Con testigos que se presentaron a través de llamadas telefónicas, condenaron a tres personas acusándolas de planificar un atentado contra Maduro

Con el residuo de un explosivo y 17 mil 800 dólares (USD 17.800), que iba a ser dividido entre 4 personas, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se creó la historia de un atentado contra Nicolás Maduro, por el que están presos un mesonero y una azafata del Palacio de Miraflores, así como un capitán que prestaba servicio en un batallón del Ejército en la frontera. El Tribunal los juzgó por delitos de Terrorismo, Tráfico Ilícito de Explosivos y Asociación. Lo grave es que el “residuo de explosivo” que lo usan en las minas de oro, fue catalogado como “explosivo” y el fiscal argumentó que querían crear conmoción en Caracas asesinando a Nicolás Maduro.

Después que el capitán (Ej) Alfredo Saba Peña Díaz reconoció en el Tribunal al teniente Leandro Castillo, como uno de los funcionarios de Dgcim que lo torturó, y así se lo hizo saber al Tribunal, no se presentaron otros funcionarios a declarar y de manera insólita la juez Grendy Alejandra Duque Carvajal (37 años) permitió que supuestos testigos declararan a través de llamadas telefónicas defectuosas, a quienes solo se oía una voz que no se sabía si era o no la persona que se identificaba como tal.

Así ocurrió cuando la juez pidió llamar al testigo que supuestamente era Gregorio Espinoza, agente de la Dgcim, a quien nadie le vio el rostro, solo se escuchó una voz, a través de una llamada telefónica y cuya corneta de sonido estaba defectuosa. Hay coincidencia entre quienes estuvieron en el Tribunal que el supuesto Espinoza no respondía con seguridad, pero lo único que sí dejó claro es que la detención fue ilegal porque no hubo testigos, porque los testigos fueron los mismos funcionarios de Dgcim.

Había otro testigo que también iba a presentarse por llamada telefónica, pero que supuestamente se encontraba fuera del país y que finalmente ni por nombre ni por llamada se supo quién era.

En todo el proceso hubo tortura física y psicológica, también violaciones al debido proceso, denegación de justicia. Si bien es cierto que el capitán Peña Díaz estaba adscrito a una unidad militar en Táchira, también lo es que en ninguno de los sitios en los que prestó servicio se perdió, extravió o robaron explosivo alguno. El material en discusión fue un residuo de explosivo y aun así el Tribunal mantuvo que era un explosivo. Y así lo condenaron a 16 años y nueve meses de prisión.

De la mina a Miraflores

La Fiscalía acusa a los tres detenidos por Tráfico Ilícito de Explosivo cuando en realidad como dijo uno de los abogados, quedó constancia de “una sustancia de explosivo que era material residual”, es decir un desecho; la experticia declaró que era un “explosivo secundario”, lo que significa que no tiene capacidad para calificarse de explosivo.

El otro delito, el de Terrorismo, resulta más ridículo aún, porque no existe el grupo de personas, ni el objetivo al cual apuntaban, mucho menos la utilización de la violencia ni el lugar. La explicación es simple, el objetivo no era Nicolás Maduro, mucho menos el Palacio de Miraflores y a nadie se le ocurriría utilizar un explosivo usado para cometer tal acto.

Y en el caso de la Asociación para Delinquir al final solo dejaron detenidos al cocinero y a la azafata del Palacio de Miraflores, así como a la ex pareja de ella el capitán Díaz Peña, adscrito a una unidad militar en Táchira. Si Dani José Castillo García y Jennifer Carolina Osuna Márquez, como mesonero y azafata de Nicolás Maduro tuvieran intenciones de atentar contra el mandatario, ¿para qué irse a buscar un residuo de explosivo, cuando tenían acceso directo a él en el Palacio de Miraflores?

La pregunta es ¿entonces para qué el cocinero, la azafata y el capitán usarían ese residuo de explosivo? Está muy claro desde el principio que el residuo de ese tipo de explosivo usado sí sirve en la minería. Dos personas que no aparecen en el expediente de los tres condenados, y que eran quienes iban a comprar ese explosivo residual, se dedican a la explotación del oro en las minas del estado Bolívar. Esa es la explicación de por qué esos dos individuos ofrecían comprar el producto y se lo comentan al mesonero, que a su vez se lo comenta a la azafata por tener relación con militares y ella le propone a su expareja vender el residuo del explosivo.

Ahí empezó

Cuando por primera vez fueron llevados ante el Tribunal correspondió al juez José Macsimino Márquez García determinar que el mesonero Castillo García, el capitán Peña Díaz y la azafata Osuna Márquez iban a juicio por los delitos de terrorismo en grado de frustración, coautor en el tráfico ilícito de armas o explosivos y asociación. Los tres fueron enfáticos en oponerse a admitir los hechos. El procedimiento que empezó, el 19 de diciembre 2020, por el acta de la DGCIM, pasaba a segunda fase.

Ese 19 de diciembre es detenido Dani José Castillo García en la avenida Urdaneta de Caracas, cerca del Palacio de Miraflores, cuando iba caminando, según la DGCIM con un kilo y 20 gramos de explosivo C4 (dividido en 9 trozos), 11 detonadores no eléctricos, dos detonadores engargolados y una mecha de seguridad de un metro 62.

El 21 de octubre 2021, día del juicio, en el tribunal de la juez Grendy Alejandra Duque Carvajal, empezó con irregularidades e interrupciones, anunciando el primer nubarrón para las familias, cuando no les permitieron pasar, aunque el juicio “era público”, lo peor es que así siguió sucediendo los siguientes meses hasta enero, hubo interrupción y se reinició en febrero 2022, pero en las mismas condiciones.

Posponían las audiencias para dentro de 15 días, las diferían o las boletas de traslado no llegaban, los testigos de la acusación no se presentaban y en varias ocasiones no llegó el traslado. Y como si no fuera bastante, la Juez solicitó reposo médico de tres semanas, por una lesión en el pie, y a finales de marzo otra vez continuaron las citas; en abril unas fueron diferidas, en otras no llegó la boleta de traslado y en mayo y junio muchas no se realizaron.

Y así llegó el miércoles 20 de julio 2022; era la penúltima cita del juicio. Ese día se esperaba por la declaración de dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que fungían como testigos y a quienes llamarían vía telefónica, porque no podían asistir al tribunal.

En la sala se encontraba el aguacil, el secretario Keiner Nieto, el Fiscal Jorge Rojas, también Sonia Gómez quien es defensora pública del capitán Alfredo Peña; Milka Becerra defensor del mesonero Dani José Castillo García y Roger Rosas Espinoza abogado privado de la azafata Jennifer Carolina Osuna Márquez.

El capitán Peña

La madre del capitán Alfredo Saba Peña le dice a Infobae que el día del juicio “fue muy extraño, nos bajaron a una sala del piso 4 para decirnos que podíamos pasar, que el juicio era público y había muchos funcionarios policiales”.

“El fiscal Rojas hizo un show de mentiras, soberbia, descaro, verdaderamente cada palabra de ese Fiscal causaba sorpresa. Imagínese que finalizó diciendo que mi hijo quería poner el explosivo cerca del Palacio de Miraflores para crear conmoción y matar al Presidente. Ese Fiscal debe creer que uno es tonto, porque a mi hijo lo detuvieron en el Táchira (a mil kilómetros de Miraflores); ¿será que mi hijo tenía un misil para lanzarlo del Táchira a Miraflores?”.

Destaca que al capitán lo detienen sin orden de aprehensión, “solo una capucha negra en la cabeza, sin ninguna consideración por parte del General de su Batallón José Gregorio Martínez Campos, quien debió dar la cara por uno de sus oficiales. ¿Cómo es posible que abandone a sus oficiales así?”.

“En la audiencia preliminar se dice que el material no era explosivo sino un componente viejo y oxidado que no servía. Trajeron a una persona al juicio y dijo que era 100% operativo y lo peor es que dice que el Sebin había desaparecido ese material porque no tenían donde guardarlo”.

“No se imagina cómo me siento. En mi país, la República Bolivariana de Venezuela, se condena a 16 años y 9 meses a mi hijo, como si fuera peor que un asesino”.

“Mi hijo presenta problemas de salud por todas las clases de tortura que recibió del teniente Leandro Castillo. No me han dado repuesta para trasladar a mi hijo a hacerse los exámenes de laboratorio y el chequeo con el cardiólogo”.

El capitán Peña Díaz identificó a Leandro Castillo como uno de sus torturadores: ese día tuvo tanta indignación que en la noche sufrió lo que sería un pre-infarto. “La Juez debió abrir una averiguación de ese funcionario y no lo hizo. Dios mío que está pasando en mi país”.

Un hecho insólito es que hay pruebas, como la constancia de las novedades de ese día, de que el capitán Peña se encontraba en su trabajo en el batallón en San Cristóbal, Táchira, cuando fue detenido. “El funcionario de la DGCIM que se lo llevó, no es el mismo que aparece en el acta policial”, finaliza diciendo la señora Díaz.

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