El decreto de Nicolás Maduro que pretende convertir a los presos políticos en reclusos comunes

La estructura de poder en Venezuela, durante años, instaló una plataforma de tortura y violación a los derechos humanos, con participación de funcionarios militares y policiales, medicina forense, jueces, fiscales, defensores públicos, incluso abogados privados. La nueva estrategia es calificar a los presos políticos como delincuentes comunes cambiando la figura y el nombre de los principales centros de tortura en el país, al pasarlos de los organismos de Inteligencia al Ministerio Penitenciario. El informe de la Misión de Determinación de los Hechos y la supuesta visita de la Corte Penal Internacional (CPI) apuraron la medida.

Militares como el general Raúl Baduel, a quien le imputaron conspiración y traición a la patria cuando estaba a punto de terminar su condena por corrupción, solo para mantenerlo preso y quien tenía casi cinco años sin juicio en el centro de tortura La Tumba del Sebin, lo pasaron a otra cárcel del SEBIN a la que le cambiaron el nombre; murió ahí. Otro de los militares presos políticos más simbólicos, Caguaripano Scott, también fue llevado al SEBIN, obligado a usar el uniforme de los presos de las cárceles comunes.

Todo es parte del decreto que en mayo firmó Nicolás Maduro para maquillar la cara de los centros de tortura, para desaparecer la fachada y el nombre de los lugares donde han sido torturados y asesinados varios presos políticos.

Ya sucedió en El Helicoide y en la DGCIM Boleíta en Caracas. Lo mismo sucederá con las otras cárceles o centros de reclusión donde hay presos políticos civiles y militares, como Fuerte Tiuna; incluso también ocurrirá con la única verdadera cárcel militar en Venezuela, el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde en el estado Miranda.

Los presos políticos pasan a tener estatus de presos comunes: los únicos que mantendrán un estatus distinto son los guerrilleros del Décimo Frente de las FARC que dirige Gentil Duarte, de los cuales hay bastantes en la DGCIM y en Ramo Verde.

El 15 de octubre fue el acto de entrega de la custodia en la DGCIM Boleíta, con retiro de los estandartes militares, siendo sustituidos por los del Ministerio Penitenciario. Obligaron a los militares detenidos a usar el uniforme de presos comunes, lo que causó la protesta de algunos de ellos, como también ocurrió en El Helicoide con Baduel y Caguaripano.

La ONU y Bachelet

Familiares de presos políticos militares y civiles le entregaron a la representante de la ONU en Venezuela un documento sobre la situación de los militares presos políticos. Cuando poco después llegó uno de los delegados de Bachelet y reconoció que el gobierno venezolano no reconoce el estatus de preso político.

Las familias denuncian la inacción de los delegados en Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante los funcionarios del régimen venezolano, en detrimento de los detenidos, torturados física y psicológicamente en los sótanos de la DGCIM, del SEBIN, de El Helicoide y otras instalaciones.

El primer caso ocurrió con los detenidos en La Tumba, centro de tortura, ubicado en el sótano del edificio principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN); desde el 2014, con un intervalo de 6 meses durante el cual estuvo el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, hasta ahora, el director del organismo ha sido el General en Jefe (Ej) Gustavo Enrique González López, uno de los hombres más incondicionales de Diosdado Cabello Rondón.

Desde La Tumba hasta El Helicoide, que también estaba a cargo del SEBIN, trasladaron al General en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel, quien 12 días después muere en condiciones aun no esclarecidas totalmente; también trasladan al capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott, quien lideró la Operación David, la del asalto al Fuerte Paramacay en el 2017.

A El Helicoide le cambiaron el nombre por Centro de Reclusión Región Capital de Máxima Seguridad; anteriormente habían pintado diversas áreas, arreglado la forma del lugar para hacerlo más agradable a la vista de los delegados de Bachelet. Aunque Nicolás Maduro decretó en mayo que en un mes dichos lugares deberían pasar a manos del Ministerio Penitenciario, fue hace un par de semanas, quizá por el duro informe de la Misión de Determinación de los Hechos cuando se aceleró el traslado.

Ni Casa de los Sueños

En la sede principal de la DGCIM en Boleíta empezó la inusual presencia de muchos policías nacionales. Llegaron altos funcionarios del Ejecutivo y anunciaron que la custodia ya no estará en manos de militares, de manera que el coronel (GNB) Asdrúbal José Brito Hernández, quien era el director de Investigaciones, fue sustituido por un funcionario del Ministerio Penitenciario, a quien un custodio de la DGCIM describe como “mal hablado, tal como hablan los pranes, no tiene ninguna formación. Veo estoy muy mal, porque varios de los funcionarios del Ministerio Penitenciario son ex presidiarios”, le dijo a Infobae un custodio militar.

Dice el funcionario de la DGCIM que en la explicación que dio el nuevo director de los detenidos en DGCIM fue “que en las próximas semanas ya no estaríamos aquí porque seríamos relevados por personal del Ministerio porque esto ahora es una cárcel de máxima seguridad porque las personas que están aquí son muy peligrosas”. “Y la ministra Contreras dijo en un discurso que a los presos aquí los tratarían de reinsertar a la sociedad. Varios de los militares detenidos la increparon diciéndole que ellos no eran violadores ni asesinos, que eran presos políticos. La respuesta que ella les dio fue: ‘Si, si, serán hombres nuevos’, por lo que concluí que ella no sabe a qué se referían los militares en su reclamo”.

Aunque la Ministra del Servicio Penitenciario es la abogada Mirelys Zulay Contreras Moreno, en realidad se mantiene intacta la plataforma de personal que instaló la ex ministra María Iris Varela Rangel.

El centro de tortura de la DGCIM es ahora Centro de Máxima Seguridad, aunque no terminan de quitar el nombre DGCIM. La seguridad externa del lugar también cambió. La línea de mando, que se encontraba en la entrada del edificio, después de subir unos cuantos escalones, ya no está; en los últimos meses han estado colocando ahí propaganda política en alusión a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez y algunos pensamientos de ellos.

El área llamada La Pecera, donde los detenidos recibían las visitas de sus familiares, está plagada de fotos de Nicolás Maduro, Chávez y el che Guevara. El lugar fue remodelado, construyeron oficinas y echaron pintura nueva. Los cuartos de tortura ya no existen en esa sede. Ni siquiera el llamado “refrigerador” que era un camión donde enviaban a muchas personas a quienes no les aparecían dolientes o cuyas familias no sabían que estaban ahí, se sabe qué hicieron con él.

Por otro lado, los guerrilleros del Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son más de 40, no reciben visitas, están aislados en la Casa de Los Sueños y no fueron uniformados. “Ellos no tienen causa abierta en tribunales, es decir, ellos están aquí como castigados, no presos”, revela el custodio que habló con Infobae.

Es importante destacar que la Casa de Los Sueños fue remodelada, pintada de blanco y le dibujaron en letras grandes, parafraseando al che Guevara: “Aquí nace el hombre nuevo”. Entre los disidentes de las FARC que se encuentran detenidos hay algunos jefes de la organización que tenían mando en el estado Apure. “El acento de algunos es colombiano, pero otros son del llano venezolano”, reveló el custodio.

El decreto

En la Gaceta Oficial 42.125 del 12 de mayo de 2021, con el decreto 4.610, Nicolás Maduro ordena que, en un mes, es decir, el 12 de junio, la DGCIM y el SEBIN deben transferir al Ministerio Penitenciario las funciones de custodia de los detenidos. Tampoco se cumplió. Pasaron cinco meses para la ejecución del decreto:

Artículo 1º. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), órgano desconcentrado del Ministerio de Defensa y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), órgano desconcentrado del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, deberán transferir al Ministerio para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto.

Artículo 2º. Se exhorta al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias para contribuir con el cumplimiento de este Decreto, incluyendo la emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos de las personas que actualmente permanecen privadas de libertad en las instalaciones de la DGCIM y el SEBIN.

Artículo 3º. La DGCIM y el SEBIN deberán adecuar su estructura, normas de funcionamiento, manuales y procedimientos a lo dispuesto en el presente Decreto.

Presos civiles de la cárcel de Ramo Verde empezaron a ser trasladados a cárceles comunes, también a los del SEBIN y DGCIM, seguirán con Fuerte Tiuna.

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