La Fuerza Armada venezolana protege a los militares que asesinaron a cuatro indígenas y prohíbe la visita del abogado a un sobreviviente

Aun es una herida sangrante el impactante asesinato de cuatro indígenas yanomami, ocurrido el 20 de marzo de 2022 en el sector ParimaB, Amazonas, a manos de militares venezolanos. Las vulnerables comunidades indígenas, esquilmadas ante el avance de la explotación del oro en parte de sus tierras ancestrales, son manipuladas para que quede impune el atroz crimen por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien repite la vieja praxis de “espejitos por oro”, la sangre de los indígenas por wifi, corte de cabello y juguetes de plástico, como refleja un video de la Guardia del Pueblo, durante la visita del Comandante Nacional de esa institución a ParimaB, lugar donde fueron asesinados cuatro yanomami, cuando un grupo de ellos hizo una exigencia en la instalación militar.

En marzo había tensión entre militares e indígenas, desde que los oficiales de la Aviación pretendieron que los yanomami les permitieran la explotación del oro en sus territorios, lo que no fue bien recibido por la mayoría de la comunidad indígena. La presión castrense no fue entendida así por ellos y cuando se presentaron a la instalación militar, hubo enfrentamiento entre ellos, los militares con armas de fuego y los yanomami con sus lanzas y flechas. Fue obvio: las bajas fueron de los más vulnerables.

Aunque al asesinato de los yanomami no se le ha dado respuesta, el video de la Guardia del Pueblo se resalta que Nicolás Maduro ha desarrollado una gestión de protección a la resistencia libertaria de los pueblos indígenas. “La Fuerza Armada, con la guía del Ministro de la Defensa, Padrino López, viene aplicando estrategias para garantizar seguridad y paz a las comunidades originarias en defensa de su cultura, lenguaje e identidad”, se oye en el video.

Y se agrega que el Comandante Nacional de la Guardia del Pueblo, GD Danny Ferrer Sandrea, en su visita a ParimaB, dijo que las instrucciones que recibió es darle a los indígenas todo el apoyo, en cuanto a sanidad, salud, respeto a la cultura y educación. En él se ve a los uniformados cortándole el cabello a los niños, luego a niños y adultos en formación y más adelante la entrega de bebidas en vaso desechable y la entrega de regalos de plástico.

El abogado Olnar Ortiz Bare, quien es indígena de la comunidad Bare, repudió el video destacando que “no solo viola la autodeterminación de los Pueblos Originarios, al colocar a niños y adultos a formarse ante una autoridad que no es la legítima de la comunidad, sino que pretende ocultar la violación grave de derechos humanos del 20 marzo, donde fallecieron 4 yanomami”, explicando que los testigos claves están retenidos arbitrariamente.

En conversación con Infobae agrega que el caso casi está archivado en el Ministerio Público de Puerto Ayacucho, sin que haya sido procesado ninguno de los funcionarios militares que actuaron contra los yanomami. Ortiz es el representante legal de uno de los testigos claves BS, quien tiene 16 años, y está retenido en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas, junto con su hermano Gabriel Silva y su acompañante Francisco Maracaná. Desde que el 3 de abril fue llevado al Hospital Militar no le han realizado la cirugía que necesita.

“A BS no le permiten visita alguna, ni siquiera le permiten salir de la habitación, por lo que no ha sido posible que pueda verlo ni siquiera yo que soy su representante legal. A ese muchacho todavía le hace falta una cirugía reconstructiva. Cuando a él lo intervienen en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, Amazonas, queda registrado que tiene una herida por arma de fuego de mayor calibre”, dice Olnar Ortiz, ante la impotencia que genera la inseguridad jurídica.

“Hemos venido denunciando la violación de derechos humanos en la ONU específicamente en la Relatoría de Pueblos Indígenas con el relator Francisco Cali Tzai, así como en la Sesión Permanente de Pueblos Indígenas de la ONU; también hay pronunciamientos de Amnistía”.

Finaliza diciendo Ortiz que “aquí se están violando derechos humanos fundamentales y he formalizado las denuncias, desde marzo, en el Ministerio Público y he denunciado que al testigo de 16 años se lo llevaron de manera arbitraria e incluso desconociendo la orden de Protección del Ministerio Público, que la Fiscalía 5°”.

El asesinato

No hay versión oficial del presunto acuerdo con el que funcionarios venezolanos convencieron a los indígenas para que no hubiese más ruido sobre el caso del asesinato de los cuatro yanomami. Recientemente, la empresa telefónica Cantv instaló una antena de Internet satelital con wifi en ParimaB, que sería uno de los acuerdos del Gobierno Nacional con los yanomami.

En una reunión que se realizó en Caracas para tratar el tema, asistieron el gobernador Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez, el alcalde, el capitán yanomami que es político y no vive en la comunidad y otros indígenas. El capitán legítimo ante la comunidad es Sabino, quien fue uno de los heridos en el incidente de marzo pasado, pero quien no fue invitado a dicha reunión.

La Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (Coiba), en voz de su coordinador Roberto Yavinape, quien pertenece al pueblo originario de Ñeengatú, repudió el asesinato de los yanomamis a manos de militares de la Aviación Militar, el 20 de marzo en la comunidad de Parima B, ubicada en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

En un comunicado destacan que ”los indígenas son personas pacíficas y opuestas a la violencia, que tienen el derecho a decidir y asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, su identidad, su cultura, educación, salud, cosmovisión, uso y protección de su hábitat y tierra”, recordando que Amazonas es un territorio multiétnico, por lo que está obligado a cuidar su soberanía, ambiente y sus territorios sagrados.

Yavinape hizo énfasis en que la comunidad yanomami viene denunciando desde el 2009 la presencia de garimpeiros dentro de estas tierras, momento en que fueron asesinados un grupo de yanomamis, además, sus aguas comenzaron a ser contaminadas producto de la minería ilegal, lo que significa la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

La exigencia de COIBA como de otras organizaciones que reclaman y defienden los derechos indígenas es que se cese la perturbación sobre esas comunidades vulnerables, el rechazo a la presencia de grupos armados quienes se apropian de las tierras indígenas para su beneficio.

A pesar de las promesas de justicia, ante el asesinato de los cuatro yanomami, el nombramiento de la Fiscal 91 nacional para que se encargara del caso, la designación de una comisión policial y de expertos que se ocuparan de las experticias, la muerte de los indígenas fue cubierta por un manto de silencio oficial, mientras un joven yanomami que sobrevivió, después de resultar herido, y que es el testigo clave, ha sido retenido en el Hospital Militar, sin acceso a su abogado.

A eso se le suma que también se mantiene en la opacidad el incidente en Amazonas, el 23 de abril de 2022, que arrojó tres indígenas de la comunidad Cupaven a quienes un grupo guerrillero disparó en el punto de control indígena Súpiro, en el río Orinoco, tratando de burlar el pago del pase hacia las minas del Parque Nacional Yapacana, donde la explotación del oro es brutal con alto impacto en el ambiente.

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