Telefónica denunció que la dictadura de Nicolás Maduro aumentó las peticiones para intervenir las líneas telefónicas de los ciudadanos venezolanos. La empresa española de telecomunicaciones señaló que en el 2017 estas solicitudes fueron de 234.932. Sin embargo, durante los último años el número se cuadriplicó y en el 2021 las peticiones ascendieron a 861.004.
De esta forma, el régimen chavista busca controlar a sus contradictores y espiarlos. El operador de telecomunicación español está obligado por ley a cumplir con la regulación del país, informó el diario Voz Populi. Previa solicitud del Ministerio Público y autorización del juez correspondiente, entre las autoridades competentes para intervenir una línea telefónica está el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Las leyes en Venezuela regulan la recopilación de información y datos personales de ciudadanos que tienen servicios de telefonía móvil y fija a través de redes inalámbricas o número no geográfico con servicio de voz nómada, informó el diario español.
Desde el 2005 Telefónica ofrece su servicio en Venezuela. La multinacional española además está en otros países de la región en donde presta sus servicios de internet móvil, televisión satelital y telefonía móvil y fija.
Estas acciones de la dictadura de Maduro tiene como fin amedrentar a la oposición política y a ciudadanos que son incomodos al poder y así controlar todos sus movimientos.
Recientemente, la ONG venezolana Foro Penal señaló que en Venezuela hay 239 personas detenidas a las que considera presos políticos, dos más con respecto a su último reporte, publicado el pasado 24 de mayo.
La organización indicó que del total de reos contabilizados, 223 son hombres, 16 mujeres y hay un menor de edad, de los que 109 son civiles y 130 militares.
“Desde 2014 se han registrado 15.758 detenciones políticas en Venezuela”, recordó la ONG.
Por su parte, la ONG Fundaredes alertó del deterioro de la salud de su director, Javier Tarazona, detenido el 2 de julio de 2021 tras ser acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
“Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, hoy se cumplen 11 meses de su detención arbitraria junto a dos compañeros. Es acusado, sin pruebas, de cometer delitos de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio (...) defender derechos humanos en Venezuela no es un delito. Libérenlo!, escribió Acción por la Libertad en Twitter.
En la misma red social, Provea recordó que el activista lleva 335 días detenido de manera “injusta” e insistió en la necesidad de que su salud sea atendida.
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