Las brutales torturas a policías y militares acusados de conspirar contra Maduro: “Le colocaron corriente en sus partes íntimas”

Unos días antes de la Navidad del 2019, el entonces ministro Jorge Jesús Rodríguez Gómez presentó ante el país lo que llamó el caso Honor y Gloria Venezuela, asegurando que, por orden de Leopoldo López y Juan Guaidó, iban a asaltar la Base Gran Mariscal Sucre y el Comando de la Guardia Nacional Nr. 53. Habló de 10 militares y policías hoy detenidos. Desde entonces ocurrieron brutales torturas, actas de investigación con datos falsos y en más de 10 oportunidades han diferido la audiencia que dé inicio al juicio, porque la juez alega que “aún no le han dado la orden”.

Así lo relataron a Infobae la hermana del sargento primero Víctor Ignacio Rodríguez Romero y la esposa de Juan Carlos Macualo Orozco, funcionario de la Policía del municipio Páez del estado Apure. Ellas coinciden en señalar que les imputan los delitos: terrorismo, conspiración y asociación para delinquir “porque los incluyeron en un grupo de WhatsApp”. La presión para que se declaren culpables ha sido constante con la advertencia de que si no lo hacen serán condenados a 30 años de prisión.

Los 10 detenidos por el caso Honor y Gloria son: Alexi Jiménez, César Mayora, Deivis Malavé, José Yeguez, Jesús Castro, Juan Carlos Macualo, Justo Salamanca, Luis Lira, Marcos Fuente y Víctor Rodríguez. El caso está en manos de la Juez contra el terrorismo Hennit Carolina López Mesa, de 39 años de edad, quien lleva varios casos emblemáticos. Los fiscales han sido: Elin Teodoro León Aguilar, Dinora Bustamante Puerta y Farik Karin Mora Salcedo; y defensores públicos Marjorie Maily Maggiolo Díaz y Chiriannys Pacheco.

Mientras el inicio del juicio se retarda, aparecen quienes le argumentan a cada familia de los detenidos que el mismo se aligera si consiguen 5 mil dólares y que así su familiar conseguirá una medida sustitutiva de libertad.

Le arrancaron las uñas

El 15 de diciembre del 2019 el sargento primero Víctor Ignacio Rodríguez Romero, de 31 años de edad, fue detenido en Barinas. Esa mañana estaba de guardia cuando una comisión de la Guardia Nacional llegó informándole que tenía una reunión con el general Leonardo Vinci Bonetto en el Destacamento 14 de la GNB. “Todo era mentira. Fue para detenerlo sin orden de aprehensión, sin estar solicitado. De inmediato le quitaron su teléfono y unos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo revisaron. Le notificaron que lo iban a llevar para que los acompañara a Caracas por averiguaciones, donde fue torturado”, le dice a Infobae su hermana Igmar Rodríguez.

El funcionario militar prestaba servicio, día por medio y los fines de semana, como resguardo del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Mi Jardín Don Pedro Pérez Delgado Maisanta, ubicado en el municipio Barinas, estado del mismo nombre. De ese sitio se lo llevan para la DGCIM en Valencia y el 17 de diciembre del 2019 para la DGCIM Caracas, donde permaneció hasta el 27 de abril del 2020, cuando es trasladado hasta la cárcel de Ramo Verde.

Ya en la DGCIM de Boleíta en Caracas, según su hermana, el Sgt estuvo varios días en la antesala del área donde están los detenidos. “No lo metían en la celda porque no encontraban qué delito imputarle y así se lo decían”.

Asegura que “él no tenía cargos pero que como estaba ahí ya tenían que dejarlo. Para justificar su traslado y aprehensión le tenían que crear algún cargo y así fue como le señalaron tres: terrorismo, instigación a delinquir y traición a la patria”.

A Rodríguez Romero lo dejan privado de libertad porque en el teléfono móvil le encontraron conversaciones con su hermano mayor que vive en Colombia. Los funcionarios le dijeron que su hermano Eddier Rodríguez estaba comprometido con un grupo para que invadieran a Venezuela. “A Víctor Ignacio lo torturaron, colocándole corriente en sus partes íntimas, le despegaron las uñas, le dieron patadas en todo el cuerpo y cachetadas. Lo han tratado como un animal para presionar a que mi otro hermano se entregue”.

“Hace un par de semanas fue personal del IPSFA (Istituto de Previsión Social de la Fuerza Armada) y le dijeron que renunciara, así no le hacen descuentos, porque ellos nos sabían que él estaba preso y que la información que tenían era que había desertado. Imagínese eso”.

Otra de las irregularidades que relata Igmar Rodríguez y que se corresponde con muchas de las denuncias hechas por gran cantidad de presos militares y civiles es la no concordancia entre la fecha real de detención y la que la DGCIM plasma en sus actas. “A mi hermano lo detienen en Barinas, pero en el expediente dice que lo detuvieron, con unos policías, en Cumaná, estado Sucre el 27 de noviembre, cuando en realidad fue el 15 de diciembre y hay testigos que fue en el CDI de Barinas. A él no lo detienen en Cumaná, nunca ha trabajado en ese lugar, ni tenemos familia ahí. A él lo detuvieron estando de servicio cuando la DGCIM se lo llevó hasta el Destacamento 14″.

Ella reconoce que su hermano, durante unos días de permiso, en octubre del 2019, fue con su esposa a Colombia. “Pero fue solo para visitar a un familiar de ella; su esposa decide quedarse allá y Víctor Ignacio se regresa, pero no es que estaba haciendo contacto con paramilitares ni nada de eso. Dos meses después es que a él lo detienen”.

Como pasa con muchos casos, los jueces y fiscales presionan para que los detenidos no tengan defensa privada, sino que les imponen defensores públicos que en el caso de los militares se convierte en un grave problema porque no defienden a sus representados, sino se limitan a cumplir órdenes. En el caso del sargento Rodríguez Romero “la defensora pública Maryori Maggiolo brilla por su ausencia”.

Juan Carlos Macualo

El 16 de diciembre del 2019, Juan Carlos Macualo Orozco, funcionario de la Policía del municipio Páez del estado Apure, fue detenido en Guasdualito por funcionarios de la DGCIM: un día después es trasladado a la sede principal de ese organismo en Boleíta, Caracas, como parte del caso que el entonces Ministro Jorge Rodríguez llamó Honor y Gloria Venezuela. Permaneció en la Dgcim cuatro meses y medio, hasta abril 2020, cuando fue trasladado a la cárcel El Rodeo III.

Su esposa, Lexandra Briceño, dice en conversación con Infobae que “van más de 10 diferimientos de la apertura de Juicio en manos de la Juez Hennit Carolina López Mesa. En la Audiencia Preliminar, realizada el 25 de marzo, querían que mi esposo y los otros del caso asumieran los hechos, diciéndoles que así tendrían una pena de 17 años. No hay prueba alguna de culpabilidad, porque no existe. La juez del Tribunal 2do. Especial de Terrorismo, Hilda Rosa Villanueva Peralta, les dijo que ella sabía que allí no había nada pero que recibía órdenes”.

“Como era de esperarse no iban asumir hechos que no han cometido. No existen pruebas, solo los cuentos gafos que redactan los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) porque para inventar sí son buenos”.

“En la acusación dice que mi esposo Juan Carlos Macualo viajó a Cumaná, lo cual es falso. Y queda demostrado que es mentira porque él, como funcionario público, lleva el orden del día y nunca viajó. Juan Carlos solo tenía un año activo trabajando, pues a causa de un accidente se le partió una pierna y estuvo en cama, fueron dos años en recuperación, para luego de eso caer en esta situación”.

“Llevamos nueve meses para que se inicie el juicio con más de diez diferimientos y la respuesta de la juez Hennit Carolina López Mesa es que a ella todavía no le han girado instrucciones para inicio del juicio al caso Honor Y Gloria Venezuela. No inician el juicio porque no hay pruebas. ¿Qué pruebas va a descartar la señora juez, ci no hay ninguna?”.

Uno de los aspectos alarmantes de la denuncia de Briceño es que su esposo, siendo funcionario de la policía Municipal de Guasdualito, estado Apure, está detenido en la espeluznante cárcel Rodeo III, junto con presos comunes, lo que pudo haberlo colocado, junto a sus compañeros, “en peligro al violarles el derecho que tienen los funcionarios policiales a no estar con la población penal común”.

Lexandra dice que su esposo fue entrevistado por uno de los delegados en Venezuela de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pero ni por eso Juan Carlos Macualo ni César David Mayora Guacare han recibido la asistencia médica que requieren y que solicitaron.

A eso se le suma que en la Cárcel del Rodeo II habrían impuesto un límite de 15 presos para el traslado a Tribunales, de manera que, si en un día, deben asistir al Tribunal más de 15, los restantes pierden su audiencia.

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