El uso de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus instalaciones para lo que tiene interés el régimen venezolano es una evidente violación de la Constitución venezolana, como ocurrió el 26 de noviembre en la escogencia de concejales y diputadores regionales, que en el caso de Amazonas ocurrió en el Comando de la Armada, sede de la séptima Brigada de Infantería de Marina, pero por otra parte no es una elección universal, directa y secreta sino que fueron convertidas en elecciones de segundo grado, por lo que los indígenas debieron escoger delegados en asambleas populares y ellos son los únicos que podían votar.
El hecho que, en Amazonas, uno de los estados más importantes en cuanto a cantidad y presencia de etnias, el acto de elecciones fuera en un cuartel se transforma en un acto intimidatorio porque los indígenas debían acudir a la sede entre hombres armados a ejercer un derecho que debe estar libre de coacción, como es el sufragio.
Las elecciones indígenas con las que el cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncia la participación de 4 mil 334 voceros para que escogieran 69 concejales y 8 diputados a los consejos legislativos de ocho estados con participación indígena.
El líder social e indígena José Mejías criticó que en el estado Amazonas se haya utilizado un cuartel como centro de votación “si es un acto indígena y por lo tanto civil, el hecho que se realice en el Comando de la Armada es un acto intimidante y de coacción contra quienes acuden a votar”.
También destacó que “el hecho de que las elecciones sean de segundo grado violenta el principio universal, directo y secreto que contempla la Constitución; los ciudadanos de las diferentes comunidades indígenas del país no eligen directamente a un candidato de su preferencia, sino que seleccionan a un delegado en asambleas populares, que son quienes emitirán el voto”.
Un hecho además cuestionable es la manipulación que se hace contra los indígenas es que, en el caso de Amazonas, según explicó Mejías, a los delegados se les entregaba un recordatorio para que votaran a Cátedra Guaicaipuro, que dirige Yamileth Mirabal, actual alcaldesa y antes Ministra Indígena.
“Desconocemos cuáles fueron los criterios para elaborar el padrón electoral, con el cual eligen a unos representantes que después van a votar en una Asamblea que eligen a los votantes. Eso es discriminar a las comunidades y pueblos indígenas. Aunado a que todas las organizaciones que pudieron participar son alineadas al gobierno; es una manera de condicionar el voto y asegurarse esos representantes a los Concejos Municipales y Consejos Legislativos”.
Finalmente Mejías dijo a Infobae que “un Reglamento no puede estar por encima de la Constitución. No explica si son indígenas o criollos, solo dice que venezolanos. Eso se arma para favorecer a quienes en ese momento tienen el poder”.
En el caso de Amazonas, Infobae tuvo acceso a información que revela cómo los delegados fueron trasladados, por la revolución bolivariana, desde sus comunidades hasta un hotel y de ahí al Comando de la Armada para mantenerlos controlados.
Son actores políticos
Jesús Jiménez, coordinador de la Organización Socialista Indígena Bolivariana Unida (Osibu), también denunció la elección de los representantes indígenas en Delta Amacuro. Señaló a los funcionarios del CNE de haber plagado de vicios el proceso. “La elección de segundo grado cercena todos los derechos de participación a los pueblos indígenas”, dijo, asegurando que en ese estado se violentaron los mecanismos previos a la elección del 26 de noviembre.
Explicó que en Delta Amacuro el CNE no realizó las asambleas comunitarias para seleccionar los voceros. “Fueron escogidos 174 voceros para asegurar la selección de los candidatos de las organizaciones afines al gobierno”.
A su juicio tanto Conive como Cátedra Guaicaipuro, están partidizadas y son afines al Ministerio para los Pueblos Indígenas. “No estamos compitiendo contra organizaciones indígenas, sino contra actores y funcionarios políticos afines al gobierno para secuestrar la elección de todos los cargos por elegir”, enfatizó Jiménez. “Las asambleas comunitarias tenían que realizarse en las comunidades indígenas y en asambleas haber elegido los voceros y eso nunca se hizo”.
En indefensión
Desde que Hugo Chávez llegó al poder habló de los derechos de los indígenas, prometió que esas comunidades recibirían atención y protección, incluso nombró a una ministra de pueblos y comunidades indígenas. Dos décadas después la situación de los indígenas venezolanos es de avanzado deterioro, destrucción de sus culturales y costumbres ancestrales, han sido esquilmados, utilizados para los intereses políticos de funcionarios de la revolución bolivariana. Nunca antes los indígenas venezolanos estuvieron tan indefensos como ahora.
Los derechos de los indígenas se han reducido a morirse de hambre, a huir por el hambre de sus territorios hacia Colombia y Brasil, a ser azotados por enfermedades que estaban desaparecidas en Venezuela, a ser usados para la explotación minera, contaminándose de mercurio mientras poderosas organizaciones rusas, iraníes, turcas, guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otras se lucran del oro extraído del Arco Minero y del Cerro Yapacana.
Como bien explicó el periodista Fritz Sánchez, “el Arco Minero invade, destruye y contamina hábitats de 14 pueblos indígenas: Akawayo, Arawak, Eñepa, Jivi, Kariña, Kurripako, Mapoyo, Pemón, Piapoko, Piaroa, Sáliva, Sanema, Warao y Ye´kwana”.
Aunado a eso, la violencia y explotación laboral y sexual de niños y jóvenes indígenas, cuya población se va dispersando y extinguiendo, se ha elevado de manera alarmante. Las ministras y diputadas nacionales indígenas no han sido precisamente defensoras de las diversas etnias y comunidades, se han mantenido a la sombra, primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, usan a los indígenas con fines proselitistas, para plasmarlos en un afiche o para tener un voto manipulado en la Asamblea Nacional, en los Consejos Legislativos o en los concejos municipales del país.
Han llegado a nivel de permitir que a los indígenas los representen personas que ni siquiera tienen rasgos de las etnias indígenas o a quienes ni siquiera hablan la lengua indígena, como ocurrió en Apure, según denuncia del exdiputado Juan García.
Lo dicho por el CNE sobre las elecciones indígenas del 26 de noviembre evidencia la burla de la que han sido objeto esos pueblos y comunidades: “La jornada celebrada hoy, caracterizada por el voto secreto y mediante boletas, selló un proceso mediante el cual 4 mil 334 voceros y voceras previamente designados en asambleas comunitarias escogieron 69 concejalas y concejales y 8 legisladoras y legisladores regionales, de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales”. Lo menos que hubo fue respeto por sus tradicionales maneras de escoger representantes.
Según el CNE, para las elecciones indígenas se instalaron “74 centros de votación, bajo la modalidad nominal y por el sistema de mayoría relativa de votos. El sufragio de las voceras y los voceros, quienes fueron previamente electos y electas en asambleas comunitarias celebradas entre el 6 de julio y el 13 de agosto, fue secreto y se efectuó manualmente mediante boletas y detrás de los parabanes dispuestos para tal”.
Los voceros escogidos para esas elecciones de segundo grado fueron: 318 en Amazonas, 174 en Delta Amacuro, 314 en Anzoátegui, 199 en Monagas, 128 en Apure, 189 en Sucre, 244 en Bolívar y 2 mil 768 en Zulia.
Los delegados representaron a más de 20 pueblos indígenas. En Amazonas: Ye´kuana, Yanomami, Huottoja, Curripaco, Piapoco, Jivi, Bare, Yeral, Piaroa, Puinave. Anzoátegui: Kariña y Cumanagoto. Apure: Pumé, Jivi y Cuiba. Bolívar: Ka´riña, Pemón, Warao, Shiriana, Ye´kwana, Curripaco, Eñepa, Hoti, Huottuja, Baniva, Piapoco, Bare, Mapoyo, Pumé, Jivi, Pemón Kamarakoto, Arawako, Sanema. Delta Amacuro y Sucre: Warao, Kariña y Chaima. Zulia; Añú, Wayuu, Bari y Yukpa.
El CNE dijo que las elecciones fueron presenciadas por miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), que preside Nicanor Moscoso, quien dijo entonces que el sistema electoral venezolano es el mejor de Latinoamérica; Ceela no ha hecho mención alguna a que las elecciones de los indígenas hayan tenido incidencias como esas de violar la Constitución al convertirlas en elecciones de segundo grado.
La excusa del CNE
Por otra parte, el CNE dijo que “en esta oportunidad las elecciones para escoger la representación indígena se rigieron por un cronograma especial para dar cumplimiento a la decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 5 de junio de 2020, en la cual ordenó un nuevo desarrollo normativo, como consecuencia de la desaplicación de los artículos 174 al 186 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), con el propósito de que los pueblos indígenas eligieran a sus representantes a los cuerpos deliberantes regionales y municipales de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales”, justificando así que no sean elecciones universales, directas y secretas, sino de segundo grado.
Agrega el ente electoral que “el 26 de mayo de 2021, el Consejo Nacional Electoral dictó el Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena y posteriormente el Manual para la Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas para la Elección de la Representación Indígena a los Consejos Legislativos Estadales y de los Concejos Municipales 2021″.
Finalmente, los 69 concejales se distribuyen en 7 para Amazonas, 12 en Anzoátegui, 7 en Apure, 8 en Bolívar, 4 para Delta Amacuro, 8 en Monagas, 3 en Sucre y 20 en Zulia.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha dado respuesta a un recurso interpuesto contra el método utilizado para escoger a los representantes indígenas en los ocho estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia.
Organizaciones como Organización Socialista Indígena Bolivariana Unida (Osibu), Partido Nacional Indígena (Parlive), Movimiento de los Pueblos Indígenas de Venezuela (Mopive) y Evolución, hicieron reclamos ante la imposición de las elecciones de segundo grado y violación e la Constitución pero el CNE los ignoró y realizó las elecciones según el Reglamento pasando por encima de la Constitución.
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