En la guerra por el poder judicial en Venezuela, liberaron en Apure a varios detenidos por narcotráfico

Cuando el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar dijo que en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “se habla de que no tiene 32 magistrados sino 34. Que hay una magistrada 33 que toma las decisiones”, enfilaba sus críticas contra el poder del alto tribunal, a través de su presidente Maikel José Moreno Pérez, pero en realidad es otro capítulo de la lucha de poder entre Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello Rondón.

Hasta la muerte, en diciembre 2020, del político José Vicente Rangel Vale, era él quien había manejado los hilos del poder judicial con mayor habilidad; lo hizo en el Ministerio Público, en diversos tribunales y en el TSJ, en muchos casos imponía jueces, decidía la asignación de fiscales y las sentencias más importantes desde el punto de vista económico y político. Todo ello lo logró Rangel gracias a su incondicionalidad con el chavismo y su disfrute del poder junto al entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien lo nombró ministro de la Defensa, siendo el único civil en ese cargo durante la revolución bolivariana y también vicepresidente de la República.

Después de la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías, en el 2013, Nicolás Maduro, pero principalmente Cilia Adela Flores de Maduro, trataron de tomar el control de la administración de justicia, pero Cabello influyó, y Rangel Vale fue determinante para que la Fiscal General fuera Luisa Marvelia Ortega Díaz y no la comadre de Cilia, Miriam del Valle Morandy Mijares.

Para el 2017, Ortega Díaz enfrentó decisiones del Ejecutivo Nacional, denunció lo que estaba ocurriendo con las OLP, las desapariciones y asesinatos que ejecutaban, lo que la apartaron de la revolución bolivariana y de Cabello. Otra vez aparece el diputado Pedro Carreño, quien también en el canal del Gobierno VTV, como lo hace ahora, denunció a Ortega Díaz de padecer insania mental, por lo que sugería al TSJ conformar una junta médica que evaluara si la Fiscal podía continuar o no en el cargo. La entonces Fiscal General denunció irregularidades en la designación de los magistrados. Carreño solicitó al TSJ antejuicio de mérito contra Ortega Díaz para proceder a su destitución, la prohibición de salida del país y el congelamiento de sus bienes.

Diosdado se mantuvo muy cerca de José Vicente Rangel Vale y así logró tener influencia en algunos magistrados y fiscales del país, pero el avanzado estado de vejez de Rangel y sus frecuentes recaídas de salud, le permitieron a Flores de Maduro tener mayor control del poder judicial, lo que había iniciado desde que estuvo como presidente de la Asamblea Nacional; en esa época se acercó al grupo la Trujillanidad, logrando que unos parlamentarios migraran hacia el TSJ, entre ellos el entonces diputado y su amigo cercano, el magistrado Juan José Mendoza Jover.

Pieza de Diosdado

Carreño Escobar es uno de los más incondicionales subalternos de Cabello Rondón; el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tenía una guerra silente con el presidente del TSJ. Un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) relata cuál fue el momento más álgido entre los dos cuando el SEBIN, controlado por Cabello a través del general Gustavo Enrique González López, prohibió la injerencia de Moreno Pérez en los asuntos de ese organismo.

“Lo que se nos dijo en el SEBIN es que Maikel Moreno arreglaba sentencias con los jueces, a cambio de importantes sumas de dinero, como lo hacen muchos magistrados, pero en su caso él influía para que se emitieran las órdenes de excarcelación sin considerar si procedían o no. A partir de ahí, cada vez que llegaba una boleta de excarcelación detrás de la cual estaba la mano de Moreno, no se excarcelaba al detenido. ¿Recuerda que empezaron a haber muchas denuncias de gente alegando que aun con boleta de excarcelación no se les permitía salir?”.

“Las llamadas y mensajes de Moreno empezaban a llegar presionando. Eso siguió así hasta que el presidente del TSJ recibió el mensaje directo y preciso del SEBIN, que le advertía de las consecuencias de que siguiera esa presión. No fue con palabras tan decentes, pero el mensaje le llegó”, relata el funcionario de Inteligencia.

Si analizamos en ese contexto lo dicho por Carreño en el programa de televisión, cuando agregó que en la instalación del año judicial “escuché con detenimiento los discursos y allí no observé ninguna rectificación, ninguna revisión, ningún llamado a enmendar. Eso era el Titanic. El barco hundiéndose y puro aplauso, puros logros, puras conquistas. ¡Y la corrupción que pulula allí, todo lo que está pasando dentro del sistema de Justicia! ¿Dios mío, no van a hacer una rectificación? Ni la magistrada (Marjorie Calderón) ni el presidente (Maikel Moreno), eso era puro logro. El Titanic hundiéndose y la orquesta sonando”.

En marzo 2021, el abogado y periodista José Rafael Ramírez, publicó “Solchy Delgado Paredes, con el argumento de que “son órdenes del jefe”, prohíbe expresamente a todos los jueces penales otorgar ninguna medida cautelar o libertad, sin su consentimiento, es decir, todas las decisiones que deben tomar los jueces tienen obligatoriamente que ser consultadas con ella, antes de tomarla. Igual ocurre con las audiencias de presentación, preliminar o juicio, donde a todos deben aplicárseles la “Ley Solchi”, es decir que todos quedan privados, hasta que la súper magistrada 33 revise la medida. ¡Algo nunca visto en la jurisdicción penal!”.

Familia, negocios y sentencias

En todos los estados del país el deterioro y corrupción del poder judicial, que se hizo dramática durante la revolución bolivariana, va de la mano con las decisiones que se toman desde el poder político para usar a la justicia como el comodín de sus intereses.

Es así como en el momento en que Luisa Ortega Díaz se enfrenta a algunas decisiones del gobierno de Nicolás Maduro, de inmediato cientos de los casos de civiles, muchos de ellos jóvenes detenidos en las protestas públicas, fueron enviados a los tribunales militares, cuyos jueces y fiscales violentaron los derechos y principios universales de las personas que procesaron.

Casos como el de la Juez María Lourdes Afiuni Mora comprometen la independencia del poder judicial, porque ella fue detenida y juzgada, por orden de Hugo Chávez, por la decisión que tomó al beneficiar, apegada a la Ley, al banquero Eligio Cedeño; el error no lo cometió Afiuni sino los fiscales que no se presentaron al tribunal ese día.

Aunque lo de la jueza Afiuni ocurrió hace trece años, se repite el caso de un juez encarcelado por tomar una decisión. Es el caso del Juez Primero de Control del estado Apure, Carlos Alberto Jaimes Gómez, quien después de percatarse que decidió una orden de aprensión por delito en flagrancia en Apure, contra alguien que estaba preso en ese momento en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, dejó en libertad plena al imputado Reyes Gabriel Hernández González. La DGCIM detuvo al juez Jaimes Gómez y al abogado de la defensa, el capitán retirado Juan Carlos Guillén Rosales.

El fin de semana pasado la diputada Luisa Rodríguez Tabares estuvo en el estado Apure presidiendo la Comisión de la “Revolución Judicial”, que preside Diosdado Cabello Rondón. El domingo 3 de abril, antes de la medianoche, concluyó la tercera reunión de la comisión con el abogado Guillén Rosales y el Juez Jaimes Gómez. La diputada dijo que ella no podía tomar le decisión de liberarlos porque no le dieron la orden de hacerlo, pero que era mejor que no denunciaran.

Hace tiempo la praxis de liberar presos para desocupar las cárceles se dio con la Operación Cayapa que dirigió la entonces Ministra de Asuntos Penitenciario, María Iris Varela Rangel, que decidía arbitrariamente, sin decisión del Tribunal, liberar gran cantidad de presos, muchos de ellos delincuentes de alta peligrosidad.

Ahora la comisión que dirige Cabello Rondón decide algo similar a la Operación Cayapa, así es como la diputada Rodríguez Tabares, a través del presidente del Circuito Edwin Manuel Blanco Lima, liberó a más de 80 personas, varios de ellos involucrados en narcotráfico, aun cuando ese delito no tiene beneficio de Ley, incluyendo los militares de Puerto Páez y Cinaruco involucrados en un sonado caso de drogas en Apure.

Justicia tuerta

La magistrada 33, como la llama Pedro Carreño, sería la abogada y ex juez Solchy Delgado Paredes, asistente de la Presidencia de la Sala de Casación Penal, y aparece como la persona que llama y ordena las decisiones en muchos casos. Así ocurrió en el del juez Carlos Jaimes y del abogado Guillén. “Solchy es la que manda y Edwin Manuel Blanco Lima y la juez de drogas Rosa Amelia Mota obedecen las órdenes de ella”.

En Táchira jubilaron a la presidenta del Circuito y juez rectora, Ledy Yorley Pérez pero no ha entregado el cargo aun. Nombraron jueza de la corte a Odomaira Paredes, prima de Solchy Delgado Paredes y es la que hasta que Pedro Carreño mencionó lo de la magistrada 33, estuvo en Caracas buscando que la nombren. Los tentáculos de Solchy, llegan hasta el Táchira, porque son de Coloncito, municipio Panamericano”.

El abogado y ex parlamentario Carlos Fredy Casanova Leal dijo, en un artículo publicado en Diario La Nación del Táchira, como respuesta a la denuncia del diputado Pedro Carreño, que “la investigación debe ser amplia, no solo a los abogados que operan desde afuera en el propósito de voltear el contenido de las sentencias, debe alcanzar a los magistrados y la colaboración del personal interno de las salas”.

Anunció que tiene “una prueba que se origina aquí, en San Cristóbal, y que encontró como epicentro el TSJ” y que está dispuesto a entregarla “si se establecen mecanismos ciertos para ventilarlos con la responsabilidad debida o si forma parte del acervo probatorio que se decida acumular, toda vez que está en línea con la denuncia formulada en el sentido de que existen decisiones y sentencias que se arreglan desde afuera del TSJ, con personas que no son magistrados, pero que con connivencia interna luego salen decididas”.

Mencionó la “injerencia externa a las salas del TSJ para cambiar o voltear las sentencias previas de los juzgados superiores de los estados”, la violación a la imparcialidad debida y el daño económico a quien ganó los juicios y se ve perdidoso por imperio de la manipulación de sentencias en el TSJ.

Considera que debe realizarse “una suerte de auditoría a las últimas sentencias emitidas por las salas para determinar circunstancias anómalas que hagan presumir un interés en el resultado de las decisiones”.

“Al nuevo TSJ, en la Sala Civil, presentaré las pruebas sobre cómo se voltearon el Derecho y la ley para favorecer un caso, en perjuicio de los demás venezolanos, quienes se verán terriblemente afectados por la aplicación de esta jurisprudencia”, dijo Casanova Leal.

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