La dictadura de Nicolás Maduro designó este martes, tras un aplazamiento de 31 días, a los 20 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista que conformarán las siete salas del Poder Judicial durante los próximos 12 años. La oposición, no obstante, denuncia que se trata de una falsa renovación del sistema judicial en medio de las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Entre los designados se encuentran varios magistrados del periodo anterior, como el actual presidente de la instancia, Maikel Moreno, además de Lourdes Anderson, Luis Fernando Daminani y Calixto Ortega, que repiten en la Sala Constitucional.
En la Sala Electoral, repiten Fany Márquez e Inocencio Figueroa -que se encontraba antes en la Sala Político Administrativa-, mientras que en la de Casación Penal continúan Elsa Yaneth Gómez y el presidente Moreno, y en la de Casación Social, se mantiene Edgar Gaviria.
También destaca la designación de Gladys Gutiérrez, quien fue presidenta del TSJ entre 2013 y 2017.
Este grupo pasa a formar parte del TSJ -afín al régimen chavista-, pese a que el artículo 264 de la Constitución de Venezuela establece que “los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años”.
Destacan, igualmente, dentro de las designaciones la hasta hoy rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’Amelio, quien ahora será magistrada y formará parte de la Sala Constitucional, y la diputada Gladys Requena, designada inspectora general de los tribunales.
El nuevo TSJ contará también con magistrados cercanos a la oposición, como José Luis Rodríguez, en la Sala de Casación Civil; Elías Bittar, en la Sala de Casación Social; y Luis Emilio Rondón, suplente en Sala Político Administrativa, además de Figueroa, de la Sala Electoral.
El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que se cumplió “cabalmente” con lo establecido en la Constitución venezolana para la selección de los nuevos magistrados y celebró el acuerdo que llevó a esta lista.
La elección de los nuevos magistrados del TSJ fue diferida el pasado 25 de marzo, cuando la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, indicó que se buscarían acuerdos y profundizarían en el trabajo del proceso y consulta al respecto.
Esto fue denunciado, el pasado 6 de abril, por la ONG venezolana Acceso a la Justicia, quien aseguró que se trataba de un retraso injustificado y que el Parlamento había “modificado al menos en ocho ocasiones la convocatoria a la sesión ordinaria que debía celebrarse dentro de los 5 días continuos tras la recepción del listado enviado por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano”.
Por su parte, el gobierno interino de Juan Guaidó rechazó este martes la “imposición” de los 20 nuevos magistrados del TSJ. “Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la imposición de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la dictadura de Nicolás Maduro y de su ilegítima Asamblea. Este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país”, indicó en un comunicado.
A juicio de los opositores, este acto representa un proceso de “repartición de cuotas” que “aleja” las posibilidades de encontrar justicia en los casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en las últimas décadas.
El grupo opositor consideró, además, que esta designación “busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos, disfrazando este encubrimiento en una supuesta renovación del sistema de justicia del país”.
“Lo sucedido hace inviable que en Venezuela se pueda aplicar cualquier tipo de ‘principio de complementariedad’ entre las investigaciones nacionales e internacionales en curso, ya que los tribunales no garantizan que se pueda impartir justicia verdadera”, destacó el texto.
Ante los hechos, los opositores exhortaron a la comunidad internacional a desconocer este nombramiento que, consideran, “profundiza” la crisis institucional en el país caribeño.
“Exhortamos, de igual forma, a los actores nacionales e internacionales a no reconocer ese tribunal como legítimo al ser violatorio de nuestra Constitución, al estar compuesto por actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad y por ir en contra de todas las recomendaciones que las instancias internacionales le han hecho al régimen de (Nicolás) Maduro”, apuntó el escrito.
A través de sus redes sociales, Guaidó sostuvo que la dictadura de Maduro “pretende burlarse nuevamente de las víctimas y ahondar en el secuestro de la justicia en Venezuela”.
“Una asamblea ilegítima y secuestrada pretende una vez más simular normalidad (...) Esto abona en la búsqueda de justicia en la CPI y la necesidad de un Acuerdo integral”, concluyó.
(Con información de EFE)
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