Centros de votación convertidos en cuarteles: así los militares aumentan su influencia en las cuestionadas elecciones en Venezuela

Hoy parecen más vigentes aquellas palabras del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en julio 2020, advirtiéndole a la Oposición que jamás será poder político “mientras exista una Fuerza Armada como la que tenemos”. Cada vez es más la injerencia de los militares en los procesos electorales en Venezuela, más aún cuando son elecciones cargadas de dudosa legalidad y legitimidad como las ocurridas en los últimos años, especialmente desde la Asamblea Constituyente en 2017 hasta ahora. Los comicios de ayer para elecciones regionales y municipales no fueron la excepción. La FANB obvia que las elecciones son eventos civiles y que los militares están subordinados al poder civil. Cada vez más, con armas en mano, convierten los centros de votación en cuarteles bajo su mando.

Las denuncias, por los abusos e injerencia de los militares, no se hicieron esperar. Los uniformados asignados a los distintos centros de votación recibieron órdenes precisas de transmitir cada dos horas el número de electores que habían votado, incluso por el posible candidato de acuerdo con las encuestas a puerta de centro o mesa que llevan a cabo las tendencias políticas. Es así como el uniformado, irrespetando el recinto de la mesa electoral, ingresaba cada dos horas para preguntar a los Miembros de Mesa cómo iba la votación y anotar los números en un papel.

Unas elecciones que son para escoger poder civil y que legalmente corresponden a los civiles, son intervenidas por la presencia de los militares desde antes que los electores ingresen a la escuela o recinto de votación. Los alrededores de los centros son tomados por la Fuerza Armada, lo que es explicable porque la función principalísima del Plan República es controlar el orden, preservar los centros y trasladar y garantizar la protección del material electoral.

Lo que no es competencia del Plan República es obstaculizar la actividad de los periodistas, quitarle el material de grabación, hostigar, amenazar e impedir el trabajo de los comunicadores de los medios privados y prensa libre. Lamentablemente la politización de la institución castrense conduce a que los militares consideren su deber proteger y garantizar el trabajo de los medios de propaganda del Gobierno, a la vez que dan acceso, toleran y hasta colaboran con fuerzas de choque o grupos armados del oficialismo en los alrededores o interior de los centros de votación.

Cuando la institución castrense era percibida por todo el país como un ente imparcial, la función del Plan República estaba claramente delimitada y nadie se atrevía a cuestionar la actuación de los funcionarios militares y mucho menos osaban enfrentarlos. Desde que Hugo Chávez llegó al poder su intención fue resaltar la institución a la que había pertenecido y con la que mantenía lazos afectivos. Eso cambió después del golpe del 11 de Abril cuando la casi totalidad del Alto Mando Militar y los oficiales más destacados de todos los componentes decidieron sacarlo del poder. Chávez politizó y así planificó la destrucción de la Fuerza Armada, que tiene un alto índice de rechazo en el común del pueblo venezolano.

Hechos graves

Muchos militares ya no asumen respeto por la nación, tampoco por los símbolos o costumbre de los pueblos en Venezuela; se creen por encima de normas establecidas. Es así como la Guardia Nacional Bolivariana decide ingresar sus vehículos y personal uniformado a la plaza Bolívar de Rubio, estado Táchira, instalándose al pie de las escalinatas de la Iglesia católica, una majestuosa y bella estructura neogótica, construida con ladrillos que fueron fabricados con arcilla por artesanos rubienses y en cuyo interior se despliegan valiosos vitrales.

No solo es que convirtieron en estacionamiento el interior de la plaza que comunica con la iglesia, sino que los funcionarios hicieron parada con sus boinas rojas olvidando que la norma establecida lo prohíbe porque ahí está la escultura ecuestre de El Libertador Simón Bolívar. En hechos que parecen insignificantes se evidencia la actitud del “todo se vale” que tiene la Fuerza Armada.

Ayer hubo hechos más graves aún como lo ocurrido con los militares que tomaron la decisión de ser ellos quienes les dieran, en algunos centros electorales, el visto bueno a las credenciales de los miembros de mesa es así como se negaban a aceptar unas, pero aceptaban a quienes ni siquiera estaban acreditados.

En La Cañada, estado Zulia, hubo fuertes reclamos cuando en horas de la madrugada llegaron testigos del oficialismo e ingresaron por la puerta trasera al centro de votación, pretendiendo ser ellos los miembros de mesa e iniciar el proceso. Mucha gente protestó exigiendo al Plan República que cumpliera con su función, pero los militares, que reciben órdenes discrecionales, no saben cómo hacer cumplir la Ley.

En centros de votación del Zulia hubo fuertes enfrentamientos e incluso grupos armados hirieron, golpearon o asesinaron a varias personas, como ocurrió en el centro de votación “Eduardo Emiro Ferrer”, cuando motorizados llegaron a la fila de votantes para obligarlos a no votar. En el CV Madre Laura del municipio San Francisco hubo disparos, también en otro asesinaron a un hombre. El Zulia fue uno de los estados donde hubo mayores incidentes con grupos armados.

Y así como el Plan República fue clave para que se iniciara o se retardara el proceso de votación, también lo fue a la hora del cierre de los centros. En muchos casos el funcionario militar se limitaba a decir que no había recibido la orden como si eso dependiera de su superior en la Fuerza Armada.

Para que se ejecute el abuso contra las normas y el reglamento que debe regir el proceso electoral participan los militares y los operadores de la máquina de votación que siguen órdenes del Consejo Nacional Electoral. Aunque parezca inaudito una cosa es lo que está escrito en el reglamento y la Ley y otra es la que dispone el CNE a través de mensajes y llamadas con los operadores de la máquina, quienes a su vez se apoyan en los hombres uniformados y con armas. Ninguno de los dos, ni el operador de máquina ni el militar, forman parte de las únicas autoridades de las mesas electorales, que son los Miembros de Mesa, cuya cabeza principal es el presidente de esta.

El caso de Fernando Andrade

La decisión de un funcionario militar contra Fernando Andrade, uno de los candidatos que aspiró a la Gobernación de Táchira, fue expulsarlo del centro de votación Escuela Camilo Prada de mic porque su equipo de prensa estaba tomando fotos y grabando la presencia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Guardia Nacional en funciones que no le corresponden a la Fuerza Armada.

Es importante resaltar que es la primera vez que en unas elecciones ingresan funcionarios de la DGCIM a los institutos de educación, porque no solo ocurrió en Michelena, también fue en otros centros, como en el Grupo Sucre y Escuela La Victoria de Rubio, atemorizando a los electores. Siempre ha sido costumbre que en el antiguo cine La Victoria, a unos pasos de la escuela del mismo nombre, se concentren pequeños grupos de curiosos a conversar después de sufragar; esta vez llegaron los funcionarios de la DGCIM y los obligaron a dispersarse.

Por todo el pueblo se veían unidades de los cuerpos de inteligencia y militares; más que elecciones parecía un escenario de guerra. Ante el asombro y el rechazo que causaba la presencia de la DGCIM algunos testigos de mesa o seguidores de algunos candidatos reclamaban del por qué ingresaban a los centros de votación, que no tenían credenciales ni autorización para eso; la respuesta que dieron es que ellos eran los custodios del CNE donde quiera que estuvieran funcionarios del mismo.

La DGCIM como SEBIN y FAES son cuerpos represivos y de inteligencia que han torturado, asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de personas considerados adversarios políticos.

Cuando Andrade reclama la inapropiada conducta asumida por los funcionarios de inteligencia, el oficial lo insta, de manera irrespetuosa, a abandonar el recinto como si hubiera cometido un delito, cuando en realidad eran los funcionarios policiales y militares quienes estaban abusando de sus credenciales, espiando un proceso civil, que corresponde a los civiles.

Los militares han sido factor determinante para que grupos armados de choque actúen de manera impune contra adversarios opositores del régimen venezolano. Es imposible que un civil desarmado esté en igualdad de condiciones con un militar entrenado y armado que pretende imponer de manera arbitraria una decisión, aunque esté violando la Constitución y las leyes.

Fernando Andrade, quien aspiró a ser el gobernador del controversial estado fronterizo Táchira, fue alcalde del municipio Michelena, lugar donde aun ejerce su derecho al voto, denunció, mientras detrás suyo se observa una larga fila de militares uniformados, que “esto ha sido la constante durante los procesos electorales en Michelena; inscriben a los alumnos de la escuela de la Guardia Nacional para ejercer el derecho al voto en nuestro municipio, utilizan los vehículos militares, y los llevan uniformados en fila india a votar. Alertamos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la comunidad internacional del fraude perpetrado con los alumnos de la escuela de guardias de Michelena”.

Los militares son enviados o llevados a votar con la instrucción expresa de su superior para que vote por aquellos candidatos que ya el Alto Mando Militar ordenó elegir.

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