La guerrilla enfrentada entre sí, tanto la del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como la del Décimo Frente de las FARC, se ha movilizado en el territorio apureño. Campamentos desmantelados, otros cambiados de lugar, algunos abandonados. En todo el estado hay desplazamientos, siguen apareciendo muertos, algunos llevados a territorio colombiano. La tensión entre el ELN-Segunda Marquetalia contra el Décimo Frente FARC pasó de asesinatos selectivos a combates.
La población civil es la más afectada, porque tanto la guerrilla como funcionarios militares venezolanos ubican a todo el que tiene relación con el bando contrario, lo detienen o asesinan. “En Puerto Páez están buscando a todo el que ha tenido relación con César El Guanábano, un colombiano que está en Puerto Carreño”.
La capital de la parroquia Peñalver, municipio San Fernando del estado Apure, es Arichuna, en cuyo sector hizo vida las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde hace años. Con los últimos enfrentamientos se vieron obligados a movilizar los campamentos de alias Barba y alias Ramiro Chacón, pero no habrían podido desenterrar el armamento que ocultaban en el lugar.
Barba y Ramiro son dos hombres temidos en la población que se mueven entre Puerto Páez y Capanaparo, a quienes hace días los vieron desembarcar en el puerto fluvial de la Armada. “Se fueron a esconder en una casa de la parroquia El Recreo, en San Fernando de Apure”.
El 26 de enero, la organización Fundaredes, cuyo director Javier Tarazona está injustamente detenido desde hace siete meses, reveló que ha recibido unas 95 denuncias sobre personas detenidas de manera arbitraria en el estado Apure, señalados de actuar con los grupos irregulares colombiano.
Entre las denuncias está las realizadas por Anyelis Rodríguez y María Esther Calderón, esposa y madre respectivamente de Daniel Jesús Marcano y Yeferson Esneider Calderón, quienes fueron detenidos cundo se dirigían desde La Victoria hasta Guasdaulito, municipio Páez de Apure, y trasladados a la Dirección de Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.
La cocinera
La Macanilla nació como una pequeña comunidad indígena, que creció como poblado porque a orilla del río Capanaparo era un puesto de cabotaje que le permitía a la gente embarcarse en las chalanas o canoas hacia Puerto Páez (Apure) y Puerto Ayacucho (Amazonas); podían tomar así la Troncal 2, vía que une a los estados Aragua, Guárico, Apure y Amazonas. Antes esa población vivía principalmente de la pesca, del turismo que se sentía atraído por los viajes en chalana hasta los límites del Parque Santos Luzardo, entre los ríos Capanaparo y Cinarudo, y la variedad agreste y bella a la vez de la fauna. La playa La Macanilla es la playa de agua dulce más grande de Latinoamérica.
Hasta ese lugar hermoso, del municipio Pedro Camejo, hace años llegó la guerrilla, encontró un refugio para ubicar sus campamentos y para usar a la población según sus intereses. Unos fueron obligados, otros se resignaron a convivir entre los irregulares que se convirtieron en los proveedores económicos de los habitantes, gracias a las actividades ilícitas que desarrollan con el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.
Es así como Auremi López terminó como cocinera de la organización guerrillera, que hace casi un año se desplazó de la zona. El 30 de enero de 2022, la mujer, que vive en La Macanilla con su esposo y su hijita de 3 años, fue detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La señalan de tener nexos con el Décimo Frente de las FARC. “Lo inaudito es que el grupo guerrillero, que la obligó a cocinarles, ya tiene desde marzo del año pasado que se fue de la zona y ahora aparece la DGCIM acusándola de eso sin considerar que aquí negarse a un pedimento de la guerrilla es convertirse en sus enemigos”.
La población civil es la más vulnerable en la frontera, porque ante el abandono del territorio por parte del Estado venezolano, tomaron fuerza los grupos irregulares. Muchos jóvenes, mujeres, hombres e incluso niños son forzados, por las buenas o por las malas, a prestarle servicio a la guerrilla; así ha sido durante años. Ahora las disidencias de la FARC atacan a quienes le han servido al ELN, mientras el ELN hace lo mismo con quienes han prestado servicios a las FARC.
Quienes conocen a Auremi López la describen como una mujer sencilla y trabajadora, a quien ahora la DGCIM tiene detenida en San Fernando de Apure, sin permitirle comunicación o acceso con nadie. Le han levantado un expediente para enviarla a orden del Tribunal de Terrorismo en Caracas. ¿Será que le quieren preguntar cuál era el plato predilecto del comandante guerrillero? La arremetida contra la población civil es brutal, pero no así contra quienes realmente han hecho negocios, han protegido y han mantenido comunicación de igual a igual con la guerrilla.
Guerra no oficial
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien se movilizó con una fuerte escolta hasta la capital del estado Táchira, para una jornada de entrega de equipos al Hospital Militar “Capitán Guillermo Hernández Jacobsen” de San Cristóbal, manifestó en torno con el que quiso demostrar indignación que era inaudito que la prensa le pidiera a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) información sobre lo que sucede en la frontera, argumentando que lo que querían era un parte de guerra.
La desinformación oficial es brutal para la población civil, porque los mensajes, a través de redes sociales, especialmente WhatsApp, es la que dan los grupos guerrilleros de un bando u otro. Lo que abunda por parte del Comando Estratégico Operacional, del Ministerio de la Defensa y de las redes oficiales de la Fuerza Armada son fotos de entrenamientos, videos de propaganda, mientras en Apure se libra una guerra real, con muertos, heridos, bombas, minas antipersonal y amenazas. Entre esos videos, llamó particularmente la atención la llamada Urra, presentada como un avance en equipos militares, pero que algunos militares consideran que parece un vehículo poco propicio para la guerra contra grupos irregulares.
El 20 de enero, en El Ripial, donde el Décimo Frente de las FARC construyó hace años un campamento, hubo enfrentamientos; ese territorio lo tenía sembrado la guerrilla con cilindros de 43 kilos lleno de explosivos y entre la población se dejó correr información de tomar previsiones porque en la entrada de Los Arenales había un carro bomba.
La Fuerza Armada instaló desde La Victoria hasta Guasdualito 14 alcabalas o puntos de control, en las que aprovechaban para pedir colaboración a quienes se ven obligados a transitar por esa carretera, pedían la cédula de identidad y revisaban las maletas grandes de los viajeros que desde Colombia atravesaban el río para adentrarse en territorio venezolano.
El 25 de enero el ELN y el Décimo Frente FARC se enfrentaron en El Ripial, más debajo de la población de La Victoria, capital de la parroquia Urdaneta. “Muchos tiros y ráfagas, a veces solo un disparo aislado y después silencio, hasta que volvía otra vez el tiroteo continuo”, dice Jesús Chacón en conversación con Infobae.
Ese día en La Victoria vieron un vehículo del Ejército venezolano atravesar el pueblo. “Pero en él iban los hombres de las botas de caucho, que son guerrilla, supuestamente reforzarían a los que estaban enfrentados en El Ripial o quizá hacia La Hacienda donde también hubo enfrentamiento. Nadie habla de cuántos muertos van, pero han caído de lado y lado”.
El 26 de enero a las 6:20 de la tarde una fuerte explosión, varios habitantes de La Capilla se alarmaron ante la fuerte detonación que se oyó y agrietó algunas viviendas. “Hasta en las casas de La Victoria, que está a unos 6 kilómetros, se sintió la vibración”. Esa noche hubo mucho silencio, aseguran habitantes que como no había sucedido desde que arrancó el año.
Al día siguiente se enteraron de que la casa de la finca llamada La Hacienda, que es de una familia adventista, había sido bombardeada, supuestamente por aviones venezolanos. “Ahí solo había un hombre y está desaparecido. El resto de la gente se fue antes. ¿Sabe que ha muerto mucho ganado?”, revela un productor de Tres Esquinas.
El 2 de enero en la noche un grupo de hombres no identificados, con armas de guerra, en camionetas, llegaron a Puerto Páez y se llevaron al profesor Eudes Alvarado, según denuncias de la comunidad, que no sabe si fueron gente de la guerrilla o funcionarios de la DGCIM.
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