Minutos después de que la Corte Penal Internacional (CPI) ratificara la apertura de una investigación formal contra la dictadura venezolana por crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, el presidente interino Juan Guaidó destacó la decisión del fiscal Karim Khan.
“La apertura formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad, por parte de la Corte Penal Internacional, reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares”, señaló el líder opositor en sus redes sociales.
“Ratificamos nuestra lucha por la justicia y nuestro compromiso en este sentido: colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando”, agregó.
El dictador Nicolás Maduro aseguró este miércoles que respeta, pero no comparte, la decisión adoptada por la fiscalía de la CPI. “Después de esta evaluación y este debate, el fiscal (de la CPI) ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”, dijo el mandatario chavista en una comparecencia junto al jefe de la Fiscalía de la corte, Karim Khan, en el Palacio Miraflores.
El dictador sostuvo que, antes de que se anunciara esta decisión y durante “la llamada fase de examen preliminar, no (se) le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba”.
Subrayó que, para la etapa de investigación, se firmó un acuerdo entre Venezuela y la Fiscalía de la CPI que garantiza, “de manera firme y definitiva, la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo, el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia”.
En el acuerdo firmado entre el fiscal de la CPI y el Estado venezolano, se determina “que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”. El memorando también recoge que Venezuela “interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación”.
Maduro celebró la firma de este documento e insistió en que “Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, a perfeccionarse y a avanzar”: “Quizá sea el primero de muchos documentos para avanzar en la búsqueda de la verdad, en la justicia y en una mejoría constitucional profunda de las instituciones venezolanas”.
El dictador venezolano le dijo a Khan que es el primer interesado en que “se sepa la verdad”. “En nombre de Dios pido la verdad, pido la justicia para nuestro país”, aseguró.
En este sentido, Maduro reiteró que, en el país caribeño y “en todas las circunstancias, ha prevalecido la constitución” nacional.
“Venezuela ha conquistado su derecho a la paz, señor fiscal. Si no hubiera justicia, no hubiera paz y en Venezuela hay una paz dinámica construyéndose, hay una paz sustentada en derechos constitucionales”, aseveró el dictador venezolano, señalado por haber cometido crímenes de lesa humanidad.
El fiscal terminó este miércoles una visita de tres días a Caracas, como parte de su agenda de trabajo sobre el examen preliminar que realiza la corte a Venezuela por las denuncias de delitos de lesa humanidad contra el Estado, relacionadas a las manifestaciones de 2017.
En febrero de 2018, comenzó el proceso en esa corte por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
La ex fiscal de la CPI Fatou Bensouda adelantó antes de dejar el cargo que existían “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero la decisión de abrir la fase de investigación reposaba sobre los hombros de Khan.
En sus últimos días, la abogada gambiana expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero que se vio impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso.
“Esta decisión —la primera en la historia de América Latina— le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro”, manifestó en redes sociales José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Con información de EFE
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