La Corte Penal Internacional notificó a las partes de la investigación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela que dio un plazo de tres meses al régimen de Maduro para que responda por los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos contra la oposición y la sociedad civil.
El texto del fiscal Karim Khan indica que “en un espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad, el Fiscal aceptó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022″, dado que el plazo inicial expiraba el pasado domingo. “Esta prórroga es adecuada y está justificada debido a varias circunstancias, que deben considerarse excepcionales”, añadió.
También, indicó que la prórroga también da tiempo para que Khan pueda viajar a Venezuela y “entablar un diálogo significativo con el Gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos”.
La CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes, y en diciembre se conoció que resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista.
La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional y vender una imagen de colaboración, sin reales cambios.
Víctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en investigación de la CPI en Venezuela.
El tribunal de La Haya puede permitir en las fases del juicio que se presenten las víctimas, si así lo consideran oportuno y se envía la solicitud antes de cada etapa.
Luego de su visita a Venezuela en noviembre, Khan indicó que su equipo de trabajo no debe valorar “qué tipo de Gobierno debe establecer un Estado” porque “los países son países y ellos tienen el derecho de elegir su modelo de Gobierno”.
Reconoció que “puede haber una serie de razones para que la gente quiera un cambio” en el Ejecutivo venezolano, pero que su trabajo debe centrarse en que las evidencias recolectadas “sean sólidas y no estén contaminadas o construidas por agendas particulares”.
El documento de la fiscalía remitido a las partes:
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