El Gobierno de Estados Unidos acusó a otras cinco personas ligadas a la dictadura chavista en el marco de la investigación que protagoniza Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, que esta semana se presentó por primera vez ante la Justicia del país norteamericano.
En un comunicado, el Departamento de Justicia de Joe Biden informó que un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida “acusa a tres ciudadanos colombianos y a dos venezolanos por su presunta participación en el blanqueo de los ingresos procedentes de contratos de suministro de alimentos y medicinas a Venezuela, obtenidos mediante sobornos”.
“Según los documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, alias Germán Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50 años, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados por su presunta participación en el blanqueo de las ganancias de un esquema de sobornos para obtener y mantener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos y medicinas para el pueblo de Venezuela, propiedad y controlado por el Estado”, informó el Departamento.
El comunicado además sostiene que “la acusación alega que, a partir de julio de 2015 o en torno a esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal desde cuentas bancarias situadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares hasta cuentas bancarias en Estados Unidos y a través de ellas”.
“Según la acusación, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicamentos en Venezuela a través de CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma-Mora”, detalló el Departamento de Justicia.
El Gobierno de EEUU además sostuvo que “los acusados y sus cómplices inflaron a sabiendas los costes de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente. La acusación también alega que los co-conspiradores dirigieron fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida”.
“Como resultado del esquema, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores supuestamente recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares de la República de Venezuela, y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a través o hacia los Estados Unidos”, se detalló.
En tanto, el comunicado resaltó que “cada uno de los acusados está imputado en una acusación de cinco cargos de conspiración para cometer blanqueo de dinero y cuatro cargos de blanqueo de dinero. Si son declarados culpables, cada uno de ellos se enfrenta a una pena máxima total de 100 años de prisión. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios”.
Los acusados son los empresarios colombianos Pulido, Rubio González y Lizcano Manrique; Vielma-Mora, un político y militar venezolano actualmente diputado a la Asamblea Nacional; y la ciudadana venezolana Guillermo Luis.
La causa de Alex Saab
Alex Saab enfrentó este lunes por primera vez a la Justicia de Estados Unidos. Es el primer paso de un complejo proceso que ya desvela al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su entorno más cercano. Es tan amplio el abanico de negocios que llevó adelante el empresario colombiano, que la información que podría brindar resulta vital para las autoridades norteamericanas para conocer de primera mano la extensa red de corrupción de la dictadura chavista.
El juez John O´Sullivan le notificó los ocho cargos por lavado de dinero durante la primera audiencia en Miami. Además, le negó la libertad bajo fianza luego de que la Fiscalía norteamericana opinara de que se trata de un detenido que presenta “peligro de fuga”, y programó la próxima comparecencia para el próximo 1 de noviembre.
El fiscal Kurt Lunkenheimer, quien participó de la audiencia de forma virtual, anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza, al recordar que Saab acaba de llegar al país después de “batallar la extradición durante más de 400 días en la República de Cabo Verde”.
O´Sullivan fijó la próxima audiencia para el primer día de noviembre. Para esa fecha Saab deberá decidir si se declara culpable o no culpable ante el tribunal.
“No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)”, manifestó el testaferro de Maduro en una carta que leyó su esposa, la italiana Camilla Fabri, quien aseguró, durante una protesta en Caracas, que Saab la había escrito antes de ser extraditado.
Saab se enfrenta a la posibilidad real de pasar 20 años en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, lejos de su familia y también de la abultada cuenta bancaria. En cambio, en caso de cooperar con las autoridades judiciales, podría obtener una muy significativa reducción de la pena.
Washington sabe que el colombiano tiene numerosos secretos sobre cómo Maduro, la familia del dictador y sus principales asesores desviaron millones de dólares en contratos gubernamentales para alimentos y vivienda en medio del hambre generalizada en Venezuela.
Las autoridades norteamericanas consideran que Saab es una de las piezas fundamentales para llevar a Maduro y a su cúpula a la Justicia. “Estoy convencido de que va a delatar a Maduro. Qué sentido tiene sacrificarse por un régimen corrupto si él puede obtener beneficios, él puede tener una condena más baja”, expresó a la agencia EFE José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
El activista sostuvo en aquella oportunidad que el empresario colombiano tiene información “que puede permitir ir por otras personas que están involucradas en el caso de corrupción”.
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