Casi una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y The Washington Office on Latin America, enviaron una carta al presidente argentino, Alberto Fernández, en la que lo instaron a pedir al régimen de Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos, y en particular del defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, quien cumplirá un año encarcelado.
“Nos dirigimos tras sus recientes declaraciones sobre Venezuela para compartir información sobre la situación del defensor de derechos humanos venezolano Javier Tarazona, quien lleva varios meses detenido arbitrariamente a pesar de su delicada condición de salud. Lo instamos respetuosamente a que le pida públicamente a las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro la liberación de Tarazona”, comienza la misiva.
Luego recuerda que el 2 de julio del año pasado, la Policía venezolana detuvo a tres miembros de la organización de derechos humanos Fundaredes al salir del Ministerio Público del estado Falcón, donde habían denunciado varios actos de acoso por parte de los servicios de inteligencia y de hombres armados no identificados.
“Poco antes, la organización había acusado a las autoridades venezolanas de tener nexos con grupos armados en el estado Apure. Los activistas fueron acusados de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, en base a publicaciones que habían realizado en redes sociales y en la página de la organización. Dos de ellos fueron liberados el 26 de octubre con la condición de que se presenten ante la justicia cada ocho días mientras se realiza el juicio en su contra. Javier Tarazona, el director de la organización, continúa detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Miembros de Fundaredes que se han comunicado con Javier Tarazona afirman que ha sido víctima de torturas y que sus necesidades médicas no han sido atendidas”, consignaron las ONG.
Y siguieron: “Desde 2014, varias de las organizaciones firmantes hemos documentado graves casos de tortura contra quienes se encontraban detenidos arbitrariamente en sedes del SEBIN y nos hemos unido a las más de 300 organizaciones de la sociedad civil venezolana que han exigido la liberación de Tarazona y el fin de los esfuerzos gubernamentales para cerrar espacios cívicos en el país. La Alta Comisionada Bachelet expresó su preocupación por el caso de Fundaredes, señalándolo como un ejemplo de las restricciones al espacio cívico, ‘en particular la estigmatización, criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y miembros de la oposición’. Durante su última actualización oral sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo, la Alta Comisionada expresó que sigue ‘preocupada por los enjuiciamientos’ y que, a pesar de la liberación de dos miembros de Fundaredes, estos siguen ‘enfrentándose a cargos penales’, mientras Tarazona sigue detenido y ‘su salud parece deteriorarse’.
La misiva recordó que, “igualmente, cuatro relatores temáticos y un grupo de trabajo de la ONU enviaron dos comunicaciones al Estado venezolano, en julio de 2021 y enero de 2022, solicitando información sobre el caso de Tarazona y manifestando su preocupación por la falta de atención medica necesaria, sin obtener respuesta”.
Las ONG enfatizaron en su carta a Alberto Fernández: “Como organizaciones de derechos humanos que llevamos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela, disentimos de su diagnóstico de que los problemas en Venezuela ‘se han disipado’, así como de declaraciones de la portavoz de su gobierno que sugieren que en Venezuela hay ‘democracia’”.
“La detención de Javier Tarazona es un ejemplo paradigmático de la intolerancia y los abusos del gobierno de Nicolás Maduro. Consideramos que es fundamental que en cualquier comunicación con las autoridades venezolanas se haga hincapié en la necesidad de poner fin a la censura y la campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, así como la liberación de los 239 presos políticos detenidos en Venezuela, según el Foro Penal”, pidieron las ONG.
Por último, expresaron: “Confiamos en que esta carta pueda servir de base para un diálogo constructivo con su gobierno sobre la situación real en Venezuela. Estamos a su disposición para mantener una conversación fluida sobre este y otros casos documentados por las organizaciones firmantes”.
Las organizaciones firmantes son Acción Solidaria, AlertaVenezuela, Amnistía Internacional, Caleidoscopio Humano, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro de derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), Civilis Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Comité de Familiares de las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Foro Penal, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Human Rights Watch, Laboratorio de Paz, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), The Washington Office on Latin America (WOLA) y Un Mundo sin Mordaza.
La carta de las ONG a Alberto Fernández:
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