La Defensoría del Pueblo de Táchira ignora los pedidos de justicia del padre de un estudiante asesinado: “No estoy para cumplir caprichos”

Edgar Humberto Ortiz Ruiz no ha dejado de luchar un solo día por la verdad y la justicia, desde que el 15 de febrero de 1998, su hijo Johan Alexis Ortiz Hernández, estudiante de la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero (Esguarnac) fue asesinado mientras realizaba prácticas en la sede del Comando de los Rurales, en el municipio Fernández Feo del Táchira. Han pasado 24 años. Desde 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentenció al Estado venezolano como responsable, pero aun cuando lo aceptó se niega a resarcir de los daños a la familia y la respuesta de la abogada de la Defensoría del Pueblo es que ella no está ahí para cumplir caprichos.

El 9 de mayo 2022, a las 2 de la tarde, el padre del joven asesinado va a la Defensoría del Pueblo del Táchira, cuyo Defensor Delegado es Héctor Hugo Caro y la defensora Adjunta Elithzamarig Vivas. “Fui atendido por el doctor Antúnez, quien me refirió con la Abog. Dugly Meza de Echeverría, a quien le pido que tome la denuncia del caso Johan Alexis Ortiz, porque la CIDH, en el 2017, sentenció al Estado venezolano como responsable del asesinato de mi hijo. Meza responde que verá qué puede hacer porque ella no está ahí para cumplir caprichos”.

La funcionaria se niega a tomar la denuncia alegando que él debería llevarle la Sentencia de la Corte y que además el caso está cerrado. Ortiz se pregunta con indignación: “¿Es un capricho mío que el asesinato de mí hijo Johan Alexis Ortiz no quedé impune? ¿Acaso cómo víctima no tengo derecho de exigir al Estado de la República Bolivariana de Venezuela que de una vez por todas de cumplimento a la sentencia de la CIDH?”.

Una larga lista de rechazos, puertas en la cara, esperas infructuosas, respuestas groseras e incluso agresivas, tiene Ortiz en la lista del camino a la justicia. Nada lo hace desfallecer. Lo que le ocurrió en la Defensoría del Pueblo en Táchira “es igual en otras instancias regionales y nacionales. No es un capricho, es una sentencia internacional que deben acatar los representantes del Estado, porque al finalizar el juicio en la CIDH, el Estado venezolano dijo estar de acuerdo con el fallo y con reparar los daños causados por un grupo de funcionarios militares contra la familia Ortiz”.

Sobre lo ocurrido en la Defensoría Táchira manifiesta con pesar que “la funcionaria Dugly Meza de Echeverría pareciera que no tiene consciencia o porque no fue uno de sus hijos al que asesinaron. Ella sólo debía tomar mi denuncia y darle curso. Exigirme que le haga llegar la decisión de la Corte es una excusa porque se supone que ella debe conocerla y si no buscarla y ponerse al día. Esos funcionarios están ahí para defender al ciudadano, pero ni siquiera intentó hacerlo, por el contrario, más bien pretendió asustarme”.

“Cuando me iba de la Defensoría Táchira el Abg. Antúnez me dijo que oficiara y enviara la sentencia al correo ddptachira1@gmail.com”, relata Ortiz agregando que son 24 años desde la muerte de su hijo y los funcionarios se burlan así de él y de su familia. “No me voy a rendir”, asegura.

Ortiz notificó lo ocurrido “a Gustava Aguilar Moraga, Defensora Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena; a María Cristina Meneses Sotomayor, de la Defensa Pública de Ecuador; y a Pablo Saavedra, secretario general de la CIDH, quien, a su vez, hizo la alerta a la Asociación Interamericana de Defensoría Pública, con sede en Argentina”.

¿Por qué lo mataron?

A Edgar Ortiz lo conocen en Táchira, no precisamente porque maneja un taxi desde hace años sino por la lucha que ha librado desde el mismo momento en que durante un ejercicio en el entonces prestigioso Comando de Los Rurales en Táchira, resultara muerto durante un ejercicio, el 15 de febrero de 1998. Era un época de mucha febrilidad política, que llevaría unos meses después a Hugo Chávez al poder, con un discurso de justicia social, honestidad, respeto a los derechos humanos, progreso para el país y especialmente para los pobres.

Lo primero que les dijeron la autoridades militares, a Edgar Ortiz y Zaida Hernández de Arellano, padres del joven estudiante, es que lo ocurrido con Johan Alexis Ortiz, quien tenía 19 años, “fue un accidente”. Pero hubo muchas sospechas desde el principio que en realidad había sido un asesinato, porque el ejercicio en la cancha llamada la conejera solo incluía balas de salva, aunado a la insistencia de proteger a militares del Comando y de la Esguarnac, incluyendo un problema de celos por la esposa de un oficial.

Ortiz Ruiz ha luchado cada día por la verdad. Aun no está claro el motivo por el que el joven estudiante de la Guardia Nacional fue asesinado, pero sí hay un responsable, el Estado venezolano, y así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017.

De los hechos que más duelen a Ortiz Ruiz es que en el asesinato de su hijo estuvieron implicados funcionarios de la Guardia Nacional, algunos de los cuales fueron ascendidos y otros no están activos.

El Estado en desacato

El afligido padre del joven Johan Alexis le dice a Infobae que piden a “la Fiscalía General de la República, a cargo de Tarek William Saab, que se una a la Fiscalía del Táchira, en busca de justicia por el homicidio de mi hijo, Que se unan a favor de la víctima y terminen de resolver ese caso. La CIDH ya emitió su juicio: mi hijo fue asesinado”.

“Hace más de cuatro años, el Estado venezolano admitió internacionalmente su responsabilidad en la muerte del joven estudiante y, en consecuencia, dictar una sentencia que sirva para resarcir, de alguna manera, los daños ocasionados a la familia, pero esto no se ha cumplido a cabalidad”.

La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), al percatarse recientemente que solo había cumplimiento parcial de la sentencia, solicitó al secretario de la CIDH, Pablo Saavedra Alessandri, una audiencia de revisión contra el Estado venezolano. “Se acordó que, representantes del Estado venezolano debían ponerse en contacto conmigo en enero, pero no lo hicieron, no me llamaron. Tenían plazo de cumplir hasta principios de abril”.

Entre los puntos de la decisión de la CIDH, que condenó al Estado venezolano en octubre 2017 (https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_338_esp.pdf) está la obligación, por parte de Venezuela, de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables por la muerte de Johan Alexis. Esto incluye sancionar a fiscales y jueces, por demorar el proceso y denegar justicia.

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