La oposición venezolana condenó este lunes que el régimen de Nicolás Maduro haya entregado al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la sede del diario El Nacional, cuyo embargo notificó en mayo pasado al rotativo como parte de la indemnización por “daño moral” ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Condenamos esta nuevo ataque contra El Nacional, un atentado contra la libertad de expresión”, escribió en Twitter la cuenta de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), electa en 2015 con mayoría opositora y cuyo mandato terminó el 5 de enero de 2021.
A su juicio, “la dictadura” de Nicolás Maduro “pretende silenciar la verdad al imponer la censura valiéndose de cualquier artimaña”.
“Pero no podrán someter jamás a la prensa libre y sus periodistas”, consideraron.
“En un irregular y clandestino remate judicial”, señala una nota de prensa del diario, “se adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello Rondón”, número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras el dictador Nicolás Maduro.
La decisión estuvo a “cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general (...), Elvis Amoroso Hidrobo, el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas”, añade el texto.
Cabello denunció al diario por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por EEUU por presuntos nexos con el narcotráfico, y el TSJ dictó una sentencia que recoge que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.
El gerente general de El Nacional, Jorge Makrionitis, explicó a Efe que la medida judicial hecha pública hoy por el rotativo es un “procedimiento irregular” que atenta contra la libertad de expresión y que implica la “pérdida” total del inmueble.
“En el remate del edificio nunca se hizo una licitación pública que es lo que se hace normalmente y acá lo que se hizo fue una adjudicación. Esa es otra irregularidad más del caso, pero ya, para este momento, en términos concretos, el inmueble se perdió por completo y se entrega al demandante”, dijo.
Makrionitis explicó que no saben con “exactitud” si la entrega comprendió “efectivo como forma de pago” o la entrega oficial del inmueble al demandante, pero que es un hecho “que fue ejecutado y adjudicado”.
(Con información de EFE)
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