Un indígena lleva un año preso tras un operativo militar en un fundo que no era suyo y ahora vive amenazado por convictos

Ir a trabajar la tierra por dos días a un fundo en Matagorda de Pozón de Babilla, parroquia Parhueña, municipio Atures, estado Amazonas, le ha costado al indígena Simón Antonio Sosa Prieto, cédula de identidad V- 30.100.235, más de un año preso, muy lejos de su comunidad y de su familia, con violación al debido proceso, incomunicación, hambre, pasar de una cárcel militar a una de presos comunes, donde recibe amenazas de muerte por parte de los otros reclusos que le cobran una “vacuna” mensual.

Elsa Primitiva Prieto Perales, es la madre del joven indígena de la comunidad Jivi, y le dice a Infobae que su hijo, quien para ese momento tenía 23 años, ni siquiera vivía en Amazonas sino en El Burro, sector Laguna Negra, del estado Bolívar. “Fue detenido en ese fundo en Matagorda, para el que fue a trabajar por unos días, en febrero 2021, y que resultó ser de unos guerrilleros. ¿Cómo va a saber él si esa gente eran guerrilleros? Los militares se lo llevaron; primero estuvo preso en Puerto Ayacucho, después en la cárcel militar de Ramo Verde y ahora en El Rodeo III”.

La lucha de esta mujer ha sido titánica, entre la adversidad de lidiar con un sistema judicial que no cumple con las reglas al debido proceso y respeto a los derechos humanos, así como lidiar con la pobreza, que llega a ser miseria, que afecta a la mayoría de las comunidades indígenas del país.

Simón Antonio es el único hijo de Elsa Primitiva en su unión con Víctor Hugo Sosa Neiva, y quien llevaba el sustento para ella y sus nietos, gracias al trabajo que hacía a destajo por días en las fincas. “Imagínese lo que significa; cuando se lo llevan preso no había ni para comer, estaba sola cuidando a los niños porque Simón tiene dos que en ese momento uno estaba de tres años y el otro de cuatro meses de nacido. Yo me iba de un sitio a otro averiguando dónde lo tenían, así pasaron tres semanas y no me querían dar razón de él, hasta que me permitieron verlo”.

Lo insólito de su relato es que los guerrilleros no están detenidos, nunca fueron procesados ni investigados. De todos los detenidos ese día, el único que queda preso es el indígena Jivi, que ni siquiera es dueño del fundo, y según él declaró en el Tribunal, estaba labrando la tierra, cuando llegaron los militares de la Operación Jiwi 2021 perteneciente a la Operación Escudo Bolivariano.

Ella no sabe por qué a su hijo lo trasladaron desde la cárcel Militar de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, para la cárcel El Rodeo III, pero sí sabe de las amenazas de muerte contra su hijo que le han hecho en ese centro carcelario sino hace unos pagos mensuales que exigen los pranes.

En indefensión

Ni su hijo, y mucho menos ella, tienen información sobre la identificación de los dueños del fundo donde Simón Antonio estuvo trabajando el día que lo detuvieron. “A Simón le dieron el trabajo de colocar una cerca con palos y alambres; en eso estaba cuando llegaron los militares del Ejército a requisar la casa y dieron que habían encontrado una radio para comunicarse”, asegurando que no sabe qué es eso y que el joven desconoce si realmente los dueños de esa casa tenían ese radio transmisor.

Elsa Primitiva Prieto Perales ha acudido a denunciar lo sucedido en diferentes instancias, pero la situación para su hijo es de amenaza latente de muerte. Pasó de estar en manos de la jurisdicción militar, acusado de guerrillero, a la jurisdicción ordinaria sin saber qué cambió. Sus defensores militares eran José Díaz y Carlos Nelo.

La Defensoría del Pueblo Delegada de Amazonas le tomó declaración a Simón Antonio Sosa Prieto el 17 de junio de 2021 en una jornada de atención a privados de libertad. En ese momento él se encontraba en el centro de detención preventivo del Comando de Zona N° 63 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El joven indígena relató que fue detenido el 4 de febrero de 2021 en Matagorda. “Fue el CONAS, dijeron que dentro de la casa consiguieron una radio portátil. Yo solo trabajaba ahí, no sabía lo que había dentro de la casa. Después me enteré que ellos eran guerrilleros, si lo hubiera sabido antes no hubiera trabajado con ellos”.

Dijo Simón que con él detuvieron a una muchacha “pero la dejaron en libertad”. Asegura que agarró el trabajo en el fundo “por la necesidad del dinero, pero nunca me involucré con esas personas”.

En la audiencia preliminar, el 23 de mayo de 2021, fue pasado a juicio porque se negó a admitir los hechos. El tribunal lo envió a la cárcel Militar de Ramo Verde. “Los Defensores me aconsejaron que no declarara y que por juicio salía más rápido”, dice Simón Antonio quien pide que averigüen en Laguna Negra, sobre su comportamiento. “Allí todos me conocen, la GN y todos por allá, y saben de mi comportamiento, mi trabajo cargando agua, vender pescado, coser zapatos, y hacer trabajo en el campo. Me contrataban para hacer los trabajos”.

De nada han servido las súplicas del joven indígena para que su caso se procese como es debido. De no haber sido por su mamá, habría muerto de hambre y nadie conocería su caso, porque “los defensores no me visitan”. Su mamá corrobora que el joven sufre de la cabeza desde que se golpeó cuando era niño, por lo que debían darle pastillas para el dolor.

La Defensoría

El 30 de junio de 2021 la Defensoría de Amazonas abrió un nuevo caso, con planilla de audiencia N° P- 2021- 0481, para responder a la denuncia de la ONG Fundaredes, la cual solicitó que la Defensoría atienda el caso del jivi preso. Ellos recibieron la Constancia de residencia de Elsa Prieto Perales, el informe socioantropológico de Simón Sosa Prieto, la constancia de buena conducta emitida por el Consejo Comunal “Puerto Arévalo Cedeño”, un acta firmada por 57 miembros de esa comunidad, constancia.

En los documentos se da fe que Simón Sosa pertenece al pueblo indígena Jivi, que es una persona seria, honesta, responsable, de buenos principios éticos, morales y fieles y colaborador con los vecinos.

Los funcionarios de la Defensoría se hicieron presentes ante el Tribunal Militar del estado Amazonas para solicitar información sobre la causa que se sigue contra el indígena. La respuesta es que el expediente había sido enviado a la jurisdicción correspondiente y que Simón Antonio sería enviado a la cárcel de Ramo Verde, lo que en efecto sucedió en julio de 2021.

Ante la solicitud de información que, el 21 de junio de 2021, le hicieron al Juez Militar de Amazonas, sobre el caso de Sosa Prieto, el tribunal respondió el 16 de julio de 2021, con el oficio N° CJPM- TM8C 605. 21, suscrito por el capitán Jorge Daniel Cedeño, Juez Militar Octavo de Control del estado Amazonas, informando que a Simón Sosa se le acusa por los delitos de Espionaje y Rebelión. Es así como el expediente pasa al Tribunal Militar Segundo de Juicio de Maracay, estado Aragua.

La excusa para que ordenaran su traslado al Centro Penitenciario Yare III fue la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 517. Hace siete meses, desde el 18 de octubre de 2021, Simón Sosa espera por su traslado al estado Amazonas, para que continúe su proceso judicial en la jurisdicción ordinaria. Actualmente sigue en el Rodeo III, amenazado de muerte sino paga la vacuna a los pranes de la cárcel.

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