Qué dice la investigación oficial sobre la batalla en la que los militares venezolanos mataron a cuatro indígenas Yanomamis

La inocultable y brutal masacre de cuatro yanomamis por parte de soldados venezolanos ha causado el repudio nacional e internacional cuando los arcos y las flechas de los indígenas se enfrentaron a las armas de fuego de los militares de la Aviación ubicados en la Base Fronteriza de Parimabe, municipio Alto Orinoco, estado Amazonas. El reporte del CICPC, expediente K-22-0256-00108, da cuenta que incautaron cuatro conchas o casquillos calibre 9mm, un arma marca Beretta 92F, además unas 70 conchas o casquillo de fusil AK103 calibre 7,62 mm.

Identifican a los cuatro indígenas muertos: EGS (23 años), JB (33), CSG y MG (48).

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) destaca la Comisión multidisciplinaria conformada por el General de Brigada (Av) Francisco Zapata, comandante de la base Aérea José Antonio Páez; por el Servicio de Medicina Forense (Senamecf) el doctor Amaury Gutiérrez; Paola Matarán por el Ministerio Publico; y Comisario Alí Pérez del CICPC Delegación Municipal Puerto Ayacucho. Ellos se trasladaron vía aérea desde la capital de Amazonas hacia el lugar de los hechos.

“De las primeras investigaciones se pudo conocer que el cacique Sabino Silva y varios miembros de la Comunidad Yanomamis, sostuvieron una fuerte discusión con los funcionarios de la Aviación por motivos aún por determinar, esgrimiendo de ambas partes armas de fuego, escopetas, arcos y flechas, con el resultado ya conocido de heridos y fallecidos”.

“El equipo multidisciplinario pernoctará en la Base la Esmeralda de las FANB el día de hoy (22 de marzo) y arribarán el día de mañana a la Ciudad de Puerto Ayacucho. Se deja constancia que las comunicaciones y señal celular son nulas en las Comunidades indígenas por lo que al tener más información se notificará a la Superioridad”.

Indígenas heridos:

-El yanomami BS (16 años), herido por arma de fuego en la región del húmero del brazo izquierdo con fractura expuesta y en la pierna derecha.

-Sabino Silva, Cacique de la comunidad yanomami: heridas por arma de fuego, una rasante en la región parietal derecha y otra en la mano derecha.

-Gary García Borguez, esposa del Cacique Sabino: herida por arma de fuego en la mano derecha.

Militares heridos:

-1er Teniente (Av) Christopher Jesús Bolívar Pino (38 años): heridas por arma de fuego en el abdomen (entrada), en intercostal izquierdo (salida), en la región axilar (entrada) y en región del omoplato (salida).

-1er Teniente (Av) Eduar José Evans Seijas (25 años): herida por arma de fuego en el abdomen.

-Soldado (Av) Jefferson Jesús Sebastián Garrido Urión: herida por arma de fuego en el abdomen.

Después que los indígenas permitieron el traslado de los heridos desde el lugar de los hechos hasta el hospital, ha continuado el cerco que los yanomamis tienen alrededor de la Base Fronteriza Parimabe.

La Fiscal entrevista a los funcionarios militares involucrados en el hecho, en la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), lo que causa molestia entre los indígenas que consideran poca transparencia del Ministerio Público hacer los interrogatorios en la sede militar, siendo los soldados de la Aviación los causantes del asesinato de los yanomami.

Repudian la masacre

52 representantes de organizaciones y pueblos indígenas de Venezuela se pronuncian “ante el crimen cometido, el domingo 20 de marzo 2022, contra hermanos yanomami Parima B, Alto Orinoco, estado Amazonas”.

Lo primero que enfatizan es que los cuatro yanomamis “fueron vilmente masacrados por miembros de la Fuerza Armada Nacional, acantonadas en las tierras ancestrales de los Yanomami y Ye´kwana”.

“Una vez más, uno de los componentes de las Fuerza Armada de Venezuela, ha manchado su uniforme con el asesinato de cuatro (4) miembros del pueblo Yanomami, incluyendo una mujer, así mismo resultaron varios heridos; esta masacre fue perpetrada con uso ventajoso y de superioridad bélica por las armas del Estado, atentando contra la integridad física del pueblo indígena que ha sido guardián ancestral del territorio y garante de la soberanía nacional en la Amazonia venezolana”.

“El lamentable aniquilamiento de las victimas ocurre por motivos innobles y fútiles, debido al reclamo por parte de la Comunidad a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que les devolviesen el enrutador para la conexión inalámbrica porque requerían conectarse al internet que es un derecho humano garantizado por la ONU (A/HRC/32/L.20), los militares rehusaron a devolver el dispositivo que les había prestado la comunidad yanomami violando de este modo sus derechos humanos, y un atentado contra la libertad de expresión y la información libre”.

Condenan y rechazan las actuaciones de los funcionarios militares “responsables de esta masacre. Exigimos al Gobierno Nacional se imparta justicia, esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables de estos crímenes. Así como la aplicación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, establecidos en el marco normativo nacional e internacional suscrito por Venezuela”.

Enfatizaron que condenan “el asesinato y el femicidio perpetrado contra una mujer indígena por funcionarios encargados de garantizar la seguridad territorial y fronteriza, violentando el derecho humano a la vida, en especial los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, que en ejercicio de su libre determinación viven en condiciones de aislamiento voluntario o contacto inicial”.

Escuchar a los indígenas

En el documento que suscribieron las organizaciones y representantes indígenas exhortan a la administración de justicia “jueces y fiscales del Ministerio Publico, Dirección General de derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, así como los organismos de investigación, a escuchar a las autoridades y líderes indígenas, así como a reconocer el derecho a la propiedad de las tierras y hábitats que tradicionalmente ocupan y en la que hay un derecho consuetudinario indígena que regula la vida de la comunidad que está garantizado en la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas”.

Piden comprender que “están en territorio indígena donde se aplica la justicia propia yanomami; estas formas de justicia yanomami es lo que ha mantenido el equilibrio, la armonía y la convivencia en dicho espacio”.

“Rechazamos las acciones xenofóbicas, discriminación racial y de género que trae como consecuencia el geno-etnocidio de un pueblo originario que ha mantenido y preservado milenariamente con su sabiduría el equilibrio ecológico de la amazonia venezolana. Esto enarbola al pueblo indígena yanomami como portador de conocimientos y practicas considerados patrimonios culturales material e inmaterial del país y de la humanidad”.

Alertaron a los organismos garantes de los derechos humanos de los pueblos indígenas fundamentales, “sobre los reiterados ataques brutales a miembros del pueblo Yanomami, así como de otros pueblos indígenas”, a la vez que recordaron la masacre en Haximu, que hace 30 años cometieron garimpeiros brasileros contra los Yanomami. También “los hechos cometidos por un comando de la DGCIM a un grupo de hermanos Pemón en Canaima, Gran Sabana, estado Bolívar, en diciembre 2018, donde murió un hermano pemón”.

Los firmantes dicen que los continuos hechos de violencia “evidencian una sistemática violación a los derechos humanos fundamentales y como pueblos indígenas, ocasionados por actuaciones de autoridades civiles y militares ubicados en los hábitats y territorios de nuestros pueblos indígenas”.

Proponen exigir y asumir “ante nuestros Pueblos Indígenas, autoridades civiles y militares, ante la opinión pública nacional e internacional que lo ocurrido en Parima B, con el saldo de 4 hermanos Yanomami ajusticiados es una responsabilidad del Estado bolivariano y socialista, y quienes actuaron a su nombre con las armas de la República en contra de una población indefensa de manera desproporcionada por lo que deben ser procesados y condenados”.

También la revisión del papel de la FANB, de las autoridades civiles y policiales, “situadas en los territorios indígenas haciendo uso desproporcionado y desmedido de la fuerza pública que se opone totalmente a las formas pacíficas de resolución de conflictos de los pueblos indígenas en sus tierras y hábitats tradicionales”.

Finalmente solicitan la revisión exhaustiva para determinar si la llamada unidad cívico militar está siendo aplicada efectivamente en los territorios indígenas, según el espíritu y mandato de Hugo Chávez.

Piden que la Fiscalía General de la República y demás órganos auxiliares de justicia, inicien una “investigación objetiva en cuanto a este suceso y a otros estos hechos de violación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas”.

Consideran que el reciente caso donde murieron los cuatro yanonamis así como otros ocurridos en territorios indígenas, “deben ser conocidos por la Jurisdicción Indígena, pendientes por la aplicación de justicia, y no sean desviados a la Jurisdicción Militar, como ya ha ocurrido en otros casos, que terminan en un limbo judicial, donde la verdad de los más vulnerables es opacada por la verdad procesal”.

Recomiendan la instalación de mesas de trabajos permanentes y de dialogo para resolver los conflictos existentes actualmente en territorios indígenas a la vez que se implemente programas de formación y capacitación de los funcionarios públicos civiles o militares que laboren en hábitat y tierras indígenas, en actividades o instituciones relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas, para el conocimiento y respeto de sus derechos, culturas, usos y costumbres.

Instan a que los funcionarios, desde Nicolás Maduro Moros, incluyendo diputados nacionales y regionales, concejales y demás voceros indígenas electos por votación popular, así como organizaciones e Institucionalidad indígena “a realizar un pronunciamiento contundente y unitario, condenando esta nueva agresión, funesta y trágica que enluta a nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas”.

Advierten “a la mediática de la derecha y sus voceros políticos nacionales e internacionales, a no usar y tergiversar lo que expresamos como un ataque al Gobierno, al proceso revolucionario y a las Fuerzas Armadas Bolivarianas”, para solicitar finalmente que lo que solicitan “es justicia, activar los mecanismos necesarios para extirpar el cáncer de la Impunidad, el clasismo y el racismo que persiste dentro de las instituciones de Nuestro Estado Bolivariano, cuyos males operan en Territorios Indígenas”.

El documento lo suscriben: Orpia, Upciaven, AC de Mujeres Emprendedoras Bare, AC Temendawi, Red de Defensores de DDHH derechos indígenas y derechos de la Naturaleza, Comité Indígena Puerto Samariapo, Escuela de Idioma Indígena Bare, Redsur, Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Fundación de Asistencia Global Indígena, Orindeiwa, Movimiento de unidad Wayuu Añu Wakuaipa de Río Negro, Organización Wayuuwaka, Fundawaleker, Asociación Indígena del Arte Wayuu Jalianaya, Organización Chaima Sucre, Organización Autónoma de Putchipuu de la Guajira, Organización Binacional de Mujeres Wayuu, Fundación Lumaa, Movimiento Indígena de Guayana.

También por los Bare: Menca Yacame, Rosa Petit, Yarit Rodríguez, Nieves Azuaje, Silvestra González y Mirleny Guerrero. Por Baniva: Olga Melguero, Nieves López, Belkis Bueno, Diana Frontado y Miguel Avaristo. Wayúu: Luz Fernández, José David González, Rusbel Palmar, Tawanui Guillen, Esmérita González, Librada Pocaterra, Emelindro Fernández, Karin Herrera, Adolfo Caldera, Yan Josué Palmar Barroso, José Manuel Larreal, Delia González, Esmérita González, Silvia Viloria, Mileila Viloria y Luis Emiro Beltrán Pulgar. Kariña: Tito Poyo y José Poyo. Chaima: Ángel Vargas, Isnardy Méndez Coa y Arquímedes Velásquez.

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