Políticos, jueces, fiscales y militares: los que podrían caer bajo la lupa de la Corte Penal Internacional

Fotos, videos, cartas, mensajes de auxilio… Hace años que los venezolanos hacen hasta lo imposible para que el mundo conozca la brutal represión que sufren. Pero hay un período específico -en 2017 durante las protestas democráticas contra el régimen de Maduro- en el que los venezolanos lograron documentar el calvario que vivían.

Saltando la censura, los bloqueos informáticos y con mucha valentía, esas imágenes de sangre, eso mensajes de desesperación denunciando la desaparición de un familiar, el acoso a los activistas, las redadas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas sistemáticas llegaron a los organismos internacionales y se volvieron inocultables. Ahora, esas atrocidades son las que investiga la Corte Penal Internacional (CPI).

La Haya y su fiscal Karim Khan trabajan hace meses en la causa formal contra el régimen de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017. Es real, esa investigación está en curso y no se puede frenar.

(Infografía: Marcelo regalado)

La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió la investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la represión de protestas contra el gobierno de Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas. La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dejado sentado que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos. Pero la decisión de Khan deja atrás el término “preliminar” y vuelve real y dramáticamente preocupante el proceso para el régimen y sus jerarcas.

La decisión fue un golpe para el dictador chavista que pensó que invitando a Khan a Caracas el año pasado iba a evitarle el mal trago, pero las cosas no salieron como esperaba, y ahora él y un grupo importante de sus funcionarios están en la mira de la Justicia Internacional.

Maduro hizo todo lo que pudo para dilatar el proceso en la CPI. Sabe, como también lo sabe su aliado Vladimir Putin que por estos días enfrenta el mismo temor por sus crímenes de guerra en Ucrania, que una vez que comienza el proceso muy probablemente termine engrosando la lista negra de tiranos condenados que incluye también a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean Kambanda (Ruanda).

Cuando el proceso comienza -y para Maduro ya comenzó- las piezas se acomodan inevitablemente, porque las pruebas existen y encierran delitos aberrantes.

Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG defensora de derechos humanos Provea, estimó entonces que “la apertura de una investigación formal ratifica que sí ocurrieron crímenes contra la humanidad y no han sido investigados debidamente hasta ahora. “Quienes sirven a la dictadura deben entender que la justicia llega, tarda pero llega, y por ende, es mejor avanzar hacia una transición con garantías democráticas que hundirse con un dictador como Maduro, todavía están a tiempo”, afirmaba a Infobae el opositor Julio Borges cuando aún no se había avanzado a la etapa actual.

Según la misión especial de la ONU para Venezuela liderada por Michelle Bachelet, que recomendó en repetidas oportunidades la intervención de la CPI, “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.

Francisco Cox, miembro de la delegación, declaró ante la prensa que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quién vigilar y detener. “Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado para sofocar a la oposición”, sostuvo.

La Corte de la La Haya no tiene en la mira solo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano: Ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y de otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El listado es confidencial, pero de acuerdo al período investigado y la posiciones de poder en el organigrama del régimen, estos son los hombres y mujeres clave de la dictadura que pueden ser condenados por la CPI por delitos de lesa humanidad:

Nicolás Maduro Moros: dictador de Venezuela.

Tareck El Aissami: Vicepresidente hasta el 14 de junio de 2018. Supervisor del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Vladimir Padrino López: Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional de 2014 a 2017; Ministro de Defensa (cargo actual)

Delcy Eloína Rodríguez Gómez: Vicepresidenta del régimen de Venezuela. Ministra de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2017. Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el 14 de junio de 2018.

Diosdado Cabello Rondón: Vicepresidente del PSUV, diputado chavista y presidente de la Asamblea Paralela que montó la dictadura para desplazar al Parlamento electo democráticamente.

Maikel Moreno: desde febrero de 2017 es presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

Tarek William Saab: Fiscal general de Venezuela desde 2017

Jorge Arreaza Montserrat: Ministro de Relaciones Exteriores de 2017 a 2021.

Gustavo Enrique González López: Mayor General, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 2015 a 2016, Director del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano de 2015 a 2018

Antonio Benavides Torres: Mayor General, fue Comandante General de

la Guardia Nacional Bolivariana desde julio 2016 hasta enero 2018.

Carlos Alfredo Pérez Ampueda: General de Brigada, Director de la Policía Nacional Bolivariana desde marzo 2017 hasta mayo 2019.

Néstor Luis Reverol Torres: desde 2016 hasta 2020 fue el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Entre 2014 y 2016 se desempeñó como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Todos ellos fueron determinantes en la cadena del horror: o bien porque participaron en la toma de decisión y ejecución de la brutal represión, o porque desde la Justicia sepultaron cualquier tipo de investigación imparcial que garantizara el debido proceso.

El juez supremo Maikel Moreno y el fiscal general Tarek William Saab sienten en la nuca las investigaciones. Es que las autoridades judiciales fueron cómplices de los abusos, según un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela: han emitido órdenes de arresto con posterioridad a detenciones ilegales, han habitualmente ordenado la detención preventiva de los acusados, han respaldado detenciones sin evidencia, y no han protegido a víctimas de tortura.

Quienes aparecen en este listado no son los únicos, hay mandos medios que también tomaron decisiones contrarias al derecho de manera consciente y explícita, y no solo ejecutaron órdenas.

La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demostrara llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los abusos. Pero en Venezuela no hay Justicia, hay presos políticos, ejecuciones extrajudiciales y torturas.

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