La decisión de la Audiencia Nacional española que puso a Hugo “El Pollo” Carvajal al borde de ser trasladado a los Estados Unidos gira el foco de atención hacia el proceso que le espera al ex general venezolano chavista, reclamado para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC.
Carvajal estuvo prófugo en España desde noviembre de 2019 hasta septiembre de 2021. Tras su nueva detención, un comunicado de la Fiscalía de Nueva York dio a conocer detalles sobre las acusaciones que se le adjudican a “El Pollo”, y las sentencias mínimas y máximas que se podrían esgrimir en el caso.
Audrey Strauss, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), explicaron que el ex funcionario venezolano fue detenido en virtud de una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York.
El auto de procesamiento acusa a Carvajal Barrios de participar en una conspiración de narcoterrorismo y en una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, incluyendo un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína transportado desde Venezuela a México en abril de 2006, junto con delitos relacionados con armas de fuego.
Carvajal Barrios fue detenido originalmente en relación con estos cargos en abril de 2019, y más tarde ese año la Audiencia Nacional española aprobó su extradición a los Estados Unidos. Había permanecido desde entonces como fugitivo a la espera de la extradición hasta su detención.
La Fiscalía de Nueva York señaló entonces: “Carvajal Barrios, de 61 años, ciudadano venezolano residente en España, entre otros lugares, está acusado de: participar en una conspiración de narcoterrorismo, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua”.
Además, se lo acusa de “usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de, las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua; y conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promoverlas, lo que conlleva una pena máxima de cadena perpetua”.
“Las posibles penas mínimas y máximas obligatorias en este caso han sido prescritas por el Congreso y se facilitan aquí únicamente con fines informativos, ya que cualquier condena de los acusados será determinada por el juez””, aclararon.
En el escrito, Strauss elogió los extraordinarios esfuerzos de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA y de la División de Campo de Miami, de Homeland Security Investigations, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EEUU, de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y de la Unidad de Fugitivos de la Policía Nacional española.
La Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina se encarga de esta acusación. Los fiscales adjuntos Jason A. Richman, Benjamin Woodside Schrier y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.
Y finalizan: “La totalidad del texto de la acusación y la descripción de la acusación aquí expuesta constituyen sólo alegaciones, y cada hecho descrito debe ser tratado como una alegación”.
Carvajal realizó numerosos intentos de dilatar su traslado a los Estados Unidos, los cuales incluyeron reiterados pedidos de asilo político y ofertas de intercambio de información para colaborar con causas relacionadas al terrorismo y al financiamiento político en España, pero todos ellos fueron rechazadas por los tribunales competentes.
De todos modos tiene pendiente una declaración judicial el próximo 27 de octubre, en el que podría ser su último intento por evitar que se cumpla la entrega prevista en la extradición acordada entre la justicia de España y la de los Estados Unidos.
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