El próximo 25 de enero, el régimen venezolano será evaluado, por tercera vez, en el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, sobre su cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Estado en materia de derechos humanos.
Se trata de un mecanismo cooperativo en materia de derechos humanos que presentan los 193 Estados parte ante sus homólogos, de forma periódica cada 4 años y medio o 5 años. Venezuela ha sido evaluada en 2011 y en 2016 y participará en su tercer ciclo la semana próxima.
El miércoles, el comisionado del Gobierno interino de Venezuela para la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, cuestionó duramente el informe presentado por el régimen de Nicolás Maduro para el Examen Periódico Universal en noviembre pasado.
Pizarro denunció que el documento de 21 páginas está “lleno de mentiras” respecto al cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos.
“Pueden hacer informes y declaraciones todos los días intentando venderse como defensores de los DDHH, pero los venezolanos y el mundo conocen cuál es la realidad de Venezuela: Maduro y todo su régimen son autores y cómplices de violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad”, denunció.
Además, en un hilo de Twitter, el opositor desmontó una por una cinco de las afirmaciones hechas por el régimen por su informe.
-En primer lugar, el régimen de Maduro afirma que “el combate a la desigualdad y la reducción de la pobreza son objetivos centrales de la política del Estado venezolano”. La realidad desmiente con contundencia esa afirmación.
En efecto, el 94,5% de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo con el último informe de septiembre del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en base a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) correspondiente al año 2021, levantada entre febrero y marzo, con cobertura de 22 estados y alcance de 17.402 hogares.
“En el último año la pobreza extrema subió más de 8%, el empleo formal se redujo en 1,3 millones de puestos de trabajo y la cobertura educativa cayó 5 por ciento. También aumentó la dependencia de la población de bonos y remesas”, detalla el informe, citado por la organización PROVEA.
-En segundo lugar, el documento del régimen afirma que “los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuentan con manuales de actuación apegados a las normas sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza”.
“La realidad: Expertos denuncian ejecuciones y atrocidades a manos de cuerpos de seguridad”, respondió Pizarro.
Coincide con él un extenso informe de la organización Human Rights Watch, publicado en abril de 2021, que denunció que el operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure contra grupos armados ilegales de origen colombiano ha incluido violaciones a los derechos humanos sobre los pobladores civiles.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló entonces José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
-Sobre la situación del sistema penitenciario, el gobierno de Maduro defenderá ante la ONU que “las políticas implementadas han permitido erradicar el hacinamiento y reducir la violencia en los centros penitenciarios”.
La realidad, sin embargo, lo desmiente: el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó en 2021 que en las cárceles venezolanas existe hacinamiento de 142%. Según las cifras difundidas, la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238 reos.
“El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de postparto y lactantes”, subrayó al momento de presentar su investigación la directora de la OVP, Carolina Girón.
-Además, el régimen asegura que “la prevención y sanción de la tortura es un compromiso al máximo nivel del Estado”. Sin embargo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU concluyó que el sistema judicial de Maduro facilitó la persecución y tortura a los opositores y fue factor clave en el encubrimiento.
El documento presentado al Consejo señala también que “el Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de derechos humanos”. Por el contrario, el “sistema ha jugado un papel significativo en represión de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”. El durísimo documento de 212 página es elocuente. En él la palabra “tortura” se contabiliza 214 veces, mientras que el términos “violencia sexual” aparece en 34 oportunidades.
Por último, el régimen hace una referencia a la libertad de prensa y de expresión, afirmando que “en Venezuela, los periodistas ejercen diariamente su labor, sin más limitaciones que las derivadas de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
No obstante, en el mes de diciembre el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, Edgar Cárdenas, presentó el reporte de agresiones a periodistas y medios correspondiente a 2021, en el que se denuncian 251 casos de ataques contra la prensa.
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