Los magistrados del Tribunal Supremo DE Justicia (TSJ) de Venezuela nombraron el miércoles a Gladys Gutiérrez, sancionada por Estados Unidos, como nueva presidenta de la máxima corte del país en una reunión de su sala plena.
Gutiérrez integra el grupo de 20 magistrados designados esta semana por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, bajo el argumento de presentar un poder judicial imparcial y eficiente.
La nueva presidenta del TSJ sustituye a Maikel Moreno, quien estuvo cinco años en el cargo y también está bajo sanciones estadounidenses.
“Asumimos esta responsabilidad animados por el sentir del pueblo que confía en el poder judicial”, dijo Gutiérrez en declaraciones a la televisión estatal. La magistrada “agradeció” al dictador Nicolás Maduro por “impulsar este nuevo paso en el perfeccionamiento del sistema de justicia”.
Gutiérrez ya fue presidenta del Tribunal Supremo entre 2013 y 2017, y luego fue miembro de una de las salas de la corte.
La abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, fue también rectora principal del Consejo Nacional Electoral entre junio de 2020 y mayo de 2021.
Además, de acuerdo con su perfil publicado en el portal web del TSJ, fue procuradora general de la República, embajadora del país caribeño ante España, cónsul general de Venezuela en Madrid y directora de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros.
Gutiérrez ha ejercido abiertamente su militancia política en favor del chavismo al postularse como candidata a la gobernación de Nueva Esparta en 1998, por el partido Movimiento Quinta República (MVR) y como diputada suplente en el Parlamento nacional, por el mismo partido.
“Tenemos como propósito en esta gestión renovar las estructuras y los procesos para elevar los niveles de eficacia y eficiencia para garantizar la tutela judicial efectiva”, dijo la magistrada tras informar de los nombramientos acordados por la Sala Plena de TSJ para la dirección de las siete instancias que conforman el órgano judicial.
El nombramiento de Gutiérrez contraviene lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de Venezuela, en donde se detalla que “los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años”.
La máxima corte del país es vista por críticos y grupos no gubernamentales de derechos humanos como una extensión del régimen de Maduro.
Una misión independiente de investigación de derechos humanos de las Naciones Unidas ha señalado en informes que el sistema de justicia ha perpetuado violaciones a los derechos humanos como parte de una política estatal para sofocar a los adversarios del gobierno de Maduro.
(Con información de Reuters)
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