El dirigente opositor venezolano Freddy Guevara advirtió este lunes del riesgo que supone “avalar” el proceso de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha puesto en marcha la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
“Avalar ese proceso pone en riesgo el proceso en la CPI (Corte Penal Internacional), debilita la negociación en México y le da legitimidad (al Gobierno de Nicolás Maduro)”, dijo el exdiputado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
La semana pasada fue juramentado por la Asamblea Nacional chavista (AN, Parlamento) el comité de postulaciones judiciales, conformado por once diputados y diez representantes de diferentes sectores del país, que deberá seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Este procedimiento comenzó luego de que los diputados del régimen aprobaran en el segundo y definitivo debate una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que reduce de 32 a 20 el número de magistrados que componen la alta corte.
La Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres magistrados, reza el proyecto de reforma de ley aprobado, frente a los siete y cinco que tienen actualmente.
El proyecto partió del presidente del TSJ, Maikel Moreno, quien propuso a la AN promover dicha reforma, según anunció el 22 de diciembre el líder del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Según dijo entonces Rodríguez, el objetivo es que “pueda darse un mejor manejo de las salas” del Supremo.
Al respecto, Guevara tildó de “peligroso” el procedimiento y aseguró que avalarlo sería dañino para el país.
“Hacer eso (respaldarlo), a cambio de tener unos pocos magistrados en un TSJ controlado por Maduro, sería demasiado dañino para el país”, puntualizó.
A inicios del mes de enero, cuando ya se había aprobado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del TSJ en primer debate, el Foro Cívico de Venezuela, plataforma que agrupa a 690 organizaciones y a 194 actores de la sociedad civil, aseguró que el cambio a la ley para reducir el número de magistrados de la Corte “es insuficiente” para garantizar independencia judicial.
(Con información de EFE)
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