Jesús Tamani Bernal, hijo del gobernador del fronterizo estado Táchira, protagonizó el jueves un ataque contra la finca El porvenir, en la lengüeta de Barinas. Junto a más de 15 hombres del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y del GRIS, allanaron la hacienda, mantuvieron secuestrados a los obreros desde el jueves 26 de mayo al amanecer hasta el viernes 27 al atardecer, les quitaron los teléfonos, a algunos los encerraron, los interrogaron, los amenazaron y los obligaron a recoger el ganado.
“En camiones que trajeron se llevaron más de 170 mautes, mataron a algunos animales y a otros los dejaron tirados; fue un desastre”, le aseguró a Infobae una de las personas presentes en la finca.
No es la primera vez que Tamani Bernal protagoniza una demostración de abuso de poder acompañado de un grupo de jóvenes, armados y violentos. Hace más de un año fue parte de una brutal agresión en la frontera, contra varios muchachos, entre ellos una médico pediatra.
Sigue los pasos del gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales, quien llegó al Táchira nombrado a dedo por Nicolás Maduro como “protector”, y de la mano de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), señalada por violación de derechos humanos, desapariciones forzosas y asesinatos como el del dueño de un matadero en Rubio.
El Grupo de Respuestas e Investigaciones Silenciosas (GRIS), de la Gobernación del Táchira, se identifica como cuerpo de seguridad y lo dirige Jesús Tamani Bernal. Ellos fueron quienes llegaron con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a la hacienda El Porvenir, ubicada en los sectores El Guamal y Caño Seco, parroquia Emeterio Ochoa y El Cantón, municipio Libertador y Andrés Eloy Blanco, de los estados Táchira y Barinas.
Al principio los trabajadores creyeron que los visitantes eran miembros de la guerrilla, que en muchas ocasiones asaltan los predios y que en este momento se encuentran librando una batalla en territorio venezolano.
El comandante Silva Guerrero, de la alcabala La Pedrera, confirmó que el grupo llegó después de las 6 de la mañana del jueves 26 de mayo, con rumbo a la hacienda El Porvenir, propiedad de Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez y perteneciente a una familia tachirense de vieja generación en las actividades agrícolas y pecuarias.
Usaron a exempleados
En el grupo que “allanó” El Porvenir, además de Tamani Bernal, como jefe del GRIS, estuvo Adrián Landaeta y Eduardo Hernández, éste último presunto abogado de la Oficina Nacional Antidrogas.
Para llevar adelante el ataque, GRIS llevó al lugar a dos exempleados.
“Efraín Sánchez estuvo en esa hacienda como encargado y José David Albague Chacón era fundacionero en San Miguel. Los Fuentes los destituyeron cuando se dieron cuenta de los actos delictivos que estaban cometiendo. Ellos fueron los guías de los funcionarios que allanaron El Porvenir, gracias a ellos lograron recoger el ganado y hacer destrozos”, añadió un testigo.
“Llegaron diciendo que había una investigación de narcotráfico por la pista de aterrizaje. Lo que yo supe es que cuando vieron que la pista estaba totalmente inactiva —porque eso no funciona desde hace más de 30 años—, dijeron que no era esa pista sino otra que está en San Miguel. Estaban lanzando a ciegas, imagino que porque oyeron a José David hablar de San Miguel. Lo que no saben es que ahí no hay, nunca ha existido ni habrá posibilidades de que exista una pista porque eso se inunda”, agregó.
El grupo se robó todo lo que encontró a su paso, lo montó en los camiones y camionetas en las que habían llegado, sin placas de identificación, y se llevaron una camioneta toyota blanca que era de la finca.
El antecedente
Un hecho relevante es que la hacienda El Porvenir está a unos 10 km de la carretera troncal La Pedrera – Guasdualito, y allí hay uno de los puestos de control más importante de la frontera.
Un funcionario del Tribunal Agrario de Primera Instancia Agraria del Táchira le dijo a Infobae que el viernes 6 de mayo se había realizado una inspección en la hacienda de la familia Fuentes. Al día siguiente, después de las 5 de la tarde, se presentó a la finca una comisión que quería inspeccionar y exigía que se le recogiera el ganado de la finca.
“Los del Porvenir no les dieron permiso porque no traían orden alguna de los dueños, y porque el día antes había estado el tribunal con todas las de la Ley”, manifestó un obrero de una finca cercana.
La sospechosa comisión alegó que estaban haciendo unas diligencias.
El ingeniero Alejandro Ocariz regresó a la finca dos días después y anunció que al día siguiente traería un oficio de la participación de la Inspección.
“En efecto, llegaron al día siguiente con una supuesta orden de inspección que no sé si era legal. Lo que sí sé es que los de la comisión se presentaron como el ingeniero Alejandro Ocariz B. jefe del área de Registro Agrario de la Oficina Regional del Táchira; el ingeniero José Humberto Serrano, técnico del registro agrario. Parte de la inspección la hicieron a caballo, pero se cansaron y recorrieron la finca en vehículo, pero desde la carretera”.
Finalmente, el 11 de mayo 2022 el abogado Panagiotis Paraskevas Collitiri, en representación de Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez, se presentó al Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria y solicitó una medida de protección a la actividad agroproductiva, argumentando que “constantemente aparecen personas extrañas que quieren sabotear la agroproductividad”.
Eso demuestra que si hubiese alguna causal para encubrir un hecho delictivo en la finca, no estaría el abogado rogándole al juez para que les otorge medidas de protección.
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