Los delegados de las dictaduras de Venezuela y Cuba buscaron censurar la intervención de Estados Unidos en la ONU, en una sesión en la que se evaluaba la situación de Derechos Humanos en el país sudamericano y se le realizaban recomendaciones para salir de la crisis humanitaria.
El accidentado intercambio ocurrió cuando la representación de Washington tomó la palabra en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Solo unos segundos después de iniciado el discurso, en el que se expresaba la preocupación por la situación, Venezuela intervino y solicitó que se excluyan las intervenciones “irrespetuosas”, asegurando que las delegaciones que utilizan expresiones “hostiles” tienen la intención de “entorpecer el examen”.
La presidencia del Consejo, en manos de la delegación de Argentina, instó a la secretaría a que se atenga a la terminología oficial para el informe final y otorgó la palabra nuevamente a Estados Unidos.
Pero cuando se pedía que los miembros del régimen chavista rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos, Venezuela volvió a interrumpir, con los mismos argumentos.
Esta vez, la delegación de Cuba se sumó al reclamo, e indicó que Washington usaba “terminología inapropiada para los foros de Naciones Unidas”. Pero fue más allá y pidió que censuren el video enviado por EEUU, al no tener posibilidad de modificar la alocución en el momento.
Sin embargo, Venezuela pidió que siga adelante la alocución de la delegada de Washington para que quede expuesta falta denunciada. La Presidencia volvió a otorgar la palabra a la representante estadounidense y ya no hubo más interrupciones.
En su mensaje, Washington instó a la liberación de todos los presos políticos, el cese de detenciones arbitrarias y el respeto a la libertad de expresión.
En similar línea se expresó la delegación de Reino Unido, que pidió entre otras cosas cesar el uso del sistema judicial para socavar la democracia, acabar con el trabajo forzado y la explotación sexual, garantizar la salud sexual y reproductiva, y respetar la independencia de los partidos políticos.
Por su parte, Uruguay pidió a Caracas “retornar sin demora al sistema interamericano de derechos humanos, tomar medidas urgentes para respetar el pleno derecho la libertad de expresión y cesar la intervención de universidades”.
La delegación de Argentina recomendó cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, e implementar íntegramente las recomendaciones del cuerpo; contestar el llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (Michelle Bachelet) a las investigaciones sobre las violaciones y una reparación adecuada a las víctimas; y facilitar la instalación de una oficina permanente de la Alta Comisión en el país que le permita desarrollar tareas.
A su vez, otros países aliados a Nicolás Maduro, como Siria, lo felicitaron “por su avance en la aplicación de recomendaciones” y los esfuerzos de mejora de la situación socioeconómica.
En su respuesta, la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez indicó que hay países que no pueden darle lecciones a Venezuela. “La voz de todos debe ser el levantamiento de medidas coercitivas unilaterales”, indicó, en referencia a las sanciones internacionales, a las que llamó un “arma de destrucción masiva del sistema de derechos humanos”.
Rodríguez también agradeció las recomendaciones que fueron emitidas “de buena fe”, pero puso en duda su implementación: “Veremos si serán adoptadas”.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo cooperativo en materia de derechos humanos que presentan los 193 Estados parte ante sus homólogos, de forma periódica cada 4 años y medio o 5 años. Venezuela no ha implementado la mayoría de las recomendaciones que recibió tras los exámenes EPU de 2011 y 2016.
Previo al examen de este año, la organización Human Rights Watch presentó un resumen sobre la situación de derechos humanos en Venezuela con recomendaciones orientadas a restablecer el Estado de derecho e implementar reformas para proteger derechos. “Continúa la represión brutal por parte del gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto en el cual agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno cometen abusos aberrantes, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas”, rezaba el informe.
En cuanto a la sesión, HRW había indicado: “El examen ofrece una oportunidad de exponer el desprecio manifiesto de las autoridades en Venezuela por los derechos fundamentales y de plantear recomendaciones que deben adoptarse para cumplir con sus obligaciones internacionales”.
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