La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática

La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó este martes su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar. Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.

El contundente reporte, al que tuvo acceso Infobae, concluye que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.

En ese sentido, los investigadores de la ONU detallan las funciones y contribuciones de varios funcionarios del régimen chavista en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia.

“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quien, además, instó a las autoridades chavistas a investigar estos casos.

“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.

En sus informes anteriores, la Misión ya había destacado el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del régimen chavista, en particular la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la comisión de violaciones de derechos humanos desde 2014.

El presente reporte ofrece “una comprensión más detallada del papel que desempeñan personas de distintos niveles en las cadenas de mando de ambos organismos en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras personas de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de gravísimos actos de tortura que equivalen a crímenes de lesa humanidad”.

La Misión pudo documentar 122 casos de víctimas que fueron sometidas a “tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes del DGCIM. Estos casos de torturas se llevaron a cabo en la sede del organismo de inteligencia en Boleíta (Caracas), “y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.

El SEBIN, por su parte, perpetró actos de tortura y maltrato contra detenidos -entre ellos políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos- principalmente en el centro de detención de El Helicoide, en Caracas.

La Misión de la ONU investigó al menos 51 casos desde 2014, y en su último informe detalla cómo las órdenes “fueron dadas por individuos de los más altos niveles políticos a funcionarios de menor rango”.

El documento, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que el SEBIN y la DGCIM “hicieron un amplio uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”.

Durante una conferencia virtual, de la que participó este medio, Valiñas remarcó que esas agencias del Estado “fueron parte de una maquinaria orquestada por el gobierno de Maduro para reprimir a la disidencia”: “La DGCIM y el Sebin formaban parte de una maquinaría diseñada y ejecutada para cumplir con el plan del gobierno de reprimir la disidencia. Este plan fue elaborado por Nicolás Maduro y apoyado por otros altos mandos”.

Detalló, asimismo, que “tanto la DGCIM y el Sebin tienen un director que reporta directamente a la Presidencia”.

En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González. En la DGCIM, en tanto, se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.

Todos ellos, no obstante, actuaron por ordenes directas de Maduro y, en el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello.

Además, los investigadores indicaron que las autoridades chavistas no hicieron rendir cuentas a los autores de esos crímenes de lesa humanidad, así como tampoco proporcionaron reparación alguna a las víctimas, pese a las reformas judiciales anunciadas en 2021 por la dictadura de Maduro. Según la Misión, esos cambios “no han solucionado la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia”.

“Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, dinámicas y prácticas, mientras que funcionarios relevantes siguen trabajando para los organismos, y en algunos casos hasta han sido promovidos”, apuntó la Misión en su tercer reporte.

El investigador Francisco Cox sostuvo durante la conferencia que estos atropellos a los derechos humanos “se llevaron a cabo en un clima de total impunidad” y consideró que “todos los perpetradores” de las violaciones “deben ser investigados”.

Según reveló Valiñas, las autoridades del régimen, incluido el dictador Maduro, “no respondieron” a las consultas y llamadas de la misión. En ese sentido, urgió a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela.

Explotación en el Arco Minero del Orinoco

En 2016, la dictadura de Maduro estableció esa región como una “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” con el objetivo de ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos, principalmente en el estado sureño de Bolívar.

Desde entonces, la zona se encuentra fuertemente militarizada y gestionado por las Fuerzas Armadas de Venezuela, que cuentan con la cooperación de grupos criminales armados -entre ellos disidencias de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN- para llevar a cabo el control de minas y las poblaciones locales.

Entre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército venezolano y los grupos irregulares, la Misión de la ONU logró documentar la privación ilegal de la vida, desapariciones, extorsión, castigos corporales y violencia sexual y de género.

“Las autoridades no sólo no han impedido ni investigado estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que indica la connivencia entre el Estado y los agentes de la ANS en algunas partes del estado Bolívar”, remarcaron los investigadores independientes.

En el municipio de la Gran Sabana, al sur del estado Bolívar, la Misión también documentó ataques y violaciones contra las poblaciones indígenas.

“La situación en el estado Bolívar y otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en la violenta batalla entre el Estado y los grupos criminales armados por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona del país casi olvidada que, al mismo tiempo, genera grandes cantidades de riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales”, manifestó Patricia Tappatá Valdez, miembro de la FFMV.

“El Arco Minero creó oportunidades a que individuos cercanos al gobierno tuvieran acceso a la riqueza, incluyendo la producción de oro”, añadió Valiñas.

De esta manera, la Misión de la ONU, establecida en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, vuelve a concluir que desde la llegada de Maduro al poder se han cometido brutales crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe en el que detallaba los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, perpetrados por agentes estatales desde 2014. En el segundo reporte, presentado un año después, los expertos centraron su investigación en la respuesta del sistema de justicia a esas violaciones a los derechos humanos.

“Venezuela continúa atravesando una profunda crisis humanitaria”, aseveró Tappatá durante la conferencia de este martes.

El informe de la Misión de la ONU en Venezuela:

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