Dos organizaciones pidieron al fiscal de la CPI que “abra el juicio a los criminales de delitos de lesa humanidad en Venezuela”

Integrantes de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República (DPR) y del Frente Institucional Militar (FIM), en comunicación enviada al presidente demás Magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitan que el Fiscal ante la Corte, presente “con carácter de urgencia, como es su obligación y responsabilidad jurídica y moral, el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares (Sala 1)” del caso Venezuela. ¿Por qué la Fiscalía de la Corte no ha solicitado la petición de apertura de investigación ante esa Sala? Piden que el Fiscal Karim Khan “se inhiba en la Situación Venezuela 1, de no tener intención o interés de enjuiciar a los presuntos delincuentes de lesa humanidad del país”.

Así está expresado, en la Carta Denuncia Pública Nr. 7, por el equipo jurídico de Defensores Populares de la Nueva República; abogados Hidalgo Valero Briceño, Miguel Ángel Cegarra, Humberto Antonio Gutiérrez, Rusbelia Astudillo Rojas, Felipe Ventura Petit y Guillermo José Heredia Rodríguez. Por el FIM: los generales de brigada Juan Antonio Herrera Betancourt y Eduardo Arturo Caldera Gómez.

Ellos insisten en una respuesta al caso Situación Venezuela 1, porque “han transcurrido 4 años, desde el inicio del proceso, y más de un año que el nuevo Fiscal Karim Khan, asumió el cargo, teniendo estructurado el Expediente, con bases razonables que determinan que funcionarios de alto nivel en Venezuela, han cometido crímenes de lesa humanidad y aún estamos en espera de la anunciada celeridad procesal”.

Apelan a la celeridad del caso “para que conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma (ER) de la CPI, se abra definitivamente el juicio a los altos criminales responsables de estos crímenes. Igualmente, de ser procedente, se solicite su detención o comparecencia ente esa instancia internacional, para que se inicie el respectivo enjuiciamiento de los imputados”.

La Situación Venezuela 1, se abrió conforme al artículo 14 del Estatuto de Roma (ER), a solicitud de seis países latinoamericanos, el 24 de septiembre de 2018. “No hemos recibido respuesta aún”, dicen los firmantes de la Carta Denuncia N° 6, fechada el 14 de enero 2022 y enviada al presidente, Peter Kovács, y demás Magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI); la nueva Carta Denuncia la fecharon el 14 de julio 2022.

“Las víctimas esperamos que Karim Khan, ahora no esté prestado a la diplomacia en Venezuela. Su función es de acusador, por lo que deberá ejercer la acción penal ante esa Corte solicitando la apertura del juicio. (Art.15 y 42 del Estatuto de Roma). Las mazmorras del Régimen siguen abarrotadas de presos políticos; se calculan actualmente, más de 110 presos políticos militares. Las ejecuciones extrajudiciales y el ataque a los Medios de Comunicación continúan”.

¿Qué espera el Fiscal?

La Asociación de Defensores Populares de Venezuela se inscribió legalmente hace 22 años, en el Registro Subalterno del Primer Circuito del Registro del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, bajo el n° 888, folio 2490, del 23 de marzo de 2000. Por su parte el Frente Institucional Militar (FMI) tiene adscritos más de 250 militares en reserva activa.

En la carta enviada a la CPI advierten que “existen países oprimidos por tiranos, que secuestran el poder a través del engaño y la fuerza de las armas, cometiendo los más atroces crímenes de lesa humanidad, para perpetuarse en el poder, conduciendo a los pueblos a crisis inimaginables como es el caso de Venezuela”.

“No obstante, a la Comunicación enviada por el Fiscal de la CPI, a la Sala de Cuestiones Preliminares, signada con el N° ICC-02/18, del 20 abril 2022, mediante la cual la RBV, confirma: “Está investigando o ha investigado a sus nacionales…en relación con actos punibles que vulneran los derechos humanos”. Según la nota del Fiscal, punto N°7 del Escrito: el Fiscal nota que hay retardo al requerimiento pedido. Por lo tanto, la investigación continúa, ya que la Venezuela, solo se limitó a remitir los mismos 9 informes, aportados en 2020, durante la etapa preliminar”.

Acotan que el 16 de abril 2022, “se venció la prórroga dada por el Fiscal a la RBV, para definir lo de la complementariedad, sin que el Régimen de señales de querer o poder enjuiciar a las líneas de mando, que son las mismas autoridades del Régimen que entrevistó el Fiscal de la CPI y poder cumplir con el Memorándum de Entendimiento, firmado entre las partes”.

“¿Qué espera el Sr. Fiscal, para hacer la petición de autorización de apertura del juicio, ante esa Sala de Cuestiones Preliminares (Sala1) como lo contempla el artículo 15 y 17 del Estatuto de Roma? Preocupa a las víctimas y a sus representantes, después de 3 meses vencido la prórroga, que aún no se conozcan las resultas, ni se ha abierto el juicio formal”.

Tanto a la DPR como al FIM les preocupa que “el Fiscal manifestó trabajar para fortalecer alianzas, para el enjuiciamiento de los presuntos delitos. Agradece a Maduro presunto imputado, su cooperación. El 9 de diciembre 2021, en la Asamblea Anual de la CPI, el Fiscal de la CPI manifestó que “seguirá criterios objetivos”. Su trabajo se basará en evidencias concretas, sólidas y que no estén contaminadas o construidas por agentes particulares”.

“Consideramos pertinente comunicarle al Sr. Fiscal que las pruebas de tantos crímenes, con testimonios de las víctimas y sus representantes, están completas, son más de 1.000 folios, en informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU, Comisión de las NU para los Refugiados y los informes de la OEA, al igual que las innumerables denuncias de las ONG que representan a las víctimas”.

Los hechos

Quienes suscriben la comunicación dicen que las víctimas se preguntan si para el Fiscal Khan no es creíble “las deportaciones y traslados forzosos por hambre y expatriaciones de venezolanos a otros países, que ya pasa de los 5 millones de personas, evidenciadas en informes de ACNUR, cientos de ellas han muerto en las peripecias de cruzar las fronteras”.

“El exterminio de miles de ancianos jubilados y pensionados, trabajadores y sus hijos, quienes percibieron sueldos de menos de un (1) dólar mensual, por largos períodos de tiempo. Hoy sus ingresos no llegan a 23 US$ al mes”.

“Asesinatos, (más de 160 personas, en protestas populares legítimas desde 2.014 al 2.017), torturas, encarcelamientos arbitrarios, abusos sexuales, desapariciones forzosas, persecuciones por razones políticas (resalta el asesinato del concejal Fernando Albán y las últimas agresiones a Juan Guaidó y su equipo en los Estados Zulia y Cojedes)”.

“Han continuado los crímenes de lesa humanidad en Venezuela; entre otros, las ejecuciones extrajudiciales, como lo ratifica la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en su último Informe, sin que se abran, la investigación o juicio formal en contra de los delincuentes de alto nivel gubernamental en esa Sala de Cuestiones Preliminares. En este sentido entre los venezolanos se crean las dudas sobre la eficiencia o probable negligencia de la Fiscalía de la Corte”.

El caso Marín Chaparro

En la comunicación al Fiscal de la CPI, se hace énfasis en que “siguen las detenciones arbitrarias; más de 110 militares continúan detenidos por razones políticas. Según cifras del Foro Penal Venezolano, el régimen ha privado de la libertad arbitrariamente, por razones políticas, a más de 15.758 personas, desde el 2014, que conforme al artículo 29 del ER, no prescriben”.

Destacan entre los casos “que encuadran perfectamente dentro de los crímenes de lesa humanidad” el de “Tcnel. (Ej.) Igbert José Marín Chaparro, número uno de su promoción de oficiales, por sus virtudes intelectuales y morales inobjetables; injustamente encarcelado sin pruebas y sometido a innumerables vejámenes, fue enjuiciado por el mismo Juez que actuaba como Fiscal cuando recibió la imputación, por reclamar mejores condiciones de alimentación para los subalternos bajo su mando. Encarcelado desde el 2 de marzo de 2018″.

“El 21 de diciembre 2021, Marín inició una justa huelga de hambre como último recurso para hacer llegar sus denuncias, de las múltiples violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tales como: uso sistemático de la tortura(más de 170 militares han sido presentados en los juicios ante los Tribunales Militares torturados), tratos crueles, depósito inhumano de personas, aislamientos en un calabozo llamado la Casa de los Sueños, en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), falta de atención médica oportuna, violaciones sistemáticas al debido proceso en tribunales militares”.

“La mayoría de las detenciones de los militares son arbitrarias, sin orden de los tribunales, luego obligan a los jueces a convalidar la arbitrariedad. Muchos detenidos pasan hasta más de dos años sin ser llevados a tribunales y algunos retenidos en la cárcel burlando las boletas de excarcelación. Desde 2014 hasta diciembre 2021, se registran en forma sistemática más de 15.700 encarcelaciones arbitrarias de personas (Informe del Foro Penal, diciembre 2021)”. Resaltaron la muerte en prisión del General Raúl Isaías Baduel “por presunto delito de homicidio intencional, a quien se le negó la atención médica”.

“Ciudadanos Magistrados, es nuestra preocupación el futuro y destino del sistema de Justicia Internacional, el cual tiene una prueba de fuego en el caso Venezuela 1, con riesgo de perderse la credibilidad en el sistema de Justicia Internacional. Los venezolanos, al igual que muchos pueblos del mundo, confiamos en tener órganos eficientes, no estructuras burocráticas onerosas, por considerar una vía civilizada expedita, para lograr un mundo más justo, donde la defensa de los derechos humanos, que ha adquirido rango de jurisdicción universal, sea eficiente, para evitar grandes conflictos y hasta guerras”.

“Los venezolanos de bien esperamos la acción eficiente, imparcial y la alta consideración moral del Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

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