La respuesta de 68 figuras públicas que se oponen a que Joe Biden levante las sanciones contra Venezuela

Antonio José Ledezma Díaz no le da tregua al régimen venezolano y ante la carta que 25 personas le dirigieron al presidente de EEUU, Joseph Robinette Biden, donde solicitaban aliviar las sanciones económicas, publicó una misiva con 68 firmas, en la que hace énfasis en que “las desgracias que se viven en Venezuela son previas a las sanciones impuestas, por lo que, relajar la presión sobre la tiranía, lo único que garantiza es la perpetuación de la misma junto con quienes durante años, han fingido oponerse, quienes se conformarán con las migajas que los tiranos ofrezcan para su sobrevivencia política”.

La preocupación que los 68 firmantes hacen al mandatario estadounidense como “imperiosa obligación” está basada en “los riesgos de que, instituciones de EEUU, terminen apañando a uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad: la tiranía venezolana, enquistada desde hace 23 años en el hemisferio occidental, en connivencia con el eje ruso, cubano, iraní y coludido con cárteles de drogas y grupos narcoguerrilleros”.

Como respuesta a quienes pidieron flexibilizar las sanciones, Ledezma advierte que “necesidades coyunturales de determinados factores pretenden convertir a las instituciones de EEUU en encubridores del asesinato a sangre fría de cientos de ciudadanos, quienes salieron a las calles únicamente a pedir libertad y, reclamar el presidio sin juicio de más de 300 venezolanos”.

La petición a Joe Biden es enfática: “No permita que el país paladín de los DDHH en el planeta se convierta en cómplice de estos crímenes, ya que no habrá narrativa eficaz ni suficiente propaganda pagada que sea capaz de ocultar esta realidad. Lejos de ceder ante la presión, le animamos a no sucumbir ante la misma”.

Es así como explica que las sanciones “son un mecanismo hoy más pertinente y vigente en el mundo”, colocando como ejemplo que los más disímiles gobiernos e instituciones se han unido “para sancionar severamente el genocidio acometido por Vladimir Putin en contra del pueblo ucraniano, y como gracias a esas sanciones aplicadas al régimen madurista se limitó su capacidad de financiamiento, impidiendo ejecutar sus planes expansionistas”.

Estado fallido

Los 68 firmantes recalcan que “en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre en EEUU, en donde todos están sometidos al imperio de la ley, al igual que en naciones que sostienen regímenes monárquicos, en donde el verdadero rey es la ley, nosotros no dependemos de las leyes, ni del Estado de Derecho, sino del estado de ánimo caprichoso de los tiranos Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro”.

Se arriesgan a asegurar, sin vacilar, que “ya no somos un Estado de Derecho, sino un narco estado, por lo tanto, fallido y forajido a la vez. La crisis es porque no hay seguridad jurídica, no hay separación de poderes, pero sí una descarada impunidad que le garantiza a las mafias que roban, trafican y asesinan seguir cometiendo desafueros. La ‘sanción’ urgente a levantar al pueblo venezolano, es la que representan Maduro y sus socios detentando el poder”.

Responden a preguntas como: ¿Qué tienen que ver las sanciones con la crisis petrolera?, pidiendo no olvidar a quién inició la destrucción de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que fue una de las trasnacionales más prestigiosas del mundo. Hugo Chávez “despidió a más de 22 mil trabajadores y técnicos de Pdvsa, desbarató la Marina Mercante, liquidó nuestras refinerías dentro del país y las que poseíamos en Suecia, Inglaterra, Alemania, Dominicana y Cuba. Ha regalado cuantiosos cargamentos de crudo a sus socios del Foro de Sao Paulo. Por eso no hay suficiente gasolina”.

Una de las preguntas medulares es si por culpa de las sanciones no se permite la importación de alimentos y medicinas. “Otra gran mentira. A los productores y empresarios que resisten los someten a un ambiente pleno de incertidumbres, son víctimas de esa competencia traicionera que facilita el régimen convirtiendo al país en un puerto libre o zona franca, sin que medien políticas comerciales y fiscales definidas”.

“La verdad es que Chávez impuso, arbitrariamente, en el año 2000, una Ley de Tierras que dio lugar a todo tipo de asaltos y expropiaciones de complejos agropecuarios, invadieron millones de hectáreas, de complejos lácteos, mataderos, avícolas, porcinos y empresas de servicios eficientes como Agroisleña. Nunca han estado prohibidas las importaciones de alimentos ni medicinas”.

Aseveran que “las políticas anacrónicas de control de precios y control de cambio liquidaron el aparato productivo del país. La caída del PIB ha sido brutal, equivalente a más de 75%, la actual inflación supera el 600%, el salario sigue siendo paupérrimo, la pobreza arropa a más del 94% de la población, mientras que más de 7 millones de venezolanos hoy son desterrados por los efectos de la tragedia humanitaria compleja que persiste, no por las sanciones, sino por los robos de los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, los hospitales, los acueductos, las vías de comunicación, las escuelas y universidades”.

Le recuerdan a Biden que “en instituciones serias de EEUU se procesan a estafadores que se enriquecieron con importaciones de alimentos, operaciones realizadas con sobrefacturaciones y sobreprecios, además de que eran bienes, en muchos casos descompuestos. El robo ha sido descomunal, se asegura que supera los 600 mil millones de dólares”.

¿Qué solicitan?

Los firmantes de la misiva de Ledezma tienen nueve peticiones que le hacen al presidente de EEUU, Joe Biden: la primera es que “se mantengan y profundicen las sanciones personalizadas contra los depredadores de los bienes públicos y contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, más ahora cuando, la Unión Europea con ustedes, las impulsan contra la masacre que ejecuta Vladimir Putin al pueblo ucraniano”.

“Mantener el cerco antinarcóticos. Mantener las recompensas por captura de los capos del narcotráfico que usurpan poderes públicos en Venezuela. Que se continúen juicios a los extraditados, responsables de insólitas estafas como Alex Saab. Que se ofrezca respaldo a la fase de investigación iniciada en la Corte Penal Internacional. Exigir liberación de presos políticos civiles y militares”.

Y las últimas tres peticiones: “Mantener y ampliar resguardo a bienes venezolanos como inmuebles, oro, capitales financieros y empresas como Citgo. Someter a investigación a los involucrados en los esquemas ilegales de bonistas basado en pautas leoninas. Crear con firmeza, con el concurso de la comunidad internacional comprometida con los principios y valores democráticos, una amenaza creíble para que el régimen desaloje las instituciones que usurpan, hecho cierto que no hace posible pensar en celebrar elecciones auténticamente libres en Venezuela”, finalizan diciendo.

La misiva, encabezada por el Ledezma ex Alcalde Metropolitano Caracas Antonio Ledezma, la firma la dirigente política María Corina Machado; excancilleres y diplomáticos, como Diego Arria (ONU), Humberto Calderón Berti y Gustavo Tarre Briceño (OEA); abogados y/o defensores de derechos humanos, entre ellos Tamara Sujú Directora (Instituto Casla), Adriana Vigilanza, Paciano Padrón (presidente de Comité Internacional contra la Impunidad Ciciven), Luis Corona, Omar Estacio y Zaid Mundarain Rodríguez; dirigentes sindicales y petroleros: Carlos Ortega (CTV), Iván Freites (petrolero), Emilio Negrín (Coalición Sindical) y Jean Pierre Chovet, Juan Fernández, Liliana Ponce García y George Kamkoff (ex Pdvsa) y José Méndez (experto petrolero) ; exministros: Carlos Blanco y Virginia Olivo de Celli.

También, los diputados y/o exparlamentarios: José Rodríguez Iturbe, Richard Blanco, José Luis Pirela, Edwin Luzardo, Rosmit Mantilla, Juan Pablo García, Ismael García, Renzo Prieto, Sonia Andreina Medina, Elías Besi y Juan Carlos Bolívar. Profesores y/o académicos: José Vicente Carrasquero, Omar Noria, Carlos Ñáñez, Pancho Crespo Quintero, Carlos Enrique Núñez, Neuro Villalobos (Exrector LUZ), Vladimir Petit e Iván Ramos. Presos políticos: Vasco Da Costa y Marcelo Crobato. Dirigentes estudiantiles: Nixon Moreno y Vilca Fernández. Exgobernadores: Enrique Salas Römer y Orlando Gutiérrez.

Con ellos: Enrique Aristeguieta Gramnko Miembro Junta Patriótica, Miguel E Otero, Blanca Rosa Mármol (exmagistrada TSJ), Rafael Ortega Magistrado (TSJ Exilio), periodista Nitu Pérez Osuna, sacerdote José Palmar, Jaime Nestarez (Director RCR), empresario Alfredo Tineo, internacionalista Leopoldo Thaylardat, ecologista Luis Augusto Colmenares. Asociaciones y sociedad civil: Luis Manuel Aguana (Proyecto Constituyente), Sady Bigani (expresidente Asociación de Alcaldes), William Cárdenas (Pte. de Asociación Salvavidas), Luis Balo (Táchira), Iván Barboza (Zulia) y Ricardo Ojeda (Resistencia Civil), Genaro Mosquera, José Rafael Herrera, Marisol Angarita, Carlos Alfredo Jaimes García, Abdel Saab y Cesar Donmar.

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