Amnistía Internacional (AI) celebró este jueves la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, consideró que la decisión del fiscal Karim Khan representa “un paso clave en la lucha por la verdad y justicia para miles de víctimas en Venezuela”.
“La CPI tomó una decisión sin precedentes al ser Maduro el primer líder latinoamericano en estar bajo la lupa del organismo internacional. Este es un ejemplo para la región y una alerta para aquellas administraciones que no tengan como guía en su proceder a los derechos humanos”, agregó.
La organización que vela por los derechos humanos recordó que en su informe “Hambre de Justicia: Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela” documentó en enero de 2019 algunos de los posibles delitos contra la humanidad que se estaban cometiendo en el país.
Entre los principales crímenes incluyó “ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza”.
“Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de su política de represión”, subrayó AI en un texto publicado este jueves.
La organización alertó que a día de hoy “el grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría” de los venezolanos. Realidad que llevó a casi seis millones de personas a abandonar el país como refugiados, migrantes o solicitantes de asilo.
“Amnistía Internacional considera determinante la decisión de la CPI pues va en línea con los reclamos de investigación que la organización encara desde hace años. Ahora, se espera que se llegue a una decisión que impacte positivamente en los derechos humanos del pueblo venezolano”, concluye el comunicado de Amnistía Internacional.
En esa línea, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, aseguró este jueves que la Corte Penal Internacional debe investigar a los altos responsables de la dictadura venezolana.
“Para que sea efectiva, la CPI debe comenzar lo antes posible, y debe investigar de manera imparcial a los máximos responsables de la política sistemática de represión y control social en Venezuela, desde al menos 2014, tal y como señaló la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas en sus informes de septiembre de 2020 y septiembre de 2021″, indicó AI en un comunicado.
Asimismo, exhortó al fiscal Khan a escuchar a las víctimas que “aún no han visto la justicia” y reconocer que la intervención de su despacho es “urgente” para que se investiguen con prontitud y eficacia los “crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
Guevara Rosas señaló que aunque el principio de complementariedad insta al fiscal de la CPI a pedir a las autoridades investigaciones independientes e imparciales, no deben considerarse solo procedimientos estatales “bajo cualquier costo”.
“En particular, cuando los Estados no están realmente dispuestos o no son capaces de investigar y enjuiciar por sí mismos los crímenes de derecho internacional, incluidos los altos cargos o los máximos responsables”, agregó.
La directora para las Américas de Amnistía consideró primordial “que las personas defensoras de derechos humanos que han buscado justicia ante la CPI sean protegidas contra cualquier represalia”.
En el marco de su visita de tres días a Venezuela, Khan anunció que abrirá formalmente una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Sin embargo, aclaró que por ahora “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.
El caso contra la dictadura de Venezuela se inició en 2018, cuando la fiscalía de la Corte Penal comenzó una investigación por los crímenes de lesa humanidad, desde al menos abril del 2017, durante las manifestaciones contra Maduro y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
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