Venezuela ha registrado al menos 320 muertos en protestas desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 -hace 20 años- contra el entonces mandatario, Hugo Chávez, una “letalidad” que “aumentó exponencialmente” desde 2014, con Nicolás Maduro en el poder, según datos de la ONG Provea.
“El proyecto bolivariano -que discursivamente reivindicó el derecho a la manifestación pacífica-, no solo afinó los mecanismos jurídicos para restringir su ejercicio; también -en su etapa más reciente-, aumentó dramáticamente la letalidad ejercida contra quienes expresan su descontento en las calles”, aseguró la ONG en una nota difundida a través de su página web.
Asimismo, señaló que un total de 9.138 personas resultaron heridas en el contexto de manifestaciones entre los años 2002 y 2020.
“El empleo excesivo de la fuerza contra los manifestantes, sumado a la ausencia de una política integral de reparación a las víctimas (...), mantiene en la impunidad a la casi totalidad de casos y somete a sufrimientos físicos y psíquicos a centenares de personas que aún padecen las consecuencias de los daños infligidos sin contar con atención alguna por parte del Estado venezolano”, sostuvo.
Según Provea, el 11 de abril comenzó un “prolongado proceso de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas”.
“La creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, es hoy día uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Chávez, continuado ahora por Nicolás Maduro”, aseveró.
Luego de los sucesos de abril de 2002, prosiguió Provea, “comenzó a levantarse un muro para impedir que movilizaciones convocadas por sectores de la oposición venezolana, pudieran dirigirse a sedes de instituciones gubernamentales como el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios”.
En los últimos 20 años, de acuerdo con Provea, el chavismo ha reforzado leyes para obstaculizar el ejercicio de la protesta, impedir asambleas en empresas públicas e instituciones del Estado, cierres de calles o el derecho a huelga por parte de compañías estatales.
Además, desde entonces, “se hizo cada vez más frecuente la presencia de civiles armados para atacar manifestaciones”, destacó.
Agregó que, desde 2014, la gestión de Maduro “pisó a fondo el acelerador para consolidar rápidamente el andamiaje anti-protestas”, y recordó las manifestaciones antigubernamentales de 2017, cuando hubo “143 asesinados, más de 3.000 heridos, 5.000 detenidos, empleo de la justicia militar para procesar a civiles, allanamientos y ataques masivos contra zonas residenciales”.
En Venezuela hubo 6.560 protestas en 2021, un promedio de 18 diarias, lo que representa una disminución del 32 % con respecto al 2020, según datos difundidos este martes por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
“Es una disminución significativa en comparación con 2020″, dijo a Efe por teléfono el coordinador general de la ONG, Marco Antonio Ponce. En 2020, el OVCS documentó 9.633 protestas, con un promedio de 26 diarias.
De las 6.560 protestas registradas en 2021, 4.853 estuvieron relacionadas con reclamos por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y 1.707 asociadas a derechos civiles y políticos.
Ponce explicó que una de las causas de la disminución de las protestas es “la progresiva represión y criminalización que el Gobierno de (Nicolás) Maduro ha ejercido sobre las manifestaciones”.
La organización documentó 2.066 protestas con exigencias por servicios básicos, de las cuales 980 fueron por acceso al agua potable y 587 en rechazo a “los constantes y prolongados” cortes eléctricos.
(Con información de EFE)
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