El Tribunal Superior de Londres analiza este jueves si son lícitos los nombramientos de Juan Guaidó a su junta “ad hoc” del Banco Central de Venezuela (BCV), ya que ello determinará si tiene autoridad para acceder al oro depositado en el Banco de Inglaterra.
Las autoridades de Caracas y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el control de 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, custodiadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
Ese año, Guaidó, reconocido como “presidente encargado” por medio centenar de países —incluido el Reino Unido—, nombró mediante la Asamblea Nacional que presidía una junta directiva paralela del BCV.
Esta ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta oficialista encabezada por Calixto Ortega.
Pero dichos nombramientos, realizados bajo el denonimado “estatuto de transición”, fueron invalidados poco después por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.
Al cabo de dos años de batalla judicial, la justicia británica reconoció en diciembre a Guaidó como único representante del país, pero ordenó analizar si considera legítima la decisión judicial venezolana que invalidó los nombramientos.
Le corresponderá hacerlo a la jueza Sara Cockerill, de la corte comercial londinense, quien desde el miércoles y hasta el lunes escucha argumentos y testigos de ambas partes.
“Nosotros estamos dedicados a (...) recuperar y representar a los activos externos del BCV”, explicó el jueves por videoconferencia desde Estados Unidos el banquero Manuel Rodríguez Armesto, presidente de la junta directiva ad hoc del BCV desde agosto de 2020.
El abogado del oficialismo, Richard Lissack, puso en duda la legitimidad de dicho organismo señalando que no dispone de oficinas, no participa en el día a día de las operaciones del BCV y sus miembros, que viven exiliados, no han estado nunca en su sede en Caracas.
Rodríguez Armesto defendió sin embargo contar entre sus miembros con dos exfuncionarios del BCV “que estuvieron por más de 20 años en el manejo de las reservas internacionales”, así como con personas experimentadas en la regulación de las instituciones y los mercados financieros.
Los abogados de Guaidó denuncian que la anulación de los nombramientos por el TSJ no fue “justa” porque la oposición no tuvo posibilidad de defenderse.
Pero a preguntas de Lissack, Ricardo Villasmil, primer presidente de la junta nombrada por Guaidó, reconoció que tanto él como el entonces “procurador especial” José Ignacio Hernández lo entendieron en su momento como “una reacción natural del gobierno usurpador” de Maduro.
Por su parte, el actual “procurador especial” nombrado por Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, exiliado en Bogotá, aseguró no haber registrado “ninguna actuación indebida” de tipo financiero por parte de dicha junta, como sí ha ocurrido al menos con una institución ad hoc nombrada por la asamblea opositora.
Una vez interrogados los testigos de ambas partes, el juicio debe proseguir el viernes en Londres con declaraciones de expertos.
(Con información de AFP)
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