“Ante la inestable situación política del país y los pedimentos ciudadanos por la urgente reparación de los males que nos agobian nos permitimos opinar al respecto”, dicen en un comunicado 259 oficiales en reserva activa y pertenecientes al Frente Institucional Militar (FIM), al considerar “que se abre la oportunidad Constitucional para Refundar la Nación mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
Al FIM lo preside el Vicealmirante Rafael Huizi Clavier; en la vicepresidencia el General de Brigada (Ej.) Teodoro Díaz Zavala; Secretario de Organización, Coronel (Ej.) Rubén D. Bustillos Rávago y los representantes de componentes: Capitán de Navío Pedro Betancourt (Armada), Coronel (Av.) Ángel Rodríguez Campos (Aviación) y General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez. (Guardia Nacional). En total 95 generales de División y Brigada, así como Vicealmirantes y Contralmirantes, 98 coroneles, 18 tenientes coroneles, 7 capitanes de fragata, 3 Mayores, 15 capitanes, 6 tenientes de navío, 8 tenientes, un primer teniente y dos cabos.
Destacaron como referencia principal “el mensaje de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), en ocasión del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, específicamente el aparte III, punto 10, Carabobo del Futuro, relacionado a lo expresado por los Obispos, con su claro criterio y sabias palabras”. Citaron así lo plasmado en el documento de la Iglesia: ‘Los oscuros nubarrones que se ciernen sobre el país y las consecuencias de las malas prácticas de los últimos años plantean la urgente necesidad de refundar la nación’.
‘Basada en los principios que constituyen la nacionalidad inspirada en el testimonio de tantos hombres y mujeres que hicieron posible la Independencia, la tarea que nos concierne hoy y de cara al futuro es rehacer Venezuela, pero sin poner la mirada atrás con nostalgia. La herencia recibida nos permite seguir adelante y construir la Venezuela que la inmensa mayoría anhela y siente como tarea: donde predomine la justicia, la equidad, la fraternidad, la solidaridad, la unidad y la paz’.
El proceso es fiable
El Frente Institucional Militar (FIM) se define como “una asociación civil debidamente registrada como frente de opinión, legitimados ante el país a través de nuestro desempeño a lo largo de 20 años dedicados a defender la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional, nuestra independencia e integridad territorial y el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y leyes de la República”.
La organización asevera que lo manifestado por la autoridad eclesiástica constituye para ellos como militares una “sublime orientación” y que “como hombres y mujeres que nos formamos y capacitamos para garantizar la independencia y soberanía de la Nación, asegurar la integridad del espacio geográfico y mantener la seguridad de todos los habitantes del país”, proponen Refundar la Nación a través de una Asamblea Nacional Constituyente, basados en los artículos 5, 7, 347, 348 y 349 de la Constitución de la República.
“Después de haber analizado, estudiado y oído los argumentos jurídicos de reconocidos y prestigiosos abogados especializados en Derecho Constitucional, consideramos que es el camino más viable y efectivo para salir de la profunda crisis moral, económica, política, social e institucional que vive nuestra Venezuela actual, y como es un poder depositado en el pueblo, donde la Sociedad Civil será el gran artífice para lograrlo”.
A su juicio “se dan todas las condiciones legales para dar un nuevo destino donde se pondrán en ejecución los planes y proyectos estudiados y elaborados por capacitados profesionales expertos en cada área del conocimiento para sacar en el menor tiempo posible de la terrible situación de destrucción en que se encuentra el país y así cambiar la dolorosa situación de miseria y muerte en prosperidad y vida”.
Insisten en manifestar que, como profesionales militares, que en su momento supieron cumplir con el mandato establecido por la Constitución de la República, “hacemos un llamado a todos nuestros compatriotas a acompañar esta valiosa e importante iniciativa para lograr el gran cambio que clama la gran mayoría de los venezolanos y así tomar el camino del bienestar, el progreso y la seguridad jurídica y social”.
Finalizan diciendo que “es un proceso viable y confiable, que no permite la intromisión de ningún poder para imponer su ideología o criterio, como lo sucedido con la reciente experiencia del 21 de noviembre y la violación de los derechos, que continúa sucediéndose. Acompañemos a nuestros compatriotas en su decisión”.
La Constituyente
El primer objetivo de Hugo Chávez con su llegada al poder, y tratando de dar la sensación de que con la revolución todo era nuevo, fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente para presentarle al país una Constitución que fue aprobada, un año más tarde, por una gran mayoría de los votantes, en 1999, de quien muchos analistas opinaron era una excelente Carta Magna.
Siete años después, y con la intención de amoldar la Constitución al tipo de régimen que quería, Chávez propone un referéndum para modificar 69 artículos, que eran claves para configurar un gobierno distinto, para que el Ejecutivo Nacional aglutinara más poder y poder llevar a cabo cambios fundamentales sobre la concentración y hegemonía del poder.
Chávez era un líder indiscutible que había obtenido éxitos electorales y había reducido la autonomía y poder de los otros poderes. Pero a la propuesta de reforma de la Constitución, se prendieron las alarmas y varios de quienes lo habían acompañado hasta ese momento, manifestaron su desacuerdo, temas como el de la propiedad privada recibieron mucho rechazo y así, el 2 de diciembre de 2007, Hugo Chávez pierde su primera batalla electoral cuando la mayoría de los votantes dijeron NO a la reforma de Constitución. Fue una votación muy cerrada.
Lo que el pueblo no aprobó, Chávez terminó imponiéndolo por otras vías, y ante la debilidad del resto de las instituciones. Lo que la reforma planteaba era: reelecciones ilimitadas para el presidente, aumentar de 6 a 7 años el mandato presidencial, control de las reservas de divisas extranjeras, control del Banco Central de Venezuela, la ordenación territorial del país y poderes casi ilimitados para expropiar propiedades y censurar medios de comunicación con la excusa de las “emergencias”.
Lo único en lo que no hizo mayor presión fue en mejorar las condiciones de los trabajadores en cuando a sus horas de jornada laboral y el sistema de seguridad social para los trabajadores informales y autónomos. En realidad, hizo lo que quiso siempre con una manto de aparente legalidad, aunque ello implicara la violación de la Constitución que él promulgó en 1999.
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