El Observatorio Nacional de DDHH denunció que la justicia en Venezuela se usa contra los derechos de presos políticos civiles y militares

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos (ONDDHH) está señalando constantemente la situación de presos políticos venezolanos y de aquellos detenidos a quienes se les viola los derechos humanos y el debido proceso. Hay casos aberrantes de personas detenidas por ser familiares de otro preso o de alguien a quien los organismos de inteligencia pretenden apresar o extraditar: así está detenido el capitán Rivas Jiménez hermano del coronel Piligra Jiménez y los esposos Marrufo Delgado porque María Auxiliadora es hermana de Delgado Tabosky.

“En Venezuela, la violación de derechos humanos se ha agravado en los últimos años, convirtiéndose en uno de los escenarios más críticos dentro de la crisis compleja que atraviesa el país. Numerosas violaciones de derechos humanos derivadas de las políticas del régimen y del uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad, así como del uso indebido del sistema de justicia, constituyen un mecanismo de persecución política”, destaca el Observatorio.

Entre los presos políticos por quienes aboga el Observatorio está Ángelo Moisés Rosales Santos, quien se encuentra recluido en el Rodeo II, padece hepatitis y no ha recibido atención médica. “La vida de Ángelo está en riesgo, debe ser chequeado por un médico y recibir la atención debida de manera inmediata”, exige el Observatorio, quien tiene entre sus integrantes a la destacada jurista Theresly Aída Malavé Wadskier.

“Desde el ONDDHH exigimos respeto a los derechos de los presos políticos: Gabriel Barros, Giulliany Espinoza, Alberto Polo, Robert Salas, Juan Ubencio, Larry Briceño, Luis Mariño, Dirimon Pernía, Luis Mariño, Alayeto Bigott, Dixon Jiménez. Seguimos elevando la exigencia de respeto de los DDHH de los venezolanos y trabajando en la documentación, denuncia y difusión de la vulneración de estos en el país”.

Recientemente un grupo de familiares de presos políticos se ubicaron frente a la sede del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en Chacao, Caracas, acompañados por los dirigentes políticos y ex diputados Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos y Yajaira Haydee Forero Peñaloza para exigir la liberación los presos políticos civiles y militares, a través de una Ley de Amnistía. “No podemos permitir que los presos políticos pasen al olvido. Tenemos que estar permanente actuando en función de su libertad plena”, dijo Guanipa.

Varios casos han sido decididos en juicios exprés. En los casos Honor y Gloria, Operación David y Operación Gedeón, han llamado a audiencias rápidas. El hermano del detenido Jesús Castro dijo que “los recibieron el 22 marzo 2022, 4:00 pm, para la Audiencia al juicio; a pesar de no tener pruebas contra ellos ni nada, hubo pausa en el juicio que seguirá la próxima semana”.

Los Marrufo

Juan Carlos Marrufo Capozzi y su esposa María Auxiliadora Delgado Taboski tienen doble nacionalidad, él italiana y ella española; fueron detenidos por la Operación David, que lideró el capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott cuando asaltó el Fuerte Paramacay. El 19 de marzo 2018 la DGCIM se presenta a su casa, roba todo lo que encuentra y los detienen; el Ministerio Público no encontró pruebas contra ellos, aun así permanecieron siete meses detenidos con boleta de excarcelación, hasta que los liberan el 2 de octubre 2018, aunque 24 horas después fueron nuevamente detenidos.

Nunca se ha determinado qué pruebas hay contra ellos, a quienes la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acusa de financiación al terrorismo, y asociación para delinquir, implicándolos en el caso de los drones, ocurrido el 4 de agosto 2018, cuando ocurrió un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.

La defensora del matrimonio Marrufo, Lucila Hurtado, ha denunciado la violación de los derechos humanos y el debido proceso de la pareja. También el Observatorio de Derechos Humanos ha señalado que la causa de la pareja “está paralizada en el juzgado 1ro de juico Contra el Terrorismo, cese del hacinamiento y a los tratos crueles e inhumanos”.

La verdadera razón es que los mantienen para presionar a que se entregue Osman Alexis Delgado Tabosky, hermano de María Auxiliadora. Nicolás Maduro ha asegurado públicamente que Osman Alexis es el financista de la Operación David y del intento de magnicidio en su contra, asegurando que el militar retirado, quien vive en los EEUU, compró y envió los drones además de ofrecer 50 millones de dólares a los implicados.

El entonces ministro del Interior y Justicia, general (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, dijo le incautarían a Delgado Tabosky bienes, que le habrían servido para financiar el asalto al Paramacay y la compra de los drones. Entre las propiedades están dos hospitales en construcción en Carabobo, una finca, varias empresas pequeñas, un centro de rehabilitación en Aragua y locales comerciales.

De los bienes de Delgado Tabosky y los Marrufo se apropiaron los organismos de Inteligencia, tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) como la DGCIM. Incluso el SEBIN ocupó las oficinas del canal regional Dat TV, propiedad del padre de Delgado Tabosky, también la clínica Elohim, de la que se llevaron computadoras y otros equipos del área de Imagenología. Igualmente, en Valencia allanaron la sede de Presalud que prestaba servicios médicos.

Es capitán activo

La primera vez que el capitán William Andrés Rivas Jiménez fue detenido, fue poco después de la operación, el 19 de septiembre 2020, que arrancó la Zona Operativa de Defensa Integral contra el campamento de alias Ferley del Frente Décimo de las FARC en el estado Apure del que resultaron muertos cuatro militares y un guerrillero; el capitán era jefe de la Unidad Militar 9202 Escamoto de La Charca, parroquia Rafael Urdaneta, estado Apure, y lo señalaron de haber saboteado la Operación.

El coronel Benigno Antonio Medina Valero, Juez Militar Décimo Cuarto de Control de Guasdualito, lo deja preso por los delitos de Contrabando Agravado, concusión y Asociación; con el tiempo le quitan los cargos y él admite el de desobediencia, quedando en libertad.

Pasa el tiempo hasta que el 14 de mayo 2021, detienen a sus hermanos: coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, presidente de Lácteos Los Andes y Pedro Álvarez Jiménez. Inexplicablemente, a los 14 días detención nuevamente al capitán Rivas Jiménez, y le imputan los mismos delitos que el año anterior le dictó el Tribunal Militar de Guasdualito; queda así en manos del Tribunal de Terrorismo a cargo de la juez Claudia López.

Rivas Jiménez tiene una orden de libertad plena, desde el 15 de noviembre 2021, pero tiene cinco meses preso en la antigua cárcel La Planta, aun cuando es un militar activo y ese es un centro de reclusión para extranjeros. “Ese día les dije a la Juez y al Fiscal Farik Mora que fui torturado, pero ellos hicieron caso omiso a esa denuncia”, dijo el capitán ante el Tribunal.

El Ministerio Penitenciario no ejecuta la libertad ordenada por el Tribunal de Terrorismo, por lo que la defensa de Rivas introduce un hábeas Corpus, del cual nunca dieron respuesta. Aunque Rivas aparece en la causa del coronel Héctor Luis Parra Longart, comandante de la 921 B.C. “Manuel Cedeño”; capitán Jonathan Gómez Ospina, de la 92 Brigada de Caribes Tcnel. Marcelo Gómez; SM3 Samuel de Jesús Brito Guerrero, S1 José Manuel Reyes Nelo, Sargentos Segundos Omar José Moreno Rodríguez, Wilver Estermy Hernández Rojas, Erika Yolanda Irumbe Silva, y Anderson Javier Rivero Rivero. Todos cumplieron prisión en la cárcel militar de Ramo Verde y todos salieron en libertad en septiembre 2021, solo el capitán Rivas está en un centro de civiles y sigue preso.

A Rivas, cuando la DGCIM lo detiene, le quitan dos vehículos, pero solo colocaron uno en el expediente. El otro aparece ahora a nombre de otra persona sin que el capitán se lo haya vendido a nadie. El que incluyeron en el expediente, le robaron la caja y el motor.

El 23 de diciembre 2022, ante una denuncia sobre la privación ilegal de Rivas, la respuesta del Fiscal es que el caso lo lleva el Fiscal General Tarek William Saab. Teniendo libertad plena y sin restricciones por orden del Tribunal, el capitán Rivas Jiménez sigue detenido.

Laura Lara

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos denuncia que Laura del Carmen Lara Soza, “fue detenida de manera injusta por funcionarios del SEBIN y recluida en la sede de El Helicoide durante un 1 año y 2 meses, para luego ser trasladada al INOF, donde lleva 7 meses y aún permanece. La causa cursa en el Tribunal Especial Primero Contra el Terrorismo y presenta un retardo procesal importante dado que ha sido diferida en once oportunidades, por ende, no se ha celebrado la audiencia preliminar”, agregando que le han sido vulnerados sus derechos humanos.

El TSJ, cuando publicó la decisión del Tribunal Especial contra Terrorismo asociados a corrupción y delincuencia organizada, dictó privativa de libertad contra Alexis Ramón Riera Lugo, director del Hospital Enrique Tejera de Carabobo por presunto contrabando de extracción y peculado; Juan Carlos Yáñez Viera fue señalado por los mismos delitos además de peculado doloso propio; mientras que a Rafael Antonio Mendivelso y Laura del Carmen Lara Sosa, por contrabando de extracción, terrorismo y asociación.

Les imputaron contrabando de extracción por intentar vender en dólares las ampollas Remdesivir, utilizadas para el tratamiento del COVID-19. Riera Lugo, además de director del Hospital Tejera era director de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) y director regional de Salud. Mendivelso iba con su primo Antonio José Amell Castillo, médico colombiano y residente en el Hospital Tejera, cuando fue detenido una semana antes al intentar vender las ampollas Remdesivir. A Lara Sosa la implican por ser dueña del vehículo en el cual se trasladó Amell Castillo a entregar las medicinas.

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