La Misión de Determinación de los Hechos recordó lo que el informe de Bachelet calló sobre Venezuela: la muerte del general Baduel y las reformas de ley sin garantías

La actualización del Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, doctora Michelle Verónica Bachelet Jeria, tuvo poco de nuevo y mucho de lugares comunes y repetición de frases elaboradas, resaltando la de manifestar “preocupación”. Lo más resaltante fueron las omisiones, la débil argumentación ante la brutal tortura y represión en Venezuela, desde que ella visitó al país; el mismo día que se marchó detuvieron a varios militares activos y retirados, quienes fueron torturados y uno de ellos asesinado. Bachelet reconoce que su representación en Venezuela ha crecido, y ya tiene nueve personas.

Hay que destacar que hubo menciones recurrentes por la Misión de Determinación de los Hechos, cuyo informe presentó su presidenta, Marta Valiñas, y por varios representantes de países sobre la necesidad de investigar y profundizar sobre las causas de la muerte del general Raúl Isaís Baduel.

También ellos se refirieron, y se sumó Bachelet, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) al caso del director de Fundaredes, profesor José Javier Tarazona Sánchez, quien fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la sede del Ministerio Público en Coro, lugar al que acudió a denunciar la persecución que le tenían los funcionarios policiales en el estado Falcón.

Países aliados del régimen venezolano coincidieron en resaltar la importancia de la comisión que Bachelet tiene en Venezuela mientras descalificaban a la Misión de Determinación de los Hechos. El representante de Venezuela incluso manifestó molestia porque, según dijo, a la Misión se le asignaron muchos recursos económicos en lugar de habérselos dado a la Oficina de Bachelet en Caracas, insistiendo que en Venezuela se disfrutan plenamente todos los derechos humanos y cualquier violación es sancionada sin distinción alguna.

La Misión mencionó la situación de Emilendris Carolina Benítez Rosales, “una de las mujeres detenidas en relación con el caso de los drones y sometida a tortura en las instalaciones de la Dgcim y quien no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz, por lo que como resultado su salud se ha deteriorado significativamente dejándola postrada en una silla de ruedas”.

La muerte de Baduel

Bachelet olvidó mencionar la muerte en prisión, a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), del General en Jefe retirado, ex ministro de la Defensa y ex Comandante del Ejército Raúl Isaías Baduel. Aunque el representante de Alemania dijo que el alto oficial murió un día antes de cumplir su condena, en realidad a Baduel lo sentenciaron a 8 años, cumpliendo en prisión seis años (2009- 2015), cuando sale con medidas de presentación, hasta que en 2017 vuelven a detenerlo antes de cumplir la totalidad de la condena y lo acusan de conspiración, lo envían a La Tumba, después a la cárcel de Fuerte Tiuna y a El Helicoide, donde muere sin haber sido llevado a juicio.

Hay que resaltar, que aunque la doctora Bachelet no se dio por enterada del caso Baduel, representantes de varios países como el de Paraguay exhortaron al Estado venezolano a abrir una exhaustiva investigación sobre la causa de la muerte del general Baduel.

La Misión de Determinación de los Hechos dijo al respecto que “en la segunda mitad de 2021 se han producido dos muertes en custodia de personas opositoras al Gobierno, percibidas como tal, ambas seleccionadas con la falta de atención médica; una de ellas es la muerte del general Raúl Baduel, caso documentado previamente por la Misión, de su hijo Josnars quien permanece detenido en El Helicoide”, quien requiere atención médica inmediata. “Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada a pesar de las reiteradas peticiones”.

Reforma y Ley

Una de las estrategias adoptadas por el régimen venezolano es simular que realiza cambios, bien sea legales o en las instituciones, cuando hay violaciones a la Ley o a los Derechos Humanos. Una de ellas fue el anuncio de reformas en la legislación y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

La Alta Comisionada, Bachelet Jeria, arranca su informe diciendo que “algunas iniciativas de reforma abren oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de Derechos Humanos. La reforma del sistema de Justicia y la reestructuración de la Policía Nacional, son pasos prometedores en particular la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial (FAES) las cuales están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional significativa”.

Es necesario desglosar esos tres puntos mencionados por la Alta Comisionada: 1) La reestructuración de la Policía es un comodín, usado nuevamente. En el 2011 la revolución bolivariana concluyó la eliminación de la Policía Metropolitana de Caracas, que había sido creada en 1969; en la estrategia de monopolizar a las diversas policías municipales y estadales; dos años antes había sido creada la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y se hizo estruendosa propaganda anunciando que solo entrarían los mejores hombres, los más probos y preparados; 13 años después numerosos funcionarios de la PNB son denunciados por extorsión, atraco e incluso secuestro y asesinato.

2) Parece exagerado que la doctora Bachelet considere “paso prometedor” la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, establece en el marco del debido proceso, artículo 49, aparte 4: ‘Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley...’. En tal caso la Alta Comisionada debería instar a que las autoridades civiles, militares y policiales cumplieran la Constitución.

3) En cuanto a disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), ya le crearon un nuevo nombre, al que han ido migrando, como ya lo hicieron antes con las OLP (llamada Operación Liberación del Pueblo, después Operación de Liberación y Protección del Pueblo y, finalmente Operación de Liberación Humanista del Pueblo). Los abusos de poder, desapariciones y asesinatos fueron denunciados por varias organizaciones como Human Rights Watch y Provea, durante los años 2015 y 2016. Los señalamientos contra las OLP de la entonces Fiscal General de la República, Luisa Marvelia Ortega Díaz, fueron determinantes para que desaparecieran las siglas, después de la Masacre de Barlovento: desde entonces OLP pasó a ser FAES y ahora una parte se llama Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO), mientras es las regiones es Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE).

Por el contrario, la conclusión de la Misión de Determinación de los Hechos considera que “una reforma legal por sí sola es insuficiente si no se implementa de modo adecuado. Como parte de este paquete el legislador modificó 19 artículos del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en septiembre de 2021 reduciendo varios plazos aplicables a los procesos penales, incluida la duración de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo 230. De conformidad con las reformas hemos registrado algunos avances positivos en los casos investigados por la misión sin embargo todavía hay decenas de personas que llevan más de 3 años detenida sin juicio muy por encima de los límites impuestos tanto por la Ley anterior como por la reformada”.

Bachelet saludó “la extensión del plazo para las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha permitido un mayor número de candidatos este proceso es una oportunidad para fortalecer la independencia del Poder Judicial de Venezuela y hago un llamado a las autoridades para que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y la conducta profesional de las y los candidatos en el proceso de selección”.

La apreciación que hizo la Misión de Determinación fue otra. “En nuestro último informe expresamos nuestra preocupación por la influencia política en la selección de jueces. En enero de 2022 la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente algunas de estas no sólo no reducen, sino que aumentan la influencia política sobre Poder Judicial por ejemplo el equilibrio en la composición del comité de postulaciones judiciales se ve perturbado ya que 2 miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil”, dijo Valiñas.

Organizaciones

Es importante destacar que la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) dijo que “registró 1246 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales el Estado venezolano, también reconoció ante Naciones Unidas que durante los últimos cuatro años se han iniciado 4890 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales y que sólo el 16% ha podido obtener una condena. El Estado venezolano aún no ha acatado recomendaciones como la disolución de las FAES y el establecimiento de un mecanismo de investigación independiente en caso de graves violaciones”.

También participó María Corina Machado, quien resaltó: “Hemos estado luchando por la libertad y por nuestras vidas; este Consejo sabe muy bien esta realidad, han escuchado historias de crímenes de lesa humanidad de parte de víctimas con enorme valor y defensores de Derechos Humanos, han leído los relatos de los propios equipos de tareas de Naciones Unidas y de su Misión de Determinación de Hechos pero ya saben también la magnitud de la operación que se ha desplegado en el país para bloquear la justicia internacionalmente, los grandes intereses financieros y geopolíticos que pretenden dar un lavado de cara a Maduro y a su tiranía para retirar las sanciones internacionales”.

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