![Familiares de presos políticos militares piden ser oidos por el Fiscal de la Corte Penal.j](https://www.infobae.com/new-resizer/-1P926ob-5oHppK5tn78ZvtIMKM=/420x315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/QATFGCHP3RFLBOJLIEORI7ZLXA.jpg 420w)
“No más muertes ni torturas en custodia del Estado”, reza uno de los carteles que exhiben familiares de víctimas de violación de derechos humanos, cuando exigen que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien llegó a Venezuela para una visita de tres días, se reúna con los familiares de los asesinados en ejecuciones extrajudiciales, presos políticos y militares, muertos y torturados en manos de los funcionarios del Estado.
El Estado venezolano se ha dedicado a modificar los centros de reclusión emblemáticos de tortura, como los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia (DGCIM), para hacerlos más amigables a los ojos de los visitantes. Incluso le hicieron maquillaje a la cárcel militar de Ramo Verde.
Sitios como la Casa de Los Sueños, el camión El Refrigerador, La Jaula de Los Locos, El Ascensor y otros sitios de la DGCIM en Boleíta, ya no existen como tales; fueron reformados, pintados, acondicionados y arreglados, dejando bajo las capas de pintura y cerámica el dolor, la sangre, las lágrimas, la tortura, las violaciones físicas y psicológicas de numerosos detenidos civiles y militares.
María Gabriela de Mejías, esposa del coronel Johnny Mejías Laya dijo, en palabras enviadas al Fiscal de la CPI: “Pedimos que su corazón sea justo y se imponga la honestidad y la objetividad en cuanto a nuestro grito de auxilio. Libertad para los presos políticos militares”. Su esposo estuvo años preso en los sótanos de la DGCIM, torturado, amenazado y en condiciones infrahumanas.
![La familia del coronel Jhonny Mejia Laya exigiendo su libertad y justicia](https://www.infobae.com/new-resizer/mPOpCoFLbk2CKUztbm2dFKeLLew=/992x614/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KXFHGFJX4VDPDFEVRIGQ5ZE45E.jpg 992w)
Beatriz Marino, madre de Hugo Marino Salas le dice a Khan que “no podemos permitir que nada ni nadie desvié la verdad sobre la investigación de la desaparición de mi hijo Hugo Marino. Responsabilizo a la Cadena de Mando del régimen y, en especial, al general Iván Hernández Dala ya que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvo y lo mantuvo en sus calabozos”.
“No escuche a los manipuladores de la Verdad Mi hijo fue detenido por esbirros del DGCIM y su primer y único sitio de Reclusión conocido fue el DGCIM en Boleíta. De Hugo Marino no se sabe absolutamente nada y nadie se ha expresado. Totalmente falso que Hugo esté en La Tumba”, asegura Beatriz Marino.
![Beatrfiz y su hijo Hugo Marino Salas.](https://www.infobae.com/new-resizer/YDb2doJY9SDLbFKjCtmBCB-oTHU=/420x420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/D534IWVVCFFIVAPMIBXBEPH64Y.jpg 420w)
Piden ser oídos por Khan
A Carmen Elena Arroyo Mármol funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) le mataron a su único hijo Cristian Charris Arroyo, de 25 años de edad, el 24 de septiembre 2018, a las 5 de la madrugada, a 50 metros de la casa de su suegra, en el sector La Lira; solo un tiro en el rostro, pero muchos golpes en la cara y el cuerpo. Ella le pide al fiscal de la CPI a que se aboque a las ejecuciones extrajudiciales, al caso de los presos políticos y de los jóvenes asesinados en las protestas.
“A mi hijo lo torturaron, tenía escoriaciones en el labio y las cejas, golpes en la cabeza cuando lo arrastraron por el barranco, le robaron sus zapatos, la ropa, su teléfono, su tarjeta bancaria. Hace tres años de eso y el caso sigue impune”, die Arroyo.
![Carmen Elena Arroyo Mármol a quien el FAES le asesinó su único hijo](https://www.infobae.com/new-resizer/Hqg0AWh8cgk3BVrZX20wBA_qMBw=/420x315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/W4BQBVK3VVHPNBGE4NRHLAXNCU.jpg 420w)
Ana Da Costa, hermana del ex preso político y víctima de tortura, Vasco Da Costa dice: “Estamos buscando justicia por nuestros propios casos y porque queremos que esto pare. Tenemos derecho a disentir y a no ser perseguidos por ello. Queremos justicia para que haya libertad”.
María Isabel Bolívar es la madre de Erasmo José Bolívar, un Policía Metropolitano (PM) condenado por los sucesos del 11 de Abril 2002 y quien tiene 18 años preso. “Yo vi al presidente de la república por televisión lamentarse diciendo que le dieron una puñalada porque le trasladaron a un amigo a los Estados Unidos y él está sufriendo por su amigo, pero yo le pregunto: ¿señor presidente y nosotros qué? ¿qué pasa con nosotros los venezolanos que estamos muriendo en espera de que se haga justicia, porque usted mantiene presos políticos”.
“Estamos sacando fuerzas de donde no tenemos, deseando la libertad y la democracia. Estamos suplicando y esperando que se acuerden de estos muchachos. Usted le dio una patada a la mesa de negociaciones porque usted estaba adolorido (por la extradición de Alex Saab), ¿pero nosotros qué?”, se pregunta Bolívar.
El SM3 (GNB) José Antonio Peñaloza es uno de los detenidos por la Operación Gedeón, una acción infiltrada por Diosdado Cabello Rondón con el capitán (GNB) Antonio Sequea Torres. Angélica Neuta, esposa de Peñaloza dijo que solicitaba al Fiscal, en nombre de más de 80 detenidos militares y civiles por esa causa, ayuda. Ellos tienen más de un año violándole el debido proceso, según explica “sin derecho a ver su expediente. No sabemos de qué cargos se les acusa, solo lo que hemos visto en redes sociales”.
El abogado Joel García destacó, dirigiéndose a Karim Khan que “no podemos esperar justicia de los verdugos, su intervención e investigación en el caso de Venezuela es indispensable, de lo contrario un gran manto de impunidad cubrirá a todas las víctimas.
Molly De La Sotta, hermana del capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga le pide al Fiscal de la Corte Penal que no acepte fotos y videos de las víctimas como prueba de que están bien. Le sugiere que exija ver a su hermano “a quien mantienen confinado hace 41 meses y le niegan la libertad después de tres años sin juicio”.
Agrega que su hermano presenta “gastritis severa con reflujo e inflamación de colon. Hace más de cuatro meses tiene vértigo y debe chequear creatinina”. Denuncia que el General de Brigada Alfredo Alejandro García Parra, Director del Hospital Militar “Doctor Vicente Salias Sanoja”, mejor conocido como El Hospitalito, envió médicos a ver al CN De La Sotta, pero ni siquiera tensiómetro llevaban.
![GB Alfredo García Parra, director del Hospitalito que fuciona en Fuerte Tiuna](https://www.infobae.com/new-resizer/P3KfphYSECtdCETT2mvDOm55mqg=/420x420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/V4QVMECBIFECXOUEAZCRSIDXOU.jpg 420w)
La decepción Bachelet
Uno de los temores de los familiares de los presos políticos militares y civiles es que, con el fiscal de la CPI Karim Khan, ocurra finalmente como con la visita de Michelle Bachelet en junio 2019, donde además de reunirse con funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro también lo hizo con familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.
De esa visita Bachelet dijo que en Venezuela la “situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria”, pero después que el régimen venezolano le permitió tener una comisión delegada en Caracas se convirtió en caja de resonancia del gobierno de Nicolás Maduro al responsabilizar a las sanciones contra líderes de la revolución como las causantes de los problemas del país, lo que no solo es falso, sino que no justifica el asesinato, la tortura y la violación de derechos humanos de cientos de detenidos políticos civiles y militares.
![La visita de Bachelet a Venezuela y su reunión con víctimas y defensores de DDHH trajo mucha expectativa en el 2019, pero ha terminado siendo frustante.](https://www.infobae.com/new-resizer/V-b3TeNbcoe0qVAnqv2B0bDKXaU=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7VQGFMQI3RDDFMZDAUTIIP2TM4.jpg 420w)
Bachelet ha logrado su objetivo de ampliar su delegación en Venezuela y que se maquillen los centros de tortura, lo que no ha logrado es que se haga justicia ante las brutales violaciones de derechos humanos y al debido proceso. Tampoco ha logrado que cesen las detenciones arbitrarias, los secuestros políticos, los juicios amañados, los expedientes montados, los ataques contra la libertad de expresión, la tortura, el derecho a la protesta, a la vida, a la salud, entre otros.
La oficina en Venezuela de la Alta Comisionada solo le ha servido al régimen para enseñar fotos y videos de los cursos, las sonrisas y el compartir entre ellos.
“Uno se cansa de ir, de llamar, de gritar auxilio, de pedir acompañamiento a esa gente de la oficina de Bachelet, pero siempre tienen una excusa, parece que le tienen miedo al Gobierno. La excusa de siempre es que a ellos no los dejan entrar a los centros de reclusión”, revela a Infobae la madre de un militar preso.
“Desde que la comisión de Bachelet está en el país ha sido peor para nosotros porque tenemos la esperanza que hagan algo que ya nunca van a hacer; es mejor que se vayan de Venezuela, así uno sabe que está solo y actúa en consecuencia. A los militares detenidos nunca los mencionan. Yo perdí la esperanza en Bachelet; nos engañó. Ya logró lo que quería, que le dejaran la delegación y ahora pueden quedarse tomando café y haciendo cursos con los torturadores y violadores de los derechos humanos de nuestros hijos”, enfatiza la dama.
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