Ecocidio en Venezuela: la dictadura chavista provocó un desastre ambiental con la explotación ilegal de recursos naturales

Mientras la población venezolana y la comunidad internacional han visto en los últimos años con gran preocupación la grave situación económica, política, social y humanitaria en el país caribeño, otra crisis se fue agravando a pasos agigantados: la medioambiental. Esto, incluso, pese a que Venezuela -la nación con mayores reservas de petróleo del mundo- produce mucho menos crudo que años atrás.

Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, un grupo que busca proteger la Amazonía venezolana, afirmó al Financial Times que en dos décadas del chavismo en el poder, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, en Venezuela se llevó a cabo un “desmantelamiento sistemático de las instituciones ambientales” del país.

A medida que la economía implosiona y los ingresos petroleros disminuyen de manera significativa, el régimen de Maduro buscó otras vías de financiación. Entre ellas, la explotación de los grandes recursos naturales que tiene el país. El dictador promovió la minería en sectores de la Amazonia. Principalmente el oro, pero también para los diamantes, el coltán, la bauxita, el mineral de hierro y el cobre.

Asimismo, mientras avanza el deterioro de la infraestructura petrolera, los derrames y las manchas de crudo son cada vez más habituales.

Francisco Dallmeier, director del Centro de Conservación y Sostenibilidad del Instituto Smithsoniano de Biología de la Conservación de Washington, describió lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela como un “ecocidio”.

“Tenemos uno de los lugares más ricos de la tierra, unos recursos naturales fantásticos, tenemos todo un sistema de áreas protegidas que se creó para proteger esos recursos, y ahora tenemos el comienzo de una ola de destrucción, y no hay indicios de que las cosas vayan a cambiar”, alertó.

Desde la llegada de Chávez el poder en 1999, se han destruido unos 3.800 kilómetros cuadrados de cobertura arbórea en la Amazonia venezolana. Ecologistas locales advierten que el ritmo se está acelerando, y que la minería representa una creciente amenaza para la biodiversidad del país.

La Red de Información Socioambiental Georreferenciada de la Amazonia (RAISG) indica que en las últimas dos décadas la cantidad de tierra utilizada para la minería al sur del río Orinoco se ha triplicado.

En 2016, el dictador Maduro estableció el “arco minero” en esa región rica en oro, diamantes, coltán y otros minerales, que va desde la frontera de Venezuela con Colombia en el oeste hasta la frontera oriental con Guyana, abarcando el 12% del territorio nacional.

Mientras el régimen chavista asegura que la minería está bien regulada, numerosos informes y activistas medioambientales denuncian que bandas criminales y guerrilleros colombianos -amparados y protegidos por la dictadura- luchan por el control de los recursos explotados y saqueados ilegalmente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo describió el año pasado como “un experimento incontrolado y a menudo violento de explotación de recursos, regiones y comunidades”.

En 2020, por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó un informe sobre la situación en el arco minero. En el mismo se destacaban los casos de “un minero golpeado en público por robar una bombona de gas; un joven herido de bala en ambas manos por robar un gramo de oro; una mujer golpeada con palos por robar un teléfono... y un minero al que le cortaron una mano por no declarar una pepita de oro”.

“La técnica más utilizada es la minería a cielo abierto, mediante la cual se realizan grandes cortes u orificios en la tierra”, señala el informe de la ONU.

Grupos ecologistas han advertido que la minería no sólo se limita al arco, sino que se ha extendido invadiendo parques nacionales, como el de Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y considerado un paraíso de biodiversidad que alberga el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo.

“Las minas están justo en el borde del parque, dentro de la zona de amortiguación que la Unesco exige para los sitios del Patrimonio Mundial (…) En muchos casos están incluso dentro del parque”, explicó Cristina Burelli.

A raíz de imágenes satelitales y fotografías aéreas, SOS Orinoco ha cartografiado 27 zonas de explotación minera en los límites del parque, muchas de ellas en el río Caroní, y otras 32 dentro del mismo.

Otro motivo de preocupación para los grupos ecologistas es la amenaza de que el mercurio utilizado para la extracción de oro se filtre al agua. SOS Orinoco estima que hasta el 70% del curso del Caroní -el segundo río más grande de Venezuela y de casi mil kilómetros de longitud- “puede estar en riesgo de contaminación por el uso de mercurio en las operaciones de extracción de oro”.

Pruebas realizadas por la ONG entre la comunidad indígena pemón determinaron que en la mayoría de los casos los niveles de mercurio “superaban el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud” como seguro para el consumo humano. “Las concentraciones más altas se evidenciaron en muestras de niños menores de 18 años que no trabajan en las minas”.

La dictadura chavista no sólo ha incrementado la explotación de recursos naturales, sino también la explotación de los trabajadores en las comunidades mineras.

Un guía turístico pemón reveló a Financial Times, bajo condición de anonimato para evitar represalias, las condiciones de trabajo en las que son sometidos en las minas de oro. Según detalló, usualmente trabajan en equipo de seis -cinco mineros y un cocinero-. Al grupo se le da el 40% de las ganancias de todo el oro encontrado; el resto se lo quedan los propietarios de las minas.

“Te pagan en oro. Puedes cambiarlo en efectivo en el lugar, pero a un tipo de cambio realmente malo (…) Si no, puedes llevarlo a Puerto Ordaz [una ciudad al norte de Canaima] y hacer que lo fundan y lo conviertan en un pequeño lingote. Luego puedes venderlo por más”, comentó.

Y añadió: “Nos vigilaban atentamente todo el tiempo (…) Los propietarios le decían a un minero: ‘Te pagaré más si vigilas a los demás y te aseguras de que no roben’. Pero nos lo decían a todos. Nos enfrentaban unos a otros”.

Mientras que la amenaza para la Amazonia proviene de la minería y la agricultura, al norte de Venezuela la preocupación radica en la grave crisis petrolera. La situación ha empeorado de manera significativa en los últimos años, sobre todo desde la llegada de Maduro a Miraflores.

Empresas de Estados Unidos y Europa abandonaron el país o redujeron al mínimo sus operaciones, dejando la industria en manos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sacudida por decenas de casos de corrupción y que, al mismo tiempo, carece de recursos para mantener su infraestructura.

De acuerdo a las propias estadísticas de PDVSA, en las operaciones de la empresa entre 2010 y 2016 se registraron 46.080 derrames de petróleo: un promedio de 18 al día.

“Ha habido un aumento de los derrames de petróleo en los últimos años, definitivamente (…) A pesar de que estamos produciendo sólo un tercio del petróleo que solíamos producir, la situación es peor”, señaló Eduardo Klein, profesor asociado del departamento de estudios ambientales de la Universidad Simón Bolívar en Caracas.

Activistas y organizaciones no gubernamentales venezolanas hacen frente a esta preocupante situación incluso ante la falta de información fiable por parte de las autoridades chavistas. Según Klein, directamente “no se preocupan por el medio ambiente”.

Prueba de ello se vio en la última cumbre contra el cambio climático, que se celebró el año pasado en Glasgow. Allí, gran parte de la comunidad internacional se comprometió a detener y revertir la deforestación para 2030. De las naciones amazónicas, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam firmaron el compromiso. Venezuela, en cambio, no lo hizo.

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