La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional venezolana -dominada por el chavismo- buscar ilegalizar las ONG siguiendo el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua.
El Coordinador General de Provea, Rafael Uzcátegui, dio a conocer este miércoles por la noche en Twitter los detalles de la ley discutida en secreto en el Parlamento venezolano y compartió el borrador de la misma.
“La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, en cumplimiento de los principios y preceptos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de la atribución que, en materia de la iniciativa legislativa, le confiere a los diputados miembros integrantes de esta Comisión Permanente el numeral 2 del Artículo 204, eleva a la consideración de la Plenaria de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional, a los fines de su consideración en primera discusión”, comienza el escrito de 23 páginas.
En el mismo se subraya que “la política exterior venezolana hoy en el marco de las relaciones internacionales contemporáneas, juega un rol de vital importancia, concibiendo la cooperación internacional como medio de desarrollo humano integral, justicia social y bienestar de los pueblos cuya razón fundamental es la superación de las desigualdades que se observan en el mundo de hoy”.
Tras enumerar los diferentes artículos, en el proyecto se llega al 25 y 26, que hacen hincapié en el trabajo de las ONG y desnuda el objetivo del régimen de Nicolás Maduro de ilegalizarlas.
El artículo 25 expresa: “Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que ejerzan sus actividades en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela están sujetas al cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución, en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano vigente”.
En tanto, el 26 sostiene: “Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”.
Lo que plantea este artículo es muy similar a lo que sucede en Nicaragua, donde el régimen de aquel país acaba de ilegalizar a otras 50 organizaciones no gubernamentales y el total asciende a 187 desde diciembre de 2018.
“Estamos haciendo cancelaciones de personalidades jurídicas en una fecha especial (Día de la Dignidad Nacional). Son 50 asociaciones que no quieren cumplir con la ley, quieren violentar la ley”, dijo en el pleno el diputado sandinista Filiberto Rodríguez.
Los legisladores sandinistas tomaron la decisión en base de dos listas de 25 ONG cada una, emitidas por el Ministerio de Gobernación en las últimas 24 horas.
En la primera lista se incluyó a un organismo defensor de los derechos humanos, otro de las mujeres, un movimiento político ligado a antiguos “contras” que combatieron con las armas al primer régimen sandinista (1979-1990) y el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
En la segunda lista aparecieron ocho ONG dedicadas a temas de desarrollo socioeconómico, cuatro feministas, tres juveniles, tres ambientales, dos campesinas y otras dedicadas a la promoción de los derechos humanos, la ciencia, la medicina, la democracia y las artes.
Una de las afectadas fue la Fundación 10, del Canal 10 de la televisión local, un medio de comunicación independiente que ha tenido que cerrar programas críticos con el régimen y que ha visto partir al exilio a algunos de sus periodistas que han alegado razones de seguridad.
También fueron canceladas las ONG que trabajan el tema de género: Asociación Programa Nacional Feminista La Corriente, Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiwas, Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala y Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres, así como la Academia de Ciencias de Nicaragua.
Los representantes de algunas de las ONG canceladas en meses anteriores, entre estas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han denunciado que las autoridades nicaragüenses se niegan a recibir los documentos de las organizaciones para después acusarlas de incumplimiento.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 187 ONG desde diciembre de 2018 -en su mayoría críticas-, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
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