La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las al menos 27 ejecuciones extrajudiciales de personas en situación de pobreza cometidas por parte de policías en Venezuela durante la primera quincena de 2022 y exhortó al Estado “investigar, juzgar y sancionar” estos crímenes.
“La seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas”, reivindicó el organismo en un comunicado.
Según datos recogidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), órgano al que pertenece la CIDH, agentes de seguridad de Venezuela estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos durante los primeros quince días de enero. El 80% de las víctimas eran menores de 25 años y prácticamente todos ellos eran hombres en situación de pobreza que habían sufrido amenazas o intimidaciones.
“Estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos”, expresó la CIDH, que consideró “preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes”.
Por ello, el organismo aseveró que las autoridades venezolanas tienen “el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”.
Asimismo, pidió que los agentes de seguridad no “reproduzcan el estigma” de que los jóvenes pobres están “vinculados a la delincuencia”.
Traslados arbitrarios de presos políticos
Por otro lado, la ONG Justicia Venezolana denunció el lunes que al menos 13 presos políticos fueron trasladados del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde a cárceles comunes de “manera arbitraria” y sin haber notificado al juez, familiares y abogados.
La directora de la organización, Lilia Camejo, explicó en un comunicado que, de los 13 presos políticos trasladados desde la cárcel de Ramo Verde, cuatro fueron llevados a la prisión Rodeo II, tres al Rodeo III y seis a Yare III.
La ONG explicó que estos reclusos son los que presuntamente asaltaron una base militar el 6 de agosto de 2017, conocida como Fuerte Paramacay, al norte del estado central de Carabobo, en el norte de Venezuela. Nicolás Maduro calificó este hecho como un “ataque terrorista” y en ese momento pidió extremar las medidas de seguridad en las instalaciones castrenses de todo el país.
La organización dijo que el juicio comenzó en el Circuito Judicial Penal de Carabobo, pero la distribución de los presos en cárceles diferentes y alejados de la circunscripción donde se cumple el proceso puede “ocasionar la interrupción del mismo”. Justicia Venezolana añadió que el proceso judicial empezó en mayo del año pasado en tribunales militares, pero posteriormente fue cambiado a la jurisdicción ordinaria tras la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), por lo que comenzó de nuevo.
(Con información de EFE)
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