Trabajadores de la educación y de salud de Venezuela, cuyos sueldos se han deteriorado por la inflación y los ajustes del gasto público, marcharon este jueves en reclamo por el atraso en los pagos de bonos y aumentos salariales.
La caminata de unos cientos de trabajadores a lo largo de casi dos kilómetros en el oeste de Caracas culminó sin incidentes. Sin embargo, un cordón policial impidió el paso de los manifestantes hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, según manifestaron testigos a la agencia Reuters. Una comisión de los manifestantes entregó en la Defensoría un documento enumerando sus exigencias.
El régimen de Nicolás Maduro “no quiere la educación, lo que quiere es un pueblo sumiso, ignorante”, dijo María Acosta, una educadora de 50 años, que estaba en la marcha cercana a la Defensoría. Agregó que las autoridades sólo les han cancelado 10% de un bono que les corresponde por la convención colectiva.
En Caracas, a las puertas del Ministerio de Educación, los docentes cantaron consignas como “No queremos show ni comiquitas, yo lo quiero es que se vaya la ministra”, en referencia a Yelitze Santaella, una estrecha aliada de Maduro y ex gobernadora del estado de Monagas que asumió el cargo en agosto de 2021.
Un grupo de chavistas también realizó una marcha en el centro de la capital para manifestarse en contra de lo que califica como el robo de activos venezolanos en el exterior y por lo que responsabilizan a Estados Unidos, entre otros países. Durante la semana han hecho dos manifestaciones por el mismo reclamo.
La elevada inflación y el cambio gradual de Venezuela con el uso del dólar está ampliando la desigualdad de salarios entre los trabajadores del sector público y privado debido a que aquellos que reciben sueldos en moneda extranjera tienen un mayor poder adquisitivo, mientras que otros enfrentan precios prohibitivos.
En Venezuela, los empleados públicos ganan el equivalente a entre 30 dólares y 100 dólares, de acuerdo con revisiones salariales del régimen. Mientras, en el sector privado sus empleados devengan un mínimo de 107 dólares y por encima de 200, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas.
Los trabajadores públicos, desde maestros a enfermeras, reclaman que la dictadura se ha retrasado en pagar los bonos vacacionales, entre otros beneficios. El cálculo del pago del bono vacacional -que se abona a los trabajadores del sector educativo al final del año escolar en julio- tuvo como referencia el salario de 2021 (1,52 dólares al mes), por decisión de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que argumentó que aún no ha sido firmada la nueva convención laboral.
La medida provocó gran malestar entre los educadores, quienes consideran que se violaron sus derechos y sin mediar acuerdo se modificaron hacia la baja sus beneficios laborales. Agregaron que les pagaron 25% del bono e ignoran cuándo recibirán el restante 75%.
Los maestros piden salarios justos y la derogación del instructivo de la ONAPRE que dejó en el olvido el cálculo de cualquier pago de un beneficio laboral en función del último sueldo devengado. El salario mensual -que obtiene la mayoría de los educadores de primaria y los liceos- es el más bajo de la región, unos 50 dólares en promedio.
Voceros de la ONAPRE y del Ministerio de Educación no se han pronunciado oficialmente sobre las denuncias.
La Federación Venezolana de Maestros, que agrupa a muchos de los educadores del sector público, ha advertido que podrían no iniciar el año escolar en septiembre si el gobierno de Maduro, entre otras demanda, “no cumple las obligaciones laborales con el magisterio”.
Los educadores también protestaron el jueves en al menos 17 de los 23 estados del país, indicaron voceros regionales del gremio en sus redes sociales.
En años recientes los bajos salarios han provocado la deserción de docentes, quienes se ven obligados a dedicarse a otras labores para aumentar sus ingresos. De acuerdo con cifras de la Federación Venezolana de Maestros, 50% de los 370.000 maestros activos han abandonado las escuelas desde 2017.
Miembros de la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, han dicho que el gobierno carece de recursos suficientes para cumplir sus compromisos laborales por las sanciones impuestas por Estados Unidos.
“Nosotros estamos bajo un gobierno responsable, estamos sorteando el bloqueo (sanciones) contra Venezuela y estamos seguros que la revolución (el gobierno) le va a responder a cada trabajador”, dijo José Quevedo, un docente de 32 años del central estado Cojedes y que participó en una manifestación oficialista.
El régimen de Maduro se ha planteado como estrategia desacelerar la inflación mediante políticas ortodoxas. La vicepresidenta y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, ha aplicado varias medidas, como el control del gasto público, lo que ha afectado a los empleados públicos, cuyos sueldos han subido una sola vez este año.
Con información de Reuters y AP
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