El dictador venezolano, Nicolás Maduro, participó este lunes en la inauguración del 49° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, donde defendió al empresario colombiano señalado de ser su testaferro, Álex Saab, quien está preso en Estados Unidos acusado de conspirar para lavar dinero.
“El embajador Álex Saab fue ilegalmente secuestrado en junio de 2020 en Cabo Verde cuando se encontraba en una misión oficial para traer alimentos y medicinas a Venezuela. El pasado 26 de octubre fue secuestrado por militares de EEUU y llevado de manera ilegal hasta el estado de la Florida. Su inmunidad diplomática, sus derechos humanos, y su propia integridad física fueron violados. Su proceso en un tribunal de EEUU está plagado de graves vicios y distorsiones”, dijo Maduro de manera remota desde Caracas.
Maduro destacó que Saab ha sido designado representante oficial de su régimen en la mesa de diálogo en México. “En consecuencia, su segundo secuestro y su extracción ilegal a EEUU son un deliberado y artero golpe al desarrollo y continuidad del proceso de diálogo en México”, afirmó.
Este es el primer pronunciamiento que hace Maduro sobre Saab desde que a mediados de febrero la Justicia estadounidense revelara que el barranquillero fue cooperante activo de la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) entre 2018 y 2019. El acuerdo de cooperación entre Saab y la DEA incluyó proporcionar a las fuerzas del orden público de Estados Unidos información sobre los sobornos que pagó y los delitos que cometió como parte de sus contratos con el régimen chavista.
Las sanciones
El mandatario chavista insistió en acusar a lo que calificó como “la élite imperialista de EEUU y la élite neocolonial de la Unión Europea” de violar los derechos humanos de los venezolanos con las sanciones impuestas en contra de su régimen. Mencionó en particular al Banco de Inglaterra, Novo Banco y Citi Bank, a los que señaló de mantener retenidos fondos de la República.
Además, atacó a la prensa internacional acusándola de “criminalizar” a su gobierno y aseguró que hay una campaña internacional para promover una intervención en Venezuela utilizando la crisis migratoria.
“Rechazamos en alta voz esta perversa campaña. Y de igual manera tengo el deber de rechazar la pretensión de utilizar el sistema de derechos humanos para sustituir gobiernos no alineados con occidente. Los sistemas nacionales pretenden ser sustituidos por mecanismos intervencionistas foráneos”, dijo.
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