Las graves omisiones de Bachelet en su último informe sobre los derechos humanos en Venezuela

Si algo se rescata del informe que Michelle Bachelet presentará ante la ONU el 29 de junio de 2022 es su reconocimiento de que los enfrentamientos que arrancaron en enero de 2022 en el estado Apure fueron entre las organizaciones guerrilleras Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), echando por tierra la campaña que, desde la propaganda castrense, asegura que ese trabajo lo desplegó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para limpiar al territorio de los Tancol. “La FANB desplegó tropas adicionales en esas zonas”, dice la Alta Comisionada.

En el quincuagésimo período de sesiones, del 13 de junio al 8 julio 2022, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, presentará su informe sobre la Situación de los derechos humanos en Venezuela, en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril e d2022, cumpliendo con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

En cuanto a las demoras judiciales hay una enorme distancia entre lo que afirma Bachelet y lo que realmente ocurre en la praxis. Un ejemplo de eso es que al general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien murió el 12 de octubre 2021, nunca le hicieron juicio. Muchos otros están presos sin juicio, como los once militares del Caso Armagedón, lo del caso de los Drones Intento de Magnicidio, Operación Constitución, Operación Libertad y así muchos casos más.

“Las enmiendas legales establecieron que los civiles que cometan actos sancionados por el Código Orgánico de Justicia Militar serán procesados por tribunales ordinarios y los juicios en curso de civiles por tribunales militares deben ser transferidos a tribunales ordinarios”. Bachelet omite el caso, por ejemplo, del general de Brigada Héctor Armando Hernández Da Costa, que siendo alto oficial activo de la Guardia Nacional está siendo juzgado en un tribunal ordinario.

Lo que refiere sobre las “enmiendas para reducir la detención preventiva, incluso mediante la eliminación de la imposición automática de delitos graves” no pasa de ser letra muerta, porque las detenciones arbitrarias y sin orden judicial siguen ocurriendo, las actas para presentarlos ante la audiencia de presentación son alteradas, entre otras irregularidades.

“Avances”

Bachelet expresa en su informe que hicieron coordinaciones para que se notificara a tiempo la detención de un familiar y garantizar la asistencia de su abogado, asegurando que el cambio “se implementó institucionalmente a través de la transferencia oficial de la administración de los centros de detención del SEBIN y DGCIM en Caracas al Ministerio de Servicios Penitenciarios”. Ella ignora o pretende hacerlo que El Helicoide, por ejemplo, fue nuevamente tomado por los funcionarios del Sebin.

“El ACNUDH sigue observando retrasos en la aplicación de las órdenes de liberación, como señaló en febrero de 2022 la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional”. Hay que agregar que solo en el caso de la antigua cárcel La Planta hay seis con boleta de excarcelación.

Presenta cono un avance significativo la condena, a 30 años de prisión, de dos funcionarios por la tortura que llevó a la muerte a un capitán de corbeta retirado en junio 2019. Omitiendo cualquier responsabilidad en la cadena de mando y omitiendo que esos dos militares no están en celdas sino en oficinas de la Dgcim.

Y otro de “los logros” que Bachelet destaca es que a dos responsables “de homicidio culposo, quebrantamiento de las normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada”, en el caso del ex concejal Fernando Albán, los condenaron a cinco años y diez meses de prisión, cuya sentencia se redujo a dos años y ocho meses.

En el informe, Bachelet dice que “según el Ministerio Público, desde agosto de 2017 hasta enero de 2022, 1.343 agentes de seguridad fueron acusados de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y 237 condenados”, agregando que la mayoría agentes de la PNB (80), policías estatales (55) y la GNB (41). Resulta suspicaz que no haya del Ejército cuando a ese componente pertenece la mayoría de los funcionarios en Dgcim y Sebin, principales centros de violaciones a los derechos humanos.

De China a Venezuela

La posición extrañamente “demasiado diplomática” o tolerante ante crímenes de lesa humanidad, asumida por Verónica Michelle Bachelet Jeria, resulta incomprensible en quien vivió de cerca la tortura y muerte de un familiar por razones políticas. Lo demostró en su desastrosa visita a China, del 23 al 28 de mayo, que levantó una oleada de críticas que la llevaron a anunciar, ante las peticiones de renuncia, que no se presentará a un segundo mandato, cuando en agosto concluya el actual.

Eso no borra la estela de decepción que dejó la cuestionada visita y que a juicio de Alkan Akad, de Amnistía Internacional en China, fue utilizada por el gigante asiático para “impulsar su propia narrativa y defender su pobre balance en materia de derechos humanos”. Aunado a eso Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, aseguró que ese viaje “no le pudo ir mejor al Gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang”.

La experiencia que, las víctimas y familiares de tortura y violación al debido proceso, tuvieron en Venezuela, con la exagerada diplomacia de Bachelet y sus delegados, demostraba lo que Kenneth Roth dijo sobre ella y es que “no parece cómoda en el papel de tomar posiciones contra gobiernos poderosos”.

La tibieza de sus declaraciones con respecto a China fue semejante a la que asumió en casi todos los informes sobre Venezuela, al ser contundente en condenar crímenes de lesa humanidad. Desde su visita a Caracas, en junio de 2019, creó muchas expectativas de que se haría justicia, se corregiría lo relacionado a las torturas, las estratagemas de los cuerpos de seguridad al crear informes amañados, la actuación de jueces y fiscales, el ocultamiento de las evidencias de tortura por parte de los médicos forenses, entre otros hechos atroces; las víctimas y sus familiares confiaron en ella, pero solo creo frustración.

Faes solo cambió de nombre

En lo que significó la primera vez en 17 años que Beijing recibe a un alto funcionario de derechos humanos de la ONU, en momentos en que a China se le acusa de tener detenidos a más de un millón de miembros de las minorías musulmanas en campos de reeducación. La Alta Comisionada fue a un centro de detención, pero que ya no estaba en funcionamiento, donde habría dicho que eran “centros de formación educacional y vocacional”.

Bachelet dio como cierta la información de China al asegurarle que esos centros de formación profesional habían sido desmantelados. Igual que lo hace en el informe que presentará sobre Venezuela al asegurar que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), responsable de numerosas ejecuciones extrajudiciales, había sido disuelta, cuando en realidad solo cambió de nombre.

Los delegados de la Alta Comisionada en Venezuela fueron utilizados como una excusa del régimen venezolano de que se estaba corrigiendo la violación de los derechos humanos, cuando en realidad resultó en una escalada peor. El jefe de la división de la oficina de Bachelet para las Américas, José María Aranaz, fue pieza importante para que el régimen venezolano maquillara los centros de tortura, como ocurrió con los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), después de su visita; hicieron mejoras estéticas, mientras continuó la violación de derechos humanos.

También sirvió para que los delegados de la Alta Comisionada fueran usados para la campaña que, desde los medios de propaganda se difundía, sobre los cursos que los funcionarios de la oficina de Bachelet impartían a los del gobierno de Venezuela, con intermedio de sonrisas, café y diplomacia. Mientras tanto las peticiones de muchos familiares de las víctimas de los presos políticos, civiles y militares, no eran tomados en cuenta cuando requerían la intervención de los delegados para poner alto a la incomunicación o tortura.

Han sido tres años, desde que Bachelet vino a Venezuela, que el balance del respeto a los derechos humanos en Venezuela es peor. El régimen de Nicolás Maduro aprende a ser cada vez más eficiente en sembrar terror, maquillar la tortura, crear mecanismos de impunidad, aplastando la disidencia y la oposición.

Cuando parecía que no podía ser peor para la imagen de Bachelet, sucedió su visita a la región noroccidental china de Xinjiang, donde el régimen chino está señalado de la opresión y discriminación contra las minorías musulmanas, como la uigur, en esa región. La excusa del régimen chino es que se ha visto obligado a tomar medidas contra operaciones terroristas, un discurso muy parecido al del régimen de Maduro.

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