Abogados venezolanos impulsaron una denuncia gremial ante la Federación Interamericana de Abogados sobre el caso del abogado y activista Alonso Medina Roa, a quién el régimen de Nicolás Maduro prohibió la salida de Venezuela.
Funcionarios de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, impidieron la salida Medina el miércoles pasado, según denunció la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Medina, según su defensa, estuvo retenido por dos horas y posteriormente fue llevado a la sede de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ubicada en el aeropuerto, por tener “supuestamente una alerta que le prohibía salir del país”.
“Al momento en que me disponía a salir del país, por un viaje de motivo familiar, funcionarios de Migración del aeropuerto internacional de Maiquetia, me informan que tenga PROHIBICIÓN DE SALIDA, razón por la cual no puedo viajar al exterior”, escribió Medina en un tuit.
La abogada Ana Leonor Acosta explicó que esta alerta responde a una presunta investigación por parte de la División contra el Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Por su parte, tras el episodio Amnistía Internacional (AI) exigió el jueves el cese de los “ataques” contra defensores de derechos humanos en el país, cuya labor, considera la organización, debe ser protegida.
Los “ataques y amenazas” contra activistas y defensores de derechos humanos, consideró la organización, “es un elemento de la política de represión que implementan las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro”, una realidad “que se viene agravando en los últimos años”.
Este sábado, el equipo de investigación regional de Amnistía Internacional también recibió un llamado Llamado Urgente del Observatorio Venezolano de Prisiones en favor de Alonso Medina y de sus colegas Ana Leonor Acosta y Kelvin Zambrano, quienes también son investigados por el régimen, anunció el director de la ONG Marcos Gómez en Twitter.
“Es necesario mencionar en el caso de la Sra. Ana Leonor Acosta y los Sres. Kelvin Zambrano y Alonso Medina Rosa, que hasta la fecha de la presente comunicación, se desconocen los cargos imputados, y su proceso responde a detonantes de índole política, teniendo en cuenta además las vulneraciones al Debido Proceso y al Derecho a la Defensa previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Medina Roa acudió a una sede del Cicpc en Caracas para verificar su caso y horas más tarde abandonó el lugar sin que hasta ahora se conozcan detalles de lo que pudo enterarse en el lugar.
El abogado fue defensor, entre otros adversarios del Gobierno, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado estando bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un hecho por el que fueron condenados dos militares por tortura y homicidio.
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