El régimen venezolano traslada presos de “La Tumba” y finge que El Helicoide pasa a orden del Ministerio Penitenciario

Sacaron del centro de tortura La Tumba y trasladaron a El Helicoide al General en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel, al Capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott y al contratista Diego Antonio Salazar Carreño.

La excusa es que El Helicoide que estaba al mando del SEBIN ahora es parte del Ministerio Penitenciario, pero solo es de nombre, porque los funcionarios son los del SEBIN y el control real del lugar también. Los funcionarios del Ministerio están dizque como asesores. También es parte de la lucha de poder entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ya que este último siempre ha controlado el SEBIN a través del general Gustavo González López.

El cambio hasta ahora ha significado la pérdida de pequeñas mejoras que con el tiempo logran los presos. Es así como les quitaron las cocinitas eléctricas que algunos tenían, ventiladores, incluso les dijeron que no les permitirán ropa común solo los uniformes amarillos con los que la exministra Iris Varela uniformó a los presos de las cárceles ordinarias. Les prometieron que ahora sí podrán solicitar redención y educación.

Dos de los militares, a orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que más han sido víctimas por violación de derechos humanos en cuanto al debido proceso y en el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano brutales torturas físicas, fueron sacados de la terrorífica cárcel La Tumba, ubicada en la sede principal del SEBIN, en el centro de Caracas, trasladados a El Helicoide que está a unos pasos de ahí. Le cambiaron nombre al lugar y, en el papel, pasó a manos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Todo responde a la intención del gobierno de Maduro de maquillar ante la ONU lo que ocurre en esos centros de reclusión.

El informe

En el más reciente Informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentado el 16 de septiembre 2021, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay denuncias muy fuertes de lo que viene ocurriendo contra los presos políticos civiles y militares en Venezuela. Pero en el punto 117 la Misión “reconoce algunos avances recientes anunciados por el Gobierno”. Lo que no sabe la Misión es que esos avances son solo maquillaje.

Hace mención el informe a que “el 12 de mayo de 2021 se ha ordenado trasladar a los detenidos bajo custodia de la DGCIM y el SEBIN a los centros de detención del Ministerio de Servicios Penitenciarios. El 29 de abril de 2021 el Tribunal Supremo ha adoptado un Plan de Agilización para acelerar los procesos judiciales de personas detenidas en centros policiales. El 21 de junio de 2021 se ha anunciado la formación de una comisión especial para abordar los retrasos procesales y el hacinamiento en las cárceles”.

Sin embargo, el informe agrega que “se necesita más tiempo para evaluar la implementación de las medidas anunciadas”. Y lo cierto es que el régimen venezolano se apresura a aprobar cinco proyectos de ley, a petición del diputado Diosdado Cabello: Código Orgánico Procesal Penal, Código Orgánico Penitenciario, Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, Código Orgánico de Justicia Militar y Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística.

Los medios de propaganda del Gobierno de turno pretendieron presentar la reforma de las leyes como un avance en materia de derechos humanos, cuando en realidad es solo ratificar lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ha sido violentada contra gran cantidad de civiles y militares detenidos en recintos castrenses, unos juzgados en la justicia militar, en los tribunales de terrorismo u ordinarios.

La Misión de Determinación de los Hechos identificó casos en los que las audiencias de presentación se celebraron en lugares de detención, lo que impidió aún más el acceso por parte de la defensa privada. Esto ocurrió en el caso de Josnars Baduel y otros. Las audiencias de presentación subsiguientes de las personas imputadas de participar en la Operación Gedeón se celebraron en El Helicoide del SEBIN. Desde que al general Baduel lo enviaron, hace unos días, a El Helicoide fue recluido en una celda junto con su hijo Josnars Baduel.

Es importante destacar que La Tumba fue denunciado como un hecho atroz por Lorent Saleh en entrevista con la parlamentaria y periodista de El Mundo de España, Cayetana Álvarez de Toledo, a quien el joven venezolano reveló que La Tumba “Es un laboratorio creado para la aplicación de un tipo muy particular de torturas. Un lugar sofisticado, moderno. La Tumba es la tecnología y la tortura psicológica. Todo brilla. Todo es limpio y blanco. El Helicoide es el hacinamiento, el mal olor, las cucarachas y las ratas. La Tumba son los espejos, las cámaras, las paredes blancas”, destacó Saleh en noviembre 2018.

Dudosa justicia

Aunque en la resolución 45/20, el Consejo de Derechos Humanos instó a las autoridades de Venezuela a cooperar plenamente con la Misión de Determinación de los Hechos, “a concederle acceso inmediato, pleno irrestricto a todo el país, y a proporcionarle toda la información necesaria para que cumpla su mandato”, eso no ha sucedido, aunque han pasado dos años “el Gobierno de Venezuela aún no ha permitido que sus miembros visiten el país y que no haya respondido a ninguna de las 17 cartas que la Misión envió entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021″, según reza el nuevo informe del 16bde septiembre 2021.

El régimen venezolano violenta la Constitución de la República en cuanto a la selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de jueces de primera instancia y de apelación. “La injerencia política en la elección de magistrados del TSJ ha dado lugar a cambios permanentes en su alineación ideológica. Ello ha derramado sus efectos sobre todas las instituciones del Poder Judicial”.

La Misión recibió información de múltiples fuentes dentro de diversas instituciones judiciales de que ciertos funcionarios públicos son “intocables” y no pueden ser sometidos a procesos judiciales

La Misión documentó 19 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de militares, sustentadas por juezas, jueces y fiscales mediante la emisión de órdenes de detención ex post facto. La modificación de fechas en las actas brindaba la apariencia de que se estaban respetando los derechos de las personas detenidas, pero ello era contrario a las versiones de los hechos relatadas por estas personas.

“Los imputados han denunciado repetidamente que se les mantiene en régimen de incomunicación, especialmente durante los primeros días de detención, sin que se les permita el contacto con sus familiares o representantes legales”, dice el informe, aunque no menciona que en los centros de reclusión llaman a eso El Acostumbramiento que se extiende por 30 a 45 días en que la persona detenida no tiene contacto ni comunicación con familiares o abogados.

“En algunos casos, la incomunicación se produjo en centros de detención clandestinos o no oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención.60 En algunos casos examinados, las personas detenidas han denunciado la incomunicación ante las autoridades judiciales, sin obtener respuesta”.

Tortura y violencia sexual

La Misión da cuenta de 113 casos, cuyos detenidos o familiares “denunciaron la comisión de tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dichas denuncias también fueron planteadas por familiares y representantes legales en escritos presentados ante los Tribunales de Control, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. En 67 de 183 casos, las personas detenidas comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato”.

Las autoridades judiciales no han dado respuesta a esas denuncias. “En otros, los Jueces de Control ordenaron al Ministerio Público que verificara las denuncias de tortura presentadas o que realizara exámenes médicos, pero simultáneamente ordenaban que las personas imputadas permanecieran en prisión preventiva, bajo la custodia de los presuntos torturadores, es decir, la DGCIM y el SEBIN”.

La Misión ha identificado casos en los que se obtuvieron confesiones, declaraciones incriminatorias u otra supuesta información, incluidas las contraseñas de teléfonos y redes sociales bajo coacción o durante interrogatorios sin contar con una representación legal. La Constitución estipula que una confesión sólo es válida si es realizada sin ningún tipo de coacción64 y en presencia de representante legal.65 Además, la Misión ha documentado casos en los que el poder judicial no cumplió con su deber de evitar las detenciones basadas en información obtenida ilegalmente de terceros.

La Misión ha identificado y documentado 24 detenciones en las que se utilizaron medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados

Abogadas y abogados han denunciado que se les ha impedido el acceso a ciertos centros de detención, especialmente los del SEBIN y la DGCIM, imposibilitando el contacto con sus clientes a fin de firmar los nombramientos. Incluso después de haber recibido el nombramiento de sus clientes, han debido enfrentar retrasos en el juramento ante el tribunal. También se quejaron de que se les impedía acceder a los tribunales para representar a sus clientes con regularidad, especialmente en las audiencias de presentación.

De 56 representantes legales que respondieron al cuestionario de la Misión, el 57% dijo haber recibido alguna forma de amenaza o acoso en su contra o contra sus familias, incluso por parte de militares, policías o funcionarios de inteligencia. Dicho acoso incluía la vigilancia, la persecución agresiva en vehículos, la recepción de llamadas telefónicas intimidatorias o el bloqueo de la entrada a los tribunales.

El Estado venezolano tiene la obligación, por mandato constitucional, de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades.75 Según la Constitución, las acciones para sancionar los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles y están excluidas de los beneficios del indulto y la amnistía.

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