Un abogado relató ante la justicia cómo la inteligencia chavista lo detuvo, lo torturó y lo encarceló por no entregar a su cliente

Detrás del hato El Chaparralito hay intereses poderosos. El 12 de enero 20222 al capitán y abogado Juan Carlos Guillén Rosales, lo presentaron ante la audiencia de imputación en Apure; él está preso por ser el abogado de Reyes Gabriel Hernández González, dueño del hato El Chaparralito. Denunció cómo fue torturado, detenido ilegalmente, amenazado él y su familia por la Dgcim. El juez Juan Aníbal Luna Infante no se dio por aludido y la Fiscal 10 Luisa Castillo ignoró la violación al debido proceso.

Lo que denunció Guillén en Apure coincide con lo denunciado durante años por otros bajo custodia de la DGCIM: testigo estrella, actas forjadas en fechas y procedimiento, robo de pertenencias, tortura física y psicológica.

El juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, también preso, por el mismo caso y quien además iba a ser imputado por agavillamiento, no estuvo presente. A Jaimes lo acusan de haber abusado de su autoridad en el caso IC’22.404-2021 y decretado, el 9 de diciembre 2021, el sobreseimiento, libertad plena de El Finquero ordenando que le fuera entregado el hato Chaparralito.

La fiscal dijo que tenían una testigo, a quien no identificó, que el 21 de diciembre 20221 fue entrevistada por el Ministerio Público, y aportó datos que la fiscal considera son evidencias de una negociación de dinero entre el juez Carlos Jaimes con el abogado Guillén Rosales y El Finquero.

La fiscal Castillo asegura que está claramente evidenciado, según lo que le dijo la testigo no identificada, cómo fueron las negociaciones con el juez, en el mismo lugar donde Reyes Gabriel Hernández cumplía casa por cárcel. Ella dice que el abogado Guillén debe ser sometidos a la misma pena que el juez Jaimes por el delito de corrupción propia agravada.

El Hato Chaparralito fue ocupado por funcionarios militares. Vecinos y extrabajadores de la hacienda desconocen qué actividades realizan los uniformados dentro de la propiedad, solo dan cuenta que entran y salen frecuentemente del lugar y mantienen todo bajo un gran hermetismo. Ese hato es clave por tener una pista de aterrizaje amplia y de las más importantes de la zona, además de tener a unos kilómetros un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las pruebas

La fiscal del Ministerio Público presentó como pruebas, lo siguiente:

—Dos Actas de investigación, una del 10 de diciembre 2021 y otra cuya fecha no precisa sino como 21/12, elaboradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

—El carnet que acredita a Jaimes Gómez como juez.

—Acta de audiencia preliminar donde Jaimes le dio el sobreseimiento y ordena devolverle el hato a Reyes Gabriel.

—Acta de investigación penal, del 10 de diciembre 2021, donde consta la detención del juez Jaimes Gómez.

—Acta de entrevista a uno de los testigos (aunque no mencionó a ningún otro) que indica el proceso de negociación entre Reyes Gabriel, el juez Jaimes y el abogado Guillén, asegurando que siempre había ese tipo de reuniones antes de la audiencia.

—Acta de investigación penal, el 22 de diciembre 2021, de la que no dio mayores explicaciones.

—La decisión del 21 de diciembre 2021 donde el juez superior anula la decisión de la audiencia preliminar y nombra a otro juez para que conozca la cauda.

La fiscal afirma que los delitos son abuso de poder y cooperador inmediato. Dijo que se podía determinar que el monto del dinero que habría acordado el juez con el abogado y El Finquero fue de 300 mil dólares y que Reyes Gabriel tiene gran cantidad de bienes a nivel nacional.

Insistió en señalar que el abogado Guillén Rosales fue cooperador inmediato del delito porque fue el mediador entre Reyes Gabriel y el juez Carlos Jaimes, lo que nada tienen que ver con las funciones que normalmente debe desempeñar un profesional del derecho.

La fiscal no menciona para nada la irregularidad que significó que la DGCIM haya solicitado, al juez Carlos Jaimes, la aprehensión de Reyes Gabriel Hernández con la excusa de haber encontrado explosivos en su finca en Apure, cuando él se encontraba aun preso en la sede principal de la DGCIM en Caracas.

Guillén

Juan Carlos Guillén Rosales dijo ante el tribunal que era capitán retirado del Ejército y abogado en ejercicio libre. Explicó que a principios de noviembre 2021 se juramentó como abogado de Reyes Gabriel Hernández, aunque la causa venía siendo asesorada por otros abogados, que no pudieron continuar.

Relató que su primera visita a Apure fue solo para juramentarse como defensor de Hernández y que de inmediato regresa Caracas. La segunda vez que va a Apure es el 7 de diciembre para la Audiencia Preliminar, la que fue diferida para el 9, donde solicitó la libertad de su defendido porque la acusación fiscal no cumplía con los requisitos y pidió la nulidad absoluta por vicios en la detención de Reyes Gabriel, porque desde hacía tres años estaba preso en la Dgcim Caracas, por lo que cómo iba a ser responsable de suministrar explosivos en su finca.

Guillén explicó que en el procedimiento de la DGCIM donde supuestamente encontraron explosivos en el Hato Chaparralito, no hubo ningún detenido que estuviera físicamente en el hato, que por cierto estaba bajo custodia de la gobernación del estado Apure.

Asegura que permaneció en Apure esperando los documentos necesarios, la boleta de libertad y los demás documentos del caso; durante ese tiempo se hospedó en la casa de la suegra de Reyes Gabriel, lugar donde su defendido cumplía arresto domiciliario. Dijo que 7, 8 y 9 de diciembre no hubo ningún tipo de reunión con el juez en esa casa y que a Jaimes lo conoció en la audiencia preliminar.

Explicó que, el viernes 10 de diciembre, se dirigió en una camioneta cherokee con un chofer de la zona, para entregar en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional (PNB) los documentos relacionados con el caso de su defendido. No llevaba teléfono porque lo dejó cargando, a la vez que la señal es muy deficiente en la zona. Se dirigen a surtir combustible porque al día siguiente se regresaría a Caracas a prepararse para la audiencia del presidente de Lácteos Los Andes.

Al pasar por un punto de control móvil de la policía del estado les dicen que el vehículo está solicitado por la DGCIM porque presumen que Reyes Gabriel iba en el vehículo. En la sede de la policía revisan en el sistema y comprueban que todo está en regla y que Guillén es el dueño de la camioneta.

El abogado Guillén narró ante el tribunal que ese día llegó el comisario Juan García, jefe de la base de Contrainteligencia Militar (Dgcim) Nr. 32, quien amenazándolo le dijo que su libertad dependía de que apareciera su defendido Reyes Gabriel. El abogado es detenido, sin existir orden de aprehensión, lo esposan y lo llevan a la DGCIM Apure.

La tortura

Ante el Tribunal contó el abogado Guillén Rosales que al llegar al lugar sede de la DGCIM vio en un rincón al juez esposado. A María, suegra del Finquero, sentada en la entrada del despacho de Juan García, conocido en la zona como El Gavilán. Dice que el juez y María son testigos de su detención el 10 de diciembre, cuando lo dejaron esposado en un rincón, le quitaron su reloj, un pendrive o memoria donde tenía la información del caso y de su información académica, además la cartera, sus documentos personales y mil 750 dólares, lo que no aparece en la cadena de custodia, por lo que fue robado por los funcionarios de la DGCIM.

Luego lo llevan al despacho de García, quien lo confronta con la suegra de su cliente para la identificación de dos celulares, que manipulaba obteniendo información de estos sin orden legal alguna. Cuando García comprobó que ninguno era de Guillén llamó por radio a funcionarios que allanaban, sin orden, la casa de María y de ahí obtienen el maletín de trabajo del abogado, su ropa y útiles personales. Tampoco nada de eso aparece en la cadena de custodia; se lo robaron, también.

Esa noche a las 11 el jefe de Dgcim Apure ordena que el abogado Guillén y el juez Jaime fueran ubicados en camas, esposados para pasar la noche. El 11 de diciembre fueron llevados a la celda y allí permanecieron hasta el martes 14 de diciembre. Guillén relata que al mediodía del 14 lo esposan, encapuchan y trasladan supuestamente a Caracas, en un viaje que no duró más de hora y media, pero lo llevaron a otra base de la Dgcim.

Aseveró que lo mantuvieron encapuchado y esposado, mientras le aplicaban presión psicológica para que revelara dónde estaba su cliente El Finquero, lo amenazaron con sembrarlo (colocarle droga, armas o explosivos) en su vivienda en Caracas, que le robarían todas las pertenencias de su casa, que lo iban a agredir físicamente a él y a su familia inmediata. En la noche, según contó, lo sacaban encapuchado, lo llevaban en un vehículo por caminos irregulares advirtiéndole que lo matarían.

La mañana del 24 de diciembre 2021 lo llevaron encapuchado y esposado a San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, y lo entregaron a tres funcionarios de la DGCIM Los Llanos. Esa noche, mientras el mundo recibía la llegada del Niño Dios, Guillén narra que él fue recluido en un baño de metro y medio, esposado en condiciones infrahumanas.

Al día siguiente, 25 de diciembre, fue reseñado en el Cicpc de San Juan de Los Morros y lo llevaron a medicatura forense. Asegura que lo forzaron a firmar los derechos del imputado con fecha 23 de diciembre 9:00 PM. Lo presentan en los tribunales que por competencia declinó al circuito judicial penal de Apure.

El juez Luna Infante

El 26 de diciembre en la madrugada la DGCIM, que usaba su camioneta cherokee a su antojo, lo traslada en ella para la DGCIM de Apure a esperar la audiencia de presentación, que no se realiza ese día porque no estaba presente el fiscal nacional.

Guillén solicitó, que encontrándose torturado física y psicológicamente, fuera trasladado a un sitio de reclusión donde le brindaran garantías ciudadanas. Ya en el vehículo el jefe de la comisión de la DGCIM, le dijo que sabía todo lo que él había dicho en la audiencia de presentación, lo amenazó y le dijo que ahora sí iba a saber lo que era tortura y trato cruel. Lo llevaron, a las 6 de la tarde, ante el destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y le dijeron al funcionario de guardia que lo llevara a la celda más activa sin ningún privilegio.

Es así como el letrado Guillén fue recluido en un recinto de 7x7 metros donde hay 21 presos, algunos por homicidio, violación, droga, extorsión y secuestro.

La decisión del juez Juan Aníbal Luna Infante no solo fue satisfacer todas las peticiones de la Fiscalía sino que se negó a que el abogado Juan Carlos Guillén Rosales sea llevado ante el Servicio de Medicina Forense (Senamecf) para la realización de un examen psicológico. Negó que se hiciera una prueba anticipada de la testigo. Negó enviar al detenido a otro sitio de reclusión. Y negó la solicitud del defensor público de que se cambiara el organismo de investigación.

Lo más insólito es que el juez no se dio por aludido ante las denuncias al debido proceso y a la violación de derechos humanos y tortura que denunció Guillén. Se limitó a decir que se va a pronunciar por auto separado, en 48 horas, en cuanto a la violación de los derechos humanos.

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