La Dirección de Inteligencia en Apure detuvo a un detective que terminó muerto: horas antes había advertido que temía por su vida

Dos días antes de morir, el detective del Cicpc, Juan Ángel Pantoja Carreño, le daba consejos a un amigo suyo a quien le dijo: “Papá Dios a uno le tiene un propósito guardado, pero de igual manera hay que cuidarse”. No sabía el joven que horas después sería detenido por los terroríficos funcionarios de la Dgcim, culpado de haber ayudado a salir del país a Reyes Hernández, torturado y muerto. La primera excusa que la Dgcim dio a los funcionarios del Cicpc es que murió en un tobo de agua, versión que después transforman en que se ahorcó.

La obsesión del jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Apure, Juan Carlos García alias El Gavilán, por ponerle la mano a El Hato El Chaparralito y a su dueño, acaba de tener como víctima a Juan Ángel Pantoja Carreño (27 años), un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien murió en la sede de esa institución en San Fernando de Apure, horas después de haber sido detenido. “Que arrec… lo mataron, lo estaban torturando y se les murió. Nos dijeron que había muerto en un tobo de agua; como si fuéramos gafos y no viéramos el tirro, los amarres y lo que usan para la tortura”, le dice a Infobae un amigo del funcionario muerto.

El martes llegó una comisión, al mando de alias Gavilán, al sitio de trabajo de Pantoja Carreño, se lo lleva, lo señalan de tener información sobre el paradero de Reyes Gabriel Hernández González, dueño del hato El Chaparralito. La obsesión de alias Gavilán es dar con el dueño del hato, de quien pretende traspase legalmente la estratégica propiedad, situada en la frontera, con gran extensión de tierra y fundaciones, pista de aterrizaje y numerosas cabezas de ganado que van desapareciendo paulatinamente una vez que la DGCIM ocupó la propiedad.

El 6 de julio hubo mucha movilización militar en Apure con varias detenciones por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión (CONAS), quienes se desplegaron en los municipios Achaguas y Pedro Camejo. El clima parecía enrarecido.

El miércoles, en la tarde, la Dgcim traslada a Pantoja al Cicpc para que sea reseñado; el joven preocupado habló con algunos de sus compañeros por lo que estaba pasando en la Dgcim. “Me han torturado y temo por mi vida”, habría dicho palabras más palabras menos, según le dijo a Infobae un funcionario policial.

Cuando sus amigos y compañeros se enteran de que Pantoja había muerto horas después, varios de los Cicpc, entre ellos estaría el comisario Jhonny Salazar, se trasladan a la Dgcim en compañía del médico forense de la institución, pero no les permitían el ingreso, por lo que estallaron de indignación, hubo una situación tensa, que amenazó llegar a ser mayor hasta que el Director nacional del Cicpc, comisario Douglas Arnoldo Rico González, llamó para que se retiraran del lugar.

Una fuente reveló a Infobae que “la excusa que dieron es que murió por inmersión en un recipiente de 200 litros de agua que había en el lugar. Usan como tortura sumergirlos en agua o colocarles bolsas con agua y Pantoja no lo soportó. Se les pasó la mano. Ahora dijeron que no, que fue que se suicidó ahorcándose”.

Aunque la Dgcim prohibió que funcionarios del Cicpc vieran el cuerpo, cuando varios de ellos se presentaron a la sede de ese cuerpo represivo, los que lograron entrar al sitio donde habían tenido a Pantoja Carreño “observaron cinta adhesiva de embalaje, cartones, bolsas y otros instrumentos de tortura”.

En la morgue hubo un fuerte altercado entre funcionarios de las dos instituciones, donde los Cicpc llamaban asesinos a los de la Dgcim. “No es la primera vez, no es la primera vez” les gritaron.

Era abogado

Pantoja, quien tenía como profesión la de abogado, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), era detective agregado activo, adscrito al eje vehículos del Cicpc, pero se encontraba de comisión de servicio en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), fue detenido “por averiguaciones de una presunta extorsión”. Habría muerto en horas de la madrugada del jueves 7 de julio, pero los funcionarios de la Dgcim lo notificaron horas después.

Funcionarios, amigos y familiares se apersonaron a la sede de los tribunales en San Fernando de Apure exigiendo la investigación de lo sucedido, temiendo que el hecho quede en la impunidad porque alias Gavilán ha venido actuando por encima de la Ley, deteniendo sin cumplir el debido proceso, torturando y amenazando, con el argumento de que “el presidente Nicolás Maduro me llama directamente”.

Es alias Gavilán quien llama al comisario del CICPC Apure para notificarle la muerte del detenido. El grupo de funcionarios criminalísticos se traslada de inmediato a la Dgcim e intentan realizar el respectivo levantamiento del cuerpo e iniciar las averiguaciones pertinentes, porque es competencia del Cicpc como Órgano Principal de Investigación Penal de Venezuela. Los funcionarios de la DGCIM se negaron a que ingresaran y se negaron a entregar el cuerpo de Pantoja, sin indicarles los motivos ni causas de la muerte.

La fiscal Séptima de derechos fundamentales, Lorena Firera, habría solicitado la detención de los funcionarios que se encontraban de guardia a la hora en que Pantoja murió y que por cierto abandonaron el lugar de inmediato. Por su parte, la madre del joven detective Juan Ángel Pantoja Carreño (cédula 19.668.096), viajó desde España al saber la muerte de su hijo.

Impunidad

En esa carrera también está preso desde hace meses Juan Carlos Guillén Rosales, abogado defensor del dueño de El Chaparralito, e incluso el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez. Guillén, quien también es oficial retirado del Ejército, reveló que fue torturado por la Dgcim, además de haber sido amenazado él y su familia.

La solicitud de detención contra Pantoja fue hecha, el 5 de julio, por el Fiscal Cuarto con competencia Nacional en materia de Corrupción y emitida por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Apure, señalándolo de haber colaborado con Reyes Gabriel Hernández González “El Finquero”. Los delitos contra Pantoja eran: corrupción propia agravada, agavillamiento y evasión favorecida.

Es importante destacar que a Hernández, dueño de El Chaparralito, le dio libertad el juez de ese mismo Tribunal Carlos Alberto Jaimes Gómez el 9 de diciembre 2021, después de percatarse que la DGCIM lo había engañado al solicitarle la detención de Hernández con el argumento que en El Chaparralito encontraron explosivos. El Juez descubre que Hernández tenía tres años preso en la DGCIM Caracas y sin acceso al hato, por lo que mal podría ser responsable de los explosivos que supuestamente encontraron en la finca a la que solo tenían acceso los militares y funcionarios de Dgcim. El juez Jaimes está preso desde hace meses.

Un compañero del Cicpc dijo entre lágrimas: “Lo que más me duele es que, a lo mejor, el asesinato de ese pana quede impune, por este gobierno de m…”.

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