandro le gustaba una mujer, iba a buscarla y ella no podía negarse”.

Este minero escuchó hablar de muchos casos de mujeres ofreciéndose a los miembros de las bandas para proteger a sus hijas: “Los malandros venían a buscar a las niñas, y las madres suplicaban que se acostaran con ellas en su lugar, para proteger a sus hijas”.

“Una persona que trabajó como militar en el estado de Bolívar explicó a la Misión que muchas mujeres llegan por su cuenta a las minas, pero luego no las dejan salir y no pueden tener visitas o contactos. En otro caso similar, una minera le relató a la Misión la situación de una conocida suya que fue a una mina controlada por ‘sindicatos’ a trabajar junto a otra amiga. Ambas fueron mandadas a llamar por los líderes que controlaban la mina y, pese a que ellas se negaron en un primer momento, finalmente fueron obligadas, amenazadas con armas, a permanecer y tener relaciones sexuales con ellos durante varios meses”.

Testimonios

Cuatro casos emblemáticos reflejados en el informe de la Misión. Una niña indígena, que ejerció la prostitución en La Paragua, municipio Angostura, estado Bolívar, relata el castigo que sufrió otra niña que trabajaba con ella. La compañera, niña también, “quería dejar de ejercer la prostitución y salir de La Paragua, pero no tenía suficiente dinero. Por ello, una noche decidió robar el oro de un cliente borracho. Al día siguiente, este pidió ayuda a los miembros del “sindicato” que controlan La Paragua para recuperar su oro. Ellos lo encontraron en la habitación de su amiga y ‘le pegaron duro, le cortaron el pelo, le picaron [cortaron] el dedo, y la dejaron en la selva’. La joven murió en el camino hacia el hospital de Ciudad Bolívar”.

“Una adolescente de 16 años que se fue a Santa Elena de Uairén con engaños para cuidar de otros niños, llegando al lugar la pusieron a ofrecer servicios sexuales. Un minero que trabajaba en la mina La Ramona, cerca de Tumeremo en 2017 explicó a una ONG que los fines de semana en la mina se organizaban fiestas donde se rifaba la virginidad de niñas, y que las niñas más jóvenes conseguían un precio más alto. El también habló que se ofrecían niños también, según el interés sexual del minero”.

Una testigo que estuvo en un albergue para refugiadas venezolanas en septiembre de 2021 le contó a la Misión “haber visto por lo menos 30 mujeres con cicatrices de cortes en la cara, cerca de la boca, o con las orejas cortadas. A estas mujeres las llamaban ‘las desechadas’, porque los “sindicatos” las habían desfigurado por haber violado alguna de las reglas que rigen la vida en la minería o haber hecho enojar a algún miembro del “sindicato”. Una mujer con una cicatriz en la cara le dijo a esta misma fuente que le “cortaron la cara” por defender a su hermano en la mina “La Tomy”, en Tumeremo”.

“Una joven de clase media-baja fue contactada en un grupo de ventas en Facebook ofreciéndole trabajo en las minas como cocinera, peluquera o lavando ropa y atendiendo las necesidades de los trabajadores de la mina, a cambio de un buen salario, cuando el propósito de la organización era prostituirla de manera forzada. Esta dinámica se ve favorecida por mitos que han surgido en los barrios y zonas populares de Bolívar respecto al dinero fácil que se obtiene trabajando en las minas”.

Para colmo hay relatos de “funcionarios estatales que se aprovechan de las mujeres y abusan de su posición de poder para obtener sexo de manera gratuita maltratándolas en ocasiones”; una organización humanitaria, en el municipio Angostura, recibió en 2021 la denuncia de una trabajadora sexual a quien efectivo de la GNB no le quiso pagar lo acordado. “Cuando la mujer fue a denunciar a la policía no se sintió en capacidad de hacerlo ya que uno de los efectivos de esa comisaría era también cliente del local en el que trabajaba”.

“La Misión entrevistó a una persona que documentó varios casos en 2016 de trabajadoras sexuales en Santa Elena de Uairén a quienes funcionarios de la GNB y de la policía se negaron a pagarles por su trabajo”.

En el informe de la ONU dejan claro que “si bien en algunos de los testimonios, las niñas y adolescentes afirman haber elegido libremente participar en la prostitución, la Misión considera, amparándose en los estándares de derecho internacional, que el consentimiento carece de validez si se trata de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en situación de explotación y abuso, independientemente de la edad de consentimiento sexual definida en la ley nacional en cuestión”.

En “alcabalas” y fronteras

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos, en base a testimonios de víctimas y testigos, detecta “un patrón común de violencia sexual en contra de mujeres, en el contexto de los puestos de control o ‘alcabalas’ y de los controles fronterizos, que involucra generalmente a agentes estatales”.

Entre los casos que destaca está el ocurrido en julio de 2018, en el Punto de Control Casa Blanca, ubicado en la intersección entre la Troncal 10 y la carretera hacía San Martín de Turumbán, al norte del municipio de Gran Sabana; “un testigo vio que un militar detuvo a una adolescente de no más de 15 años, le revisó el monedero, y le hizo avances sexuales. El oficial rehusó devolverle su cédula hasta que la niña no le diera su número de teléfono”.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) también ha documentado casos en que miembros de las fuerzas de seguridad se negaron a devolver la documentación a mujeres y niñas, impidiéndoles continuar su camino, si no accedían a realizarles actos sexuales, recuerda el informe de la ONU.

El informe destaca que una de las investigadoras de la Misión habló con siete mujeres venezolanas en países fronterizos con Venezuela, quienes les dijeron que “cuando cruzaron la frontera venezolana en 2020 fueron detenidas por hombres armados patrullando las trochas fronterizas, y las obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos bajo amenaza de muerte o de no dejarlas proseguir. Algunas de estas mujeres dijeron que fueron atacadas también por efectivos de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana”.

Un hecho atroz ocurrido en septiembre de 2021; “una mujer venezolana que viajaba por la Troncal 10 desde El Callao (sur del estado Bolívar, Venezuela) hacia Brasil con sus hijos e hijas menores de edad, le relató a la Misión que, al pasar por unas “alcabalas” en el camino, varios efectivos de la GNB le pidieron que les hiciera actos de naturaleza sexual para dejarla pasar”.

A finales de diciembre de 2020, según una mujer transgénero venezolana relató a la Misión, que “intentó cruzar la frontera oficial de Venezuela a Brasil, la cual estaba cerrada por la pandemia causada por el COVID-19. El oficial de las fuerzas armadas venezolanas controlando la frontera le negó el paso si no le pagaba un soborno. Esto le llevó a tratar de cruzar la frontera por una trocha informal, donde se encontró con unos integrantes de un grupo armado criminal, quienes también exigían sobornos para dejar pasar a la gente. Al ver que la mujer no tenía dinero u otros bienes, uno de ellos la obligó a realizarle un acto sexual a cambio de que la dejara pasar”.

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