A medida que más militares venezolanos aparecen involucrados en delitos, crece la campaña de la Fuerza Armada para ocultarlo

El Ministerio de la Defensa y el Comandante Estratégico Operacional, con el pool de cuentas que la institución militar mantiene en redes sociales, adelantan una fuerte campaña para mostrar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sí está cumpliendo con su función de defender el territorio y la soberanía. Más allá de las fotos, los videos y los discursos, la realidad es grotesca ante el avance de militares cada vez más participando en narcotráfico, secuestros, atracos, robos, no de manera aislada sino en grupo. La mayoría de la tropa en condiciones lamentables, con sueldos miserables, sin dotación regular de uniforme y calzado, mucho menos posibilidades de transporte.

Los hechos delictivos con la participación de tropa u oficiales no aparecen en la red de propaganda de la Fuerza Armada. También la Fuerza Armada está siendo víctima de la lucha de poder entre Diosdado Cabello Rondón y Nicolás Maduro Moros, lo que se evidencia en la detención de algunos oficiales, dependiendo del bando al que pertenezcan, igual que ocurre con diputados, alcaldes, jefes de institutos, entre otros.

Ya en mayo del año pasado fue detenido el coronel activo del Ejército Luis Augusto Piligra Jiménez, presidente de Lácteos Los Andes desde el año 2019 y un hombre cercano a Cabello Rondón; lo señalaron de tener entre sus activos el hato La Villa en el estado Apure y la marca de leche y distribuidora del mismo nombre, así como yates, aviones, vehículos de lujo y apartamentos. Lo acusaron de corrupción, desestabilización a la economía, peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, contrabando de extracción, asociación y legitimación de capitales.

Casi simultáneamente a la detención de Piligra también detuvieron a su hermano, el capitán William Andrés Rivas Jiménez, quien no aparece relacionado con Lácteos Los Andes y quien sigue detenido, aunque hace cinco meses cuenta con boleta de excarcelación. A la mamá de los Jiménez le allanaron su vivienda, le lanzaron sus pertenencias a la calle y en la entrada de la casa le colocaron un cartel de estar a ordenes de la DGCIM.

Pero no solo detuvieron al coronel Piligra, también a su pareja sentimental Amelys Aracelys Cabrera Gómez, quien había ocupado cargos en Bolipuertos y CVG Bauxilum; a su hermano Pedro Pablo Álvarez Jiménez, representante legal de la Corporación AA Hidalgo & Urdaneta C.A y accionista de Administradora 2325; Karen Carolina Pacheco Díaz, vicepresidenta de la empresa Villa La Estancia C.A.; y María de los Ángeles Perdomo Torres señalada como cómplice. El coronel Piligra Jiménez no asumió lo hechos; los demás se declararon culpables y fueron condenados a cinco años.

Minutos después que el Ministerio Público anunciara la detención de Piligra Jiménez, el gerente del departamento de comercialización y ventas de la empresa, Reinaldo González, se habría suicidado lanzándose del octavo piso del edificio Los Andes.

La banda de Quasimodo

El general de División, Marco Tulio Álvarez Reyes, fue hasta el 5 de febrero de 2022 el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) estado Anzoátegui. Cuando se encontraba en una reunión, en la sede militar de Guanta, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvo, en el marco del Operativo Mano de Hierro.

El alto oficial, conocido como Quasimodo, desde que supuestamente, hace unos años, estuvo implicado en un atentado contra el político colombiano Álvaro Uribe Vélez, fue hombre de confianza, en materia policial y de inteligencia, durante el mandato de Stella Marina Lugo Betancourt de Montilla en la Gobernación del estado Falcón, como Secretario de Seguridad Ciudadana y Comisionado Estadal de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. En esa época Álvarez Reyes trató de pasar desapercibido, no usaba uniforme y no se identificaba como militar activo.

Resultó ser Quasimodo el oficial de más alto rango involucrado en el tráfico de combustible, en el que también resultaron detenidos un alcalde y un ex alcalde, así como el fiscal Superior del estado Bolívar, Manoel Gil Da Silva, el capitán (GNB) Antonio Barrios quien era el Comandante de la Tercera Compañía en Soledad; también los civiles: Virginia Azócar Guiliarte quien era la encargada de la E/S, Virginia Azócar Guiliarte, Luis Corona Bolívar y Junior Nicolás Pérez. El Ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, se refirió a que era “una peligrosa red de delincuencia organizada dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de combustible”.

El 6 de febrero se materializó el nombramiento del GB Omar Enrique Pérez La Rosa como nuevo jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 51 del estado Anzoátegui, sustituyendo al general de división (G/D) Marco Tulio Álvarez Reyes, quien fue detenido porque sería pieza clave del contrabando de combustible.

También apresaron, en el Operativo Mano de Hierro, al alcalde del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Carlos Rafael Vidal Bolívar, quien había resultado reelecto tres meses antes, luego de 14 años siendo el burgomaestre del municipio Independencia del estado Anzoátegui. Era un reconocido jugador de gallos y demostraba vida de lujos. Gozó de protección en el alto gobierno en varios hechos uno de ellos en abril 2016, cuando fue denunciado por haber hecho 30 disparos al aire frente a la residencia del dirigente del partido Vente Venezuela, Lander Ortega, así como el 2 de mayo de 2019, cuando habitantes de sectores de la población Soledad denunciaron que el alcalde los atacó a tiros.

A Vidal Bolívar se le acabó la suerte ante el recrudecimiento del cisma interno que hay en el poder entre Maduro y Diosdado. El alcalde fue convocado para una reunión, el 28 de enero de 2022, con dirigentes de su partido PSUV en Caracas; hasta ahí llegó una comisión de la DGCIM quien se lo llevó. Después apareció en televisión el Tarek El Aissami acusándolo de ser parte de una red de contrabando de combustible.

Otro que resultó preso, el 2 de febrero de 2022, fue el organizador del PSUV en Anzoátegui y ex alcalde chavista, durante dos períodos, del municipio Pedro María Freites, Anzoátegui, Daniel Florencio Haro Méndez. De él dijo el Fiscal Tarek William Saab: “Haro que se dedicaba al desvío y comercialización ilegal de gasolina para abastecer a grupos irregulares que se dedican a la minería ilegal”.

Militares, policías y civiles

El 8 de abril 2022 una reseña de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del distrito Capital da cuenta del desmantelamiento de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), deteniendo en flagrancia a siete militares y policías y a seis civiles.

En el informe preliminar del Comando de Zona D-43 se refiere que fueron capturados, en la Zona Industrial Los Anaucos, municipio Cristóbal Rojas, estado Miranda, por una comisión de 15 funcionarios, dirigidos por el Cap. Deivys Sosa Benavides, Comandante de la 3ra CIA del D-434.

Los detenidos, puestos a orden de la Fiscal 16° del Ministerio Público del estado Miranda, Carmen Oreste, son:

Militares: SM3 (GNB) Alí José Burguera Quintero; S/2 (GNB) Jhonny José González Díaz.

Policías Municipales: Supervisor Agregado Wuilmer Alfredo Rojas Piñango, a quien le incautaron una pistola marca Tanfoglio; Oficial Darwin José Núñez Martínez, quien tenía una pistola marca Glock: ambos adscritos a la Policía del municipio Tomás Lander, estado Miranda.

Policías Nacionales (PNB): Oficial Hannuar Hizcandy Molina Leal, director de Ecología y Reciclaje del municipio Tomás Lander; Oficial Jefe Ángel Giovanny Izquiel Faría, quien tenía una Pistola marca Beretta; y el Supervisor Agregado José Félix Ramírez Rivas, con una Pistola Marca Beretta; los tres adscrito a la PNB del eje Valles del Tuy, Miranda.

Civiles: Franklin Jesús Leal González, Juan Francisco Pereira Gil, Humberto José Suarez Ospino, Ángel Jesús Rondón Rondón y los hermanos Ángel Jesús y Gabriel José Liota Rondón.

A ellos, según reseña la GNB, los encontraron cuando se encontraban desmantelando instalaciones de unos galpones y sustrayendo material estratégico, de lo cual resultó la incautación de: tres mil (3000) kilogramos de material ferroso, además dos vehículos de carga Marca Ford con A90AB1H y A37CK76, un equipo de oxicorte, que sirve para el corte, soldadura y recalentamiento de metales, y para lo cual tenían cinco bombonas de gas propano, con el que causaban la combustión necesaria.

Negocian la gasolina

El 7 de abril de 2022 la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de la región Occidental, destaca que se presentó a la Estación de Servicio (E/S) El 56 (kilómetro 56), municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia, para dar seguimiento a una denuncia sobre la comercialización ilícita de aproximadamente cinco mil litros de gasolina por cada despacho recibido, en las E/S ubicadas en el KM56 y el KM40.

La denuncia es que esas gasolineras vendían a empresas privadas, entre ellas Inversiones Avícola, C.A (Pollos Kiri Kiri), el combustible a 0,90 céntimos de dólar el litro, “empleando para la justificación del combustible a PDVSA artificios y mecanismos que violan la normativa con el equipo biométrico (Biopago)”.

Es decir, el modus operandi es emplear habitantes de otros municipios del estado Zulia, para que realicen el canje o venta de su huella del sistema integrado Biopago, por el lítraje completo de 120 litros; las personas que se prestaban para eso recibían a cambio 10 dólares o veinte 20 litros de combustible.

Esa acción la realizaba un GEDO conformado por efectivos militares y civiles:

Militares: PTTE. José Alejandro Lunar García y SA Richard Manuel Méndez Pineda; también el Teniente Coronel Jerson Villarroel Gómez, S1 Carlos Eduardo Leal Pérez y S1 Anderson Felipe Bracho Araujo, porque “a través de la revisión empírica y análisis telefónico de los equipos celulares incautados”, se evidenció su participación en el desvío de la gasolina en la E/S KM 56.

Civiles: Deisy Karina Mesa Puche y Dianela Rosario Manzano Siritt.

La DGCIM dice en su reporte que “se pudo corroborar que efectivamente que en la Estación de Servicio El KM 56, el personal de efectivos militar y administrativo se encontraban realizado dicha actividad ilícita con el combustible. Durante el procedimiento se logró determinar la posible vinculación de otros efectivos militares en esta actividad”. El caso quedó en manos de la Fiscal 26 del MP en Contra la Corrupción, la abogado Janín Hernández.

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