La Conferencia Episcopal Venezolana (CVE) informó este miércoles que reabrió la investigación sobre un sacerdote que fue condenado por abusar sexualmente de un niño pero que posteriormente volvió a ejercer dentro de la Iglesia Católica.
El obispo Mario del Valle Moronta Rodríguez, primer vicepresidente de la CEV, anunció en una rueda de prensa en Caracas que Luis Alberto Mosquera, sacerdote de 63 años del estado venezolano de Lara, fue suspendido y es objeto de una investigación según la legislación eclesial. “A lo largo de este año ha sido suspendido del ejercicio del ministerio y se le ha retomado nuevamente su proceso”, declaró Moronta.
Mosquera había sido condenado en 2006 por abusar de un niño de 6 años y sentenciado a más de siete años de prisión, pero en 2008 fue liberado y la Iglesia le permitió reanudar su trabajo como sacerdote. Una foto publicada en su página de Facebook en 2016 y republicada en 2017 lo mostraba rodeado de niños.
Esta inusual conferencia de prensa de la CEV surge unas dos semanas después de que el diario estadounidense The Washington Post informara sobre el caso de Mosquera y otras nueve denuncias que implican acusaciones de abuso sexual de menores en la iglesia venezolana. En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, The Washington Post encontró que los sacerdotes condenados fueron liberados antes de tiempo de sus sentencias o no cumplieron ningún tiempo de prisión. En al menos tres casos, se les permitió volver a oficiar misas.
“Nos sentimos profundamente consternados y dolidos ante las situaciones de abusos que se presentan”, expresó el obispo de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, durante la rueda de prensa donde leyó un comunicado oficial de la CEV que señala que “los abusos sexuales constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afectan a los más débiles”.
En ese sentido, Moronta afirmó que “los obispos ni se han opuesto ni se oponen a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos”.
Y aseveró que la Iglesia Católica “ha procurado las investigaciones y los procesos según la legislación eclesial” para remarcar el “compromiso de promover la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables”.
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